El Gobierno aprueba 100 millones para la transición de la minería del carbón en 2019

El Estado contempla prejubilaciones y bajas incentivas para los trabajadores, además de una bolsa de trabajo de acceso prioritario


redacción

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto-ley de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras, entre las que se encuentra destinar 100 millones en 2019 a políticas de transición justa y lucha contra el cambio climático. El real decreto-ley formaliza el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón para el periodo 2019-2027, firmado en octubre por el Gobierno, CCOO, UGT, USO y Carbunión.

El acuerdo pretende paliar las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión tomada en 2010 por el Consejo Europeo de obligar al cierre antes del 31 de diciembre de la minas de carbón en la UE que no hayan devuelto las ayudas estatales correspondientes al periodo 2011-2018.

Para los trabajadores afectados por los cierres de explotaciones, se contemplan prejubilaciones y bajas incentivadas, así como la creación de una bolsa de trabajo para los que no accedan a esas medidas, en la que también podrán participar los trabajadores de las subcontratas. La bolsa de trabajo será gestionada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. El IRMC gestionará el acceso prioritario a los puestos de trabajo derivados de la restauración ambiental de las minas. La bolsa facilitará el acceso a cursos formativos y de orientación en coordinación con los servicios de empleo de las comunidades autónomas, en los que se orientará a los trabajadores hacia los nuevos yacimientos de empleo relacionados, principalmente, con la transición energética planteada por el Gobierno.

A través de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, se asignarán 100 millones de euros procedentes de las subastas de derechos de emisión de CO2, que serán destinados a las políticas de transición justa y de lucha contra el cambio climático.

El real decreto-ley actualiza las medidas sociales adoptadas en 2014, cuando se estableció el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón. Con ello, los trabajadores afectados por los nuevos cierres podrán acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional.

Los empleados con al menos 48 años de edad y veinticinco años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de veinte años trabajados podrán prejubilarse. La ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. El resto de trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad. Estas ayudas sociales serán gestionadas por el IRCM, con cargo a sus presupuestos anuales.

Además, el real decreto-ley amplía en dos años el plazo de los convenios marco de colaboración adoptados en el ámbito del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018, cuya vigencia expira el 31 de diciembre. En España trabajan en la minería del carbón unas 2.000 personas en la actualidad, frente a las 45.000 que lo hacían en 1990, ha explicado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros la ministra portavoz, Isabel Celaá.

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Los secretarios generales del SOMA-FITAG-UGT y CCOO en Hunosa, José Luis Alperi y Rubén García, se dirigen a los mineros concentrados en las oficinas centrales de Hunosa en Oviedo
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Tras una tensa semana de incertidumbre, preocupación, encierro indefinido, presión, paros en los centros de trabajo, concentraciones, reuniones maratonianas y mucha negociación, en la tarde de este jueves 20 de diciembre, a tan sólo once días de que la Decisión 787 diese la puntilla a la minería asturiana, los sindicatos CCOO de HUNOSA y SOMA-FITAG- UGT han logrado arrancar a Hunosa un principio de acuerdo sobre su plan industrial que deja en mínimos, pero vivo, al sector. El acuerdo, como perseguían los representantes sindicales, contempla la continuidad de la extracción de carbón, aunque sólo sea en el pozo Nicolasa, la salida por la vía «no traumática» de los excedentes y el compromiso de seguir contando con el apoyo de las subcontratas.

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