Las pensiones y los salarios de los funcionarios asturianos, congelados por la falta de Gobierno

El bloqueo podría afectar a alrededor de 350.000 personas que verían menguado su poder adquisitivo

Miles de personas participaron en Oviedo en la manifestación convocada por las Asociaciones de Pensionistas de Asturias y de Gijón para protestar por la subida de las pensiones en tan sólo un 0,25 por ciento y para pedir que se blinde el sistema público de pensiones
Miles de personas participaron en Oviedo en la manifestación convocada por las Asociaciones de Pensionistas de Asturias y de Gijón para protestar por la subida de las pensiones en tan sólo un 0,25 por ciento y para pedir que se blinde el sistema público de pensiones
L.O.

El bloqueo político que se prolonga durante los meses de verano, a falta de un acuerdo que permita que arranque la legislatura después del fracaso en las conversaciones entre PSOE y Podemos el pasado mes de julio tiene consecuencias económicas que los grupos también usan como argumento en su estrategia de tratar de urgir al pacto, aunque sea de forma indirecta. Desde Asturias, el presidente del Principado alertó la semana pasada de que esta parálisis tendría consecuencias en las cuentas regionales, son alrededor de 200 millones de euros (entre las mensualidades del IVA y las entregas a cuenta) que la comunidad no recibe mientras no haya un gobierno en Madrid plenamente operativo porque el Ejecutivo en funciones no puede darles paso. En el ámbito nacional los sindicatos han disparado la alarma también respecto a la revalorización de las pensiones y los salarios de los empleados públicos.

Lo señaló primero Fernando Lezcano, secretario de Organización y portavoz de CCOO quien indicó que «No se pueden dejar sin regular las pensiones porque no sean capaces de formar un Gobierno». El sindicato advirtió esta semana sobre el riesgo de que las pensiones públicas se revaloricen solo un 0,25 % el próximo 1 de enero si no se constituye un Gobierno que pueda aprobar una norma con rango de ley para elevar la subida. La ausencia de Ejecutivo lastraría el poder adquisitivo de los más de 302.400 pensionistas asturianos que contaba el Ministerio de Trabajo el pasado mes de marzo; y circunstancia que también afecta a los 57.871 empleados públicos en la comunidad que verán sus salarios congelados. 

Las protestas de los jubilados, uno de los pocos colectivos capaces de llenar hoy las calles, permitieron paralizar la aplicación de la norma introducida por el PP en el 2013 y ligar de nuevo el incremento de las pensiones con el IPC. El año pasado, el Ejecutivo socialista elevó la subida hasta el 1,7 %, tendencia que incorporaba a los Presupuestos rechazados por el Congreso. Con la ley sin cambiar, el alza volverá a ser la mínima el próximo año mientras no se constituya un nuevo Gobierno. Sin la fórmula del real decreto ley, el único método de indexar el incremento de las pensiones a la inflación parte de la formación de un Ejecutivo con plenos poderes antes de finalizar el 2019.

Los sindicatos piden, además, descartar de forma definitiva la aplicación del factor de sostenibilidad, que ajusta la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida y cuya entrada en vigor había sido retrasada hasta el 2023. La idea detrás de este índice es que los nuevos jubilados cobren menos al mes, pero durante más años.

Sin subida para los funcionarios

El aumento salarial previsto para los empleados públicos también queda congelado. A mediados de junio, los sindicatos de funcionarios abordaron con el Gobierno un alza adicional del 0,25 %, un acuerdo alcanzado ya con el Ejecutivo anterior. «Gracias a nuestra insistencia se ha podido hacer efectiva esta subida y se consiguió también que el anterior incremento del 2,25 % se hiciese vía decreto y no vía Presupuestos, porque si no, todavía estaríamos esperando», señaló entonces Miguel Borra, presidente del CSIF.

La anterior subida a la que hace referencia Borra, aprobada por decreto en diciembre, no podría aplicarse para el próximo año en las actuales circunstancias. «El incremento salarial exige de una norma con rango de ley», insisten desde los sindicatos.

El Ministerio de Administraciones Públicas, sin embargo, alega que sí podría aplicarse en caso de prorrogar los Presupuestos del 2018, donde figuran los acuerdos suscritos primero con el Gobierno del PP y luego asumidos por el gabinete de Sánchez. El documento prevé que, en el 2020, la retribución de los empleados públicos se incremente entre un 2,3 % y un 3,85 % (la cifra final irá en función de una serie de variables como el crecimiento del PIB o el cumplimiento del objetivo de déficit). Fuentes del ministerio sostienen que el Gobierno adquirió el compromiso de «respetar estos acuerdos», escudándose en el decreto ley aprobado el pasado mes de diciembre.

El Ejecutivo se encontraba entonces en una situación de minoría parlamentaria, pero con plenos poderes para impulsar «viernes sociales» como el de aquel Consejo de Ministros celebrado en Barcelona donde se aprobó el aumento salarial para los empleados públicos. Ahora, con el Gobierno en funciones, los socialistas no tendrían capacidad de iniciativa legislativa para repetir la fórmula empleada en diciembre. Los sindicatos apuntan que la única forma de aprobar los incrementos sería a través de la iniciativa parlamentaria de un grupo del Congreso, que se disolvería a finales de septiembre si Sánchez no logra la investidura. Con una nueva convocatoria ante las urnas, prevista para noviembre, el gobierno resultante sería incapaz de ejecutar los aumentos de las retribuciones hasta el próximo año.

La parálisis política atañe también a cuestiones relevantes para la economía asturiana por la mengua de competencias del gobierno en funciones, como es el caso del parón del estatuto de la industria electrointensiva. El pasado martes, la ministra de Industria, Reyes Maroto, apuntó en Oviedo que la falta de un acuerdo en la investidura supone el principal obstáculo para que entre en vigor el estatuto de la industria electrointensiva, vital para el sector asturiano que ha demandado en los últimos años una solución para que el coste energético no suponga un lastre para su competititividad y destacó que aunque su departamento tiene ultimado el borrador de la normativa (abierto a aportaciones de los agentes sociales) no podrá ser aprobabado mientras el gobierno esté en funciones.

Los sindicatos apremian a Sánchez a negociar «ya» con Podemos un acuerdo que evite las elecciones

ANA BALSEIRO
Pedro Sánchez conversa con los secretarios generales de UGT, José Álvarez, y de CC.OO, Unai Sordo, a la derecha, en la reunión mantenida en la Moncloa
Pedro Sánchez conversa con los secretarios generales de UGT, José Álvarez, y de CC.OO, Unai Sordo, a la derecha, en la reunión mantenida en la Moncloa

Los líderes de CC.OO. y UGT recomiendan a las dos formaciones que superen la desconfianza y que «dejen un poco en paz el Twitter»

Pepe Álvarez y Unai Sordo, secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras, han apremiado al presidente del Gobierno en funciones, con el que se han reunido esta mañana en la Moncloa, para que «cuanto antes» comience a negociar con Unidas Podemos un acuerdo programático que no solo permita superar el trámite de la investidura, sino también -y especialmente- sacar adelante, con un Gobierno «progresista» estable, la legislatura. Después de que la víspera Pedro Sánchez admitiera que había «desconfianza recíproca» entre ambas formaciones tras el fracaso de las negociaciones en julio, los líderes sindicales instaron a los dos partidos a pasar página y a retomar «ya» los contactos, alegando que «España no se puede permitir ir a otras elecciones» -un escenario que, además, no contemplan- y perder más tiempo para poner en marcha las medidas y reformas estructurales que el país precisa, entre ellas, la de las pensiones, el mercado laboral o la fiscalidad. 

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