Una mujer se enfrenta a un año de prisión por no pagar la renta
22 abr 2019 . Actualizado a las 16:42 h.La Fiscalía solicita un año de prisión para una acusada de provocar daños por casi 16.000 euros en un local de Tapia de Casariego del que iba a ser desahuciada por no pagar la renta. También se apoderó de varias sillas, taburetes y otros efectos, tasados en más de 500 euros.
El Ministerio Fiscal sostiene que la acusada acordó con el dueño del local un contrato de arrendamiento el 13 de marzo de 2015, pero con efectos desde el 10 de septiembre de 2016, con el fin de regentar un local en Tapia de Casariego y vivir en la vivienda ubicada en la planta primera. Como la acusada no abonó la renta pactada por el arrendamiento, el propietario promovió ante los tribunales un procedimiento de desahucio que culminó el 21 de junio de 2017, fecha en la que la acusada le entregó las llaves del local.
La acusada, antes de abandonar el local comercial y la vivienda, causó daños en la barra del mostrador, en el montacargas, en el mueble bar, los tabiques del local, en puertas, ventanas, persianas, herrajes, en la conducción eléctrica y en la instalación del gas. Fue necesaria una reparación, que fue valorada en 15.917 euros. A su vez, la acusada se apoderó de dos altavoces, 13 sillas y cuatro taburetes de madera, así como del toldo exterior de la terraza del local, todo ello valorado en 536 euros.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de daños del artículo 263 del Código Penal. Un delito de hurto del artículo 234 del Código Penal. Y solicita que se condene a la acusada a un año de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de 4.320 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, así como el pago de las costas procesales.
Además, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice al propietario con 15.917 euros por los daños causados, así como con 536 euros por el valor de los bienes sustraídos, más los intereses legales correspondientes.