PP y Vox vetan el uso del asturiano en la comparecencia de Piñán

ASTURIAS

Los diputados en los pasillos de la Junta durante el receso de consultas a la letrada
Los diputados en los pasillos de la Junta durante el receso de consultas a la letrada

Los grupos conservadores apelaron a su derecho a no comprender la lengua para exigir que la consejera de Cultura se expresara en castellano

01 oct 2019 . Actualizado a las 17:16 h.

Berta Piñán tenía el propósito de realizar en lengua asturiana la exposición de las prioridades de su Consejería, la de Cultura ante los representantes de los distintos grupos parlamentarios de la Junta General. Pero se topó con un veto doble. En primer lugar por parte del PP ya que la diputada María Gloria García, natural de Mieres, reclamó «traducción simultánea» al sentirse incapaz de entender adecuadamente la exposición en asturiano. También planteó problemas el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, quien directamente exigió que no se permitiera el uso del asturiano y en forma de mofa planteó que se pudieran dar las intervenciones en inglés. Los grupos conservadores apalearon a una interpretación lo más restrictiva posible del reglamento parlamentario y cumplieron su objetivo.

Según recogió Europa Press la presidenta de la Comisión, Lidia Fernández (del PSOE), pidió un receso para hacer una consulta a la letrada presente. Los miembros de la Mesa y la letrada estuvieron en los pasillos de la Junta General hablando algo más de cinco minutos.

Cuando volvieron se reanudó la comisión. Fue entonces cuando Fernández pidió a la consejera, en atención al Reglamento de la Cámara, que compareciese en castellano «puesto que los diputados tienen derecho a entender su comparecencia». Añadió, en relación a la solicitud del PP, que el parlamento asturiano no tenía servicio de intérpretes. La Ley de Uso vigente en el Estatuto de Autonomía recoge el derecho expreso de cualquier ciudadano a dirigirse a la administración autonómica tanto en castellano como en asturiano pero, al no ser una lengua oficial, las instituciones no tienen ninguna obligación de responder en la misma lengua en la que han sido interperladas, es decir, por defecto siempre se responde en castellano. A pesar de que el uso del asturiano es habitual en los debates de los pleno del parlamento desde hace varias legislaturas, la diputada del PP señaló que si bien la Ley de Uso permitía expresarse en asturiano no podía entenderse como una norma que oblige a comprenderlo.

El diputado de Podemos Rafael Palacios expresó su protesta ante lo que calificó como una «censura de la libertad de expresión de la consejera» y solicitó que para futuras ocasiones puedan votarse este asuntos en la reuniones de organización de la Mesa.

La presidenta de la Cámara zanjó el debate y apeló a la «buena fe» de la consejera. Berta Piñán lo aceptó. «Reinicio mi intervención en castellano acatando el Reglamento de esta Cámara», dijo antes de empezar otra vez.

Con todo, y según recogió EFE, la consejera lamentó que en una «institución centenaria», como la Junta General del Principado, en la que se han leído en actos oficiales algunos de sus poemas escritos en asturiano, no le haya permitido usar esta lengua.

Además, ha criticado que se haya creado un problema en la comisión «donde no tendría que haberlo», lo que demuestra la importancia de que el asturiano cuente con un «reconocimiento legal» para evitar situaciones como la ocurrida hoy.

Horas después el presidente asturiano expresó a través de su cuenta en twitter su solidaridad con Piñán «a la que hoy la extrema derecha ha impedido hablar en asturiano en la Junta General del Principado, el parlamento de Asturias».

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en la Junta, Laura Pérez, ha acusado a la consejera de hacer «puro teatro», dado que, según ha explicado, Piñán pidió de manera informal la pasada semana a los grupos su autorización para hablar en asturiano y la formación naranja le contestó asegurando que la prerrogativa está reservada a los parlamentarios y ella «no goza de tal consideración».

En este momento, Ciudadanos exigió al Gobierno que se tuviera en cuenta que debía proporcionarse en todo caso un servicio técnico de traducción simultánea que «garantizase que no se conculcasen derechos fundamentales de todos los diputados».

«Lamentamos que monte una escena para centrar la atención en un conflicto inexistente y que se dedique a usar políticamente la llingua, como herramienta enfrentamientos y maniobra de disuasión», ha apuntado Laura Pérez.