El horizonte del cambio climático y el cese de emisiones condiciona las promesas electorales en mayor medida que en cualquier cita electoral previa. Y más respecto a Asturias
21 abr 2019 . Actualizado a las 11:02 h.Las promesas de los partidos en materia de medio ambiente parten de un horizonte que puede ser más o menos lejano y controvertido, pero que, en comunidades como Asturias, es ya una realidad sin vuelta atrás por muchas de sus consecuencias. Lo que para otras regiones son propuestas de futuro en relación con el cambio climático o la transición energética son ya efectos tangibles en una comunidad donde se ha liquidado la práctica totalidad de la minería del carbón y en la que se mira con preocupación el cierre de centrales térmicas. Pero también es una Asturias con comarcas enteras pendientes de las emisiones contaminantes o de la salud de sus costas. En pocas autonomías se percibe con tanta contundencia la forma en la que políticas medioambientales, industriales, económicas y sociales son caras de una misma -y complicada- realidad.
PSOE
El PSOE parte del suelo legal que sus diez meses de Gobierno han fijado: el anteproyecto de ley sobre cambio climático y transición energética, el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y la Estrategia de Transición Justa, donde se establece la reducción de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 y de un 90% en 2050, en paralelo con un aumento de las renovables, de las que se pretende obtener el 74% de generación de electricidad en 2030. Se compromete la eliminación del «impuesto al sol» o la consoidación del derecho a la energía a través de un bono social de electricidad mejorado y de un nuevo bono social térmico.
Como en otros aspectos, el PSOE quiere fijar esos objetivos de fondo -sostenibilidad, preservación del capital natural, no regresión, acceso a la energía o al agua como servicios de interés general- en la letra de la Constitución. Pero también apunta al compromiso de toda la sociedad a través de lo que llama Green New Deal: un contrato sicial «entre el capital, el trabajo y el planeta» para encarar la transición ecológica, la máxima eficiencia en el uso de recursos naturales, las tecnologías menos contaminantes y la creación de empleo verde, pero no a costa de «la inversión y el empleo».
Partido Popular
El PP busca la difícil triangulación de «seguridad del suministro, cambio climático y precio de la energía» mediante el aprovechamiento «al máximo las opciones renovables que ya son competitivas, pero sin renunciar a otras tecnologías que aún son útiles a nuestro país». Su programa hace mención expresa a «un proceso de transición que favorezca el empleo de calidad y tenga en cuenta a los sectores más vulnerables por la transformación a una economía baja en carbono».
La propuesta de fondo es un Pacto de Estado para establecer un mix energético estable a 40 años que infunda certidumbres al sector y al consumidor. El PP deja claro, no obstante, que el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones no pasará por las prohibiciones a vehículos de combustión ni por restricciones «indiscriminadas» al diésel o al uso de vehículos desde la plena «libertad de acceso». Los populares prometen eliminar impuestos de generación e impulsar políticas que reduzcan el precio de la luz de los hogares y empresas, así como la promoción de la movilidad eléctrica desde la Administración Pública y dentro de la propia Administración. Y siempre «teniendo en cuenta las circunstancias económicas, industriales y de aislamiento energético de España».
Unidas Podemos
«La transición energética que planteamos será justa o no será», proclama Unidas Podemos en un programa que aspira en su primera propuesta en materia medioambiental a movilizar cada año «un 2,5 % del PIB de capital público y privado» para reducir las emisiones CO2 «a la mitad en una década y en un 90 % en 2040», alcanzando en esa fecha un 100% de uso de renovabes. Su objetivo es, a más corto plazo, reducir el uso combustibles fósiles a la mitad antes de 2030. Para reducir el impacto en los empleos del sector, se promete crear dos empleos con condiciones laborales idénticas o mejores en la misma comarca y con prioridad absoluta de acceso para las personas afectadas. Esa misma condición aplica a unos objetivos de cierre de las centrales de carbón antes del final de 2025 (y siempre garantizando el uso de carbón nacional) o de las nucleares, para antes del final de 2024.
Ciudadanos
Ciudadanos comparte el horizonte de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética «con garantías de seguridad jurídica y la no dependencia de combustibles fósiles» y transformación hacia un modelo energético basado en energías renovables en 2050, pero aporta medidas específicas como «un ambicioso Plan Nacional de Reforestación con el objetivo de plantar 10 árboles por cada español al final de la legislatura»: 500 millones de árboles que equivaldrían -asegura el programa- a sustituír a 100.000 vehículos a motor, conectando la reforestación con la creación de empleos estables y dignos en nuestro medio rural. Además, proponen prohibir los productos de plástico de un solo uso, como las bolsas, vajillas, cuberterías, bastoncillos o envases de poliestireno expandido e incentivar la renovación del parque móvil.
Vox
En el escueto párrafo del programa dedicado a las políticas medioambientales, la formación de Santiago Abascal propone «desarrollar un Plan de la Energía con el objetivo de conseguir la autosuficiencia energética de España sobre las bases de una energía barata, sostenible, eficiente y limpia».