Nadie se arrepiente por la muerte de Andreas Fernández

La familia de la joven que falleció atada en una cama de psiquiatría en el HUCA lucha porque se sepa la verdad y denuncia el corporativismo médico al que se enfrenta

El HUCA en Oviedo
El HUCA en Oviedo

Redacción

Nadie se arrepiente por la muerte de Andreas Fernández o, al menos, nadie asume ninguna responsabilidad por lo que le ocurrió a esta joven de 27 años, que falleció en una cama de la unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a la que llevaba maniatada desde hacía más de tres días. La autopsia desveló que, en realidad, lo que padecía no era ningún trastorno mental sino una meningitis y una miocarditis que terminó parando su corazón. Desde ese día, el 27 de abril del 2017, su hermana, Aitana Fernández, no ha parado de pelear para saber todo lo que sucedió y para tratar de demostrar que el fatal desenlace se debió a una cadena de errores médicos. Se ha involucrado de tal manera en esta empresa que maneja con soltura el lenguaje médico aunque es pedagoga de formación. Andreas era psicóloga. 

«No puedo seguir respirando si no se hace justicia, si los médicos siguen campando a sus anchas sin asumir las consecuencias de sus actos», argumenta Aitana. La empresa no es fácil y lo sabe. En estos dos años ha aprendido mucho. «El corporativismo médico es un titán muy grande. Todos se conocen», lamenta. Aún así lamenta que «estén disfrazando la realidad» y le parece «sangrante que nadie se arrepienta». Nadie ha descolgado el teléfono en todo este tiempo para hablar con ella, para darle una explicación. No está segura de si es porque los facultativos están inmunizados al convivir con la muerte o porque no quieren asumirlo. Pero sí anuncia que no se rendirá porque su meta no se limita a esclarecer el fallecimiento de su hermana sino que quiere garantizar que en el HUCA «no se vuelva a atar a nadie a la cama, a secuestrarlo contra su voluntad».

En esta batalla ha ido recabando muchos apoyos. Su abogada, Alejandra Gutiérrez, ha conseguido presentar un contrainforme firmado por 50 profesionales sanitarios, que han colaborado de manera altruista, que rebate el informe forense encargado por la jueza de Oviedo que lleva el caso. La instrucción se reactivó el año pasado. El caso se cerró por la vía administrativa pero, con todas las consecuencias, la familia se ha enganchado a un proceso penal. Apunta directamente a siete médicos, que ya han declarado en calidad de investigados por una presunta negligencia, pero la cifra final podría ser más amplia. Baraja la opción de incluir al forense que intervino antes del fallecimiento de Andreas y que dio el visto bueno a la contención mecánica prescrita por los psiquiatras del HUCA.

Además de la firma de los 50 profesionales, con sus datos personales y sus números de colegiación, la acusación también cuenta con informes individuales, también emitidos de manera altruista; con informes de peritos privados contratados y con declaraciones de colectivos vinculados a la salud mental como Hierbabuena, ActivaMent o la federación andaluza En Primera Persona, que es la que aglutina a todos los colectivos de esa región. Concede especial importancia al pronunciamiento de la Asociación Española de Neuropsiquiatría que se ha sumado a un manifiesto que denuncia la vulneración de los derechos humanos.

¿Cómo ha conseguido esta familia concitar tantos apoyos? Aitana Fernández asegura que ha sido algo espontáneo y paulatina. Un amigo médico se ofreció a mirar el informe y a decirle algo. Ese primer paso se ha convertido en una auténtica bola de nieve, explica. Ha ido pasando de mano en mano, de un facultativo a otro. Revisan la documentación de la historia clínica que tienen en su poder, ven claro que se produjeron errores encadenados y piden más opiniones. Ese es el germen de ese contrainforme, al margen de los que han realizado los suyos de una manera más concienzuda y a título individual. Lo mismo ha sucedido con los colectivos médicos y de pacientes. En este caso no ha habido corporativismo. El silencio se circunscribe, indica, al entorno del hospital y de los forenses. 

«Si hubiera estado ingresada en la UCI, que era donde tenía que estar, no hubiera fallecido», argumenta. Lo que han encontrado en el informe firmado por dos forenses a petición de la jueza que instruye el caso son contradicciones: páginas en las que se dice que no tenía temperatura elevada frente a otras en las que asegura que era superior a 38 grados o partes en las que se dice que no había indicadores de una infección generalizada y, al mismo tiempo, describe un primer análisis que detecta una proteína muy alta que indica, precisamente, que sí había infección. El forense no pasó a autorizar la contención mecánica hasta 30 horas después de que ya estuviera atada contra su voluntad, cuando la ley marca un máximo de 24. La jueza dio el visto bueno final a esa contención cuando ya había fallecido y las autoridades todavía no lo sabían. En todo el tiempo que pasó inmovilizada no se le hizo ninguna prueba diagnóstica. El mismo forense que permitió atarla fue el que realizó la autopsia que solo apunta a la miocarditis y a la meningitis. Ese mismo forense, señala la familia, fue el que metió en formol unos tejidos que quedaron inutilizados y no se pudo determinar el origen de la meningitis. Estos son solo algunas de las evidencias a las que se agarran los allegados de Andreas Fernández.

La corriente de solidaridad que se ha generado en torno a la familia ayuda a seguir adelante para luchar contra lo que consideran una injusticia. Aitana Fernández tiene fresco cada recuerdo, las llamadas cada tres horas a la unidad para estar informada, las quejas del personal que consideraban que era pesada, su petición de traslado a una clínica privada,... «La tenían con antisicóticos porque creían que estaba loca pero en realidad se encontraba en fase terminal. Donde tenía que estar era en la UCI», termina.

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