El conflicto por el pretendido cierre de Alcoa, el fin de la minería, los ajustes de ArcelorMittal o el repentino ERE presentado por Vesuvius dan cuenta de la vulnerabilidad de un sector considerado el motor económico de la región
17 sep 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Asturias vive en vilo. Los conflictos laborales que han tenido lugar en el sector industrial de la región en los últimos meses dejan como conclusión que no hay calma para la industria asturiana tras uno de los años más convulsos y complejos por los concursos de acreedores, los cierres, las liquidaciones, los expedientes de regulación de empleo temporales o los expedientes de extinción. A finales de julio se lograba una solución para Alcoa tras largos meses de incertidumbre y tensión y, apenas sin tiempo para recuperarse, Vesuvius asestaba al sector un imprevisto «mazazo» al anunciar de la noche a la mañana su intención de aplicar un ERE de extinción a los 111 trabajadores de la factoría langreana para cerrarla. Son dos de los conflictos más recientes, pero en estos doce últimos meses la región ha tenido que asistir al cierre de un sector tan arraigado como la minería, asumir que la central térmica de Lada acabará cerrando si el Gobierno central no lo evita, ver el sufrimiento de los trabajadores de Triman y Mieres Tubos por el impago de sus nóminas tras entrar esas empresas en liquidación, además de afrontar el pasado diciembre el anuncio de Arcelor de aplicar un ERTE a 1.600 trabajadores de sus factorías de Asturias, mientras que en mayo daba a conocer que reduciría la producción en la región en 700.000 toneladas.
Estos conflictos laborales en la industria son los que más han sonado en los medios de comunicación, pero con ellos siempre se resiente la industria auxiliar, los pequeños talleres, las empresas de recambios y los autónomos que trabajan para esas medianas o grandes empresas que, en buena medida, son el motor económico de la comunidad autónoma. Así, las consecuencias no sólo las sufren sus empleados, sino que la incertidumbre es exponencial.
La crisis internacional del acero, el elevado precio de la electricidad en España, el pago por los derechos de emisión de CO2, la competencia de los países del este, la transición ecológica o, mismamente, una mala gestión que lleva a las empresas a la quiebra… son las causas por las que Asturias lleva un annus horribilis en el ámbito industrial.
El secretario de la Federación de Industria de CC OO, Damián Manzano, considera que la problemática para una parte fundamental de la industria asturiana va más allá del último año, porque recuerda que la amenaza de un ERE de Alcoa viene de más atrás. En su opinión, Asturias tiene «la suerte» de tener «un amplio abanico de multinacionales» pero, a la par, advierte que «si no se toman medidas para atajar los problemas que tenemos para amarrar esas empresas» se corre el riesgo de vivir continuamente en la incertidumbre de que esas empresas reestructuren sus negocios en función de sus intereses y lleven a cabo deslocalizaciones que perjudiquen a la región.
Para Manzano, «España tiene unos problemas estructurales que no está abordando y que no está sabiendo resolver», como es el coste de la energía, y reprocha que siga sin haber un estatuto de la industria electrointensiva. «Hay unos problemas estructurales que hay que corregir para que las empresas tengan fiabilidad», manifiesta el representante de CC OO, que no obvia que «después hay cuestiones propias de la forma de entender la actividad de determinadas empresas», en referencia a Vesuvius, «que es un caso de avaricia», señala. Aún así, insiste en que el Gobierno central «no está sabiendo corregir» y en que no está haciendo políticas que, como en Francia o Alemania, impidan que las empresas se deslocalicen con tanta facilidad. «Necesitamos medidas similares a las del resto de países miembros de la Unión Europea. Aquí no hay política industrial», apostilla.
El secretario general de UGT en Asturia, Javier Lanero, también da cuenta de que «Asturias tiene una dependencia muy importante de la industria», industria que se está viendo amenazada por dos factores: el coste de la energía en España, que es mayor que en otros países de la UE y mucho mayor que los de fuera a la Unión; y la competencia desleal que hay en el acero de países en los que no se pagan derechos de emisión de CO2, como Turquía o China. Antes esto, Lanero reclama que se tomen medidas y que «la problemática de la industria se combata con una transición energética justa y aranceles medioambientales» porque «estos problemas vienen de lejos y están sin resolver». Además, añade que la industria y los trabajadores deben adaptarse a la nueva economía, con tecnología, digitalización y robotización para evitar que en el 2030 exista un problema grave de desempleo por «el cambio integral que se puede dar en los procesos a todos los niveles para adaptarse a las necesidades del mercado».
Estos son cinco de los conflictos que han sacudido a la región en lo industrial de un tiempo a esta parte:
El anuncio de cierre de Vesuvius, un mazazo
Asturias entraba en el mes de septiembre con el inesperado anuncio del grupo Vesuvius Ibérica de aplicar un ERE de extinción a los 111 trabajadores de la factoría que tiene en el polígono de Riaño I, en Langreo, con el objetivo de cerrar esta planta y centrar su actividad manufacturera de los productos refractarios en un número limitado de fábricas en Europa «para maximizar su producción y mantener la competitividad de sus productos, y consecuentemente, la producción total del grupo». La reunión que la dirección de la compañía mantuvo el jueves 12 con los representantes de los trabajadores no sirvió para negociar una solución alternativa al cierre y a los despidos y la empresa presentó el ERE para el cese de la actividad productiva. Desde CC OO se ha anunciado que combatirán por la vía judicial y en la calle. Las movilizaciones ya han sido iniciadas por los trabajadores, que este lunes llevarán a cabo una marcha a pie desde las instalaciones de la factoría hasta el Ayuntamiento de Langreo como medida de protesta ante el cierre de una empresa que no tiene pérdidas y que, simplemente, no ha dado los beneficios que se había planteado la compañía como objetivo.
Alcoa, en incertidumbre durante nueve meses
El 17 de octubre de 2018 el mazazo se lo llevaban los 686 trabajadores de Alcoa de las plantas de Avilés y A Coruña al anunciar la empresa el cierre de ambas factorías. En este caso, el fantasma del cierre planeaba sobre la factoría puesto que la multinacional llevaba tiempo advirtiendo de pérdidas en un escenario al que se sumaba la subida del precio de la alúmina, su materia prima, y la carestía de la energía eléctrica. A partir de ese momento comenzaron las movilizaciones y las negociaciones dado que en este caso la opción de la venta de las plantas se ponía sobre la mesa. Manifestaciones, concentraciones, marchas a pie, incluso hasta Madrid, y la mediación de las administraciones regional y central contuvieron las prisas de la empresa por cerrar y tras nueve meses de incertidumbre, nervios y tensión, a finales del pasado mes de julio Parter presentaba los avales económicos necesarios para hacerse con las plantas de Avilés y A Coruña. Los trabajadores respiraban tranquilos tras meses en la cuerda floja al garantizar los nuevos propietarios que mantendrán a toda la plantilla durante un mínimo de dos años. Además, se comprometían a llevar a cabo proyectos de reindustrialización para los centros y un posible rearranque de esas electrolisis.
Los ajustes de Arcelor que han afectado a Asturias
A finales del pasado mes de diciembre, ArcelorMittal anunciaba un ERTE de siete días para principios de este año al prever una nueva crisis económica y sumarse un descenso del número de pedidos para el primer trimestre de 2019. La regulación temporal de empleo la llevó a cabo durante varios periodos de enero, febrero y marzo y afectó a un total de 1.624 trabajadores. La incertidumbre en esta empresa no se quedó ahí. A principios del pasado mayo la multinacional daba a conocer una reducción de la producción en Asturias de 700.000 toneladas, de los tres millones de toneladas que había decidido reducir en total en Europa para ahorrar costes. La sombra del ERE volvía a planear entonces sobre la plantilla. La lectura que hacen desde los sindicatos es que con estos ajustes, Arcelor trata de presionar a nivel europeo para que desde la Unión se tomen medidas que protejan a la siderurgia de la competencia que ejercen países del este, además de protestar así por elevado coste que tiene la electricidad en nuestro país. No obstante, desde CC OO destacan la inversión de 300 millones de euros que está realizando la compañía en Asturias, una inversión histórica que hace que aquí haya «unas instalaciones ultracompetitivas».
No hubo indulto para la minería, el fin de un sector
Asturias ha tenido que asistir en este último año al cierre del sector que más ha marcado a la región: la minería. Los sindicatos no lograron en las largas negociaciones que el Ministerio de Transición Ecológica indultase al carbón. La Decisión 787 de la Unión Europea era su sentencia de muerte y el Gobierno central la ejecutó. A finales de octubre de 2018, el Gobierno, los sindicatos y Carbunión rubricaban el acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027. El plan recoge prejubilaciones, bajas indemnizadas y la consideración de excedentes mineros para los empleados de subcontratas. Las condiciones para Hunosa se negociaban después, generando esa negociación protestas entre los trabajadores de las contratas de la empresa estatal minera que derivaron, incluso, en encierros en el pozo Aller. En este y en Carrio se empezaban este año labores de desmantelamiento y recuperación de material, siendo el pozo San Nicolás el único que quedará con actividad hasta 2021 para abastecer a la térmica de La Pereda.
Los cierres de las centrales de Lada y Soto de la Barca, pendientes del permiso
Pendiente del permiso del Gobierno estatal está Iberdrola y Naturgy para cerrar las centrales térmicas de Lada y de Soto de la Barca. Naturgy presentaba la solicitud de cierre de esta última instalación el pasado mes de enero, mientras que Iberdrola ya la presentó en noviembre de 2017. Ambas están pendientes de que la administración central apruebe o deniegue los permisos para el cese de actividad. Aunque para muchos esto es una decisión política, otros apuntan que ya en 2010 se aprobaba una directiva europea que no permite continuar más allá de junio del 2020 a las centrales que no hayan realizado inversiones para reducir las emisiones contaminantes. Aunque Iberdrola, por ejemplo, se ha comprometido a recolocar a los trabajadores, los sindicatos y la sociedad se han movilizado para evitar su cierre al considerar que supone un revés para la comarca del Nalón.