La ruptura del consenso sobre violencia machista y las acentuadas discrepancias sobre fiscalidad y cuestión territorial marcan el enfrentamiento en la televisión autonómica
07 nov 2019 . Actualizado a las 09:19 h.El paso de los candidatos de los principales partidos por el debate ofrecido por la televisión pública asturiana dejó un poso de división acentuada, un campo tras la batalla más polarizado en el que las discrepancias lógicas de las formaciones se hicieron más evidentes. Si en la convocatoria de abril los bloques ideológicos, a izquierda y derecha, marcaron su impronta en la discusión, con la repetición electoral, y ante unos votantes extenuados, los grupos se enzarzaron a cuenta de las infraestructuras, la fiscalidad o las políticas sociales; pero también y por primera vez en el Principado respecto a cuestiones identitarias (se planteó en dos ocasiones si Asturias es una nación) y respecto a un asunto como la violencia machista que, hasta ahora, sumaba una amplísimo consenso que abarcaba la totalidad de los partidos con un escaño asturiano en el Congreso. Ya no. Desde Vox, su candidato José María Figaredo, calificó la legislación contra la violencia de género de «ley que divide a los españoles por género» y calificó de «totalitario» que le afearan precisamente que se rompiera el consenso sobre este asunto.
La influencia de este nuevo posicionamiento se hizo notar en el otro principal partido de la derecha, el PP, cuando su candidata Paloma Gázquez reivindicaba la labor de su formación en este asunto pero contemporizaba con Vox al recalcar que «yo no estoy dispuesta a criminalizar a los hombres, que también son buenos».
Las intervenciones se repartieron por sorteo, con un minuto de exposición inicial en el que el moderador, Nacho Montserrat, preguntó a los candidatos sobre las responsabilidades en la repetición de elecciones. Cada cual expuso sus argumentos ya conocidos respecto al reparto de culpas que, con la lógica excepción del PSOE, una mayoría hace recaer principalmente en presidente en funciones, Pedro Sánchez. Hubo también un minuto final para que cada cual apelara al voto directo de los militantes y cuatro grandes bloques, sobre infraestructuras e industria, derechos sociales, política territorial e impuestos y pensiones, pero con bastante margen de libertad para exponer otros asuntos. En general, los candidatos respetaron sus turnos aunque se enzarzaron singularmente en el momento en el que el debate llegó a la cuestión territorial y especialmente entre Ignacio Prendes, de Ciudadanos y la número dos del PSOE, María Luisa Carcedo, que reclamó de forma insistente que se le había mermado mucho tiempo.
Aproximadamente a la mitad del debate fue cuando tanto Prendes como la candidata popular Paloma Gázquez, insistieron en reclamar a Carcedo que explicara cuántas naciones hay en España y si Asturias es una nación. La socialista les respondió apelando al artículo dos de la Constitución (algo que consideraron una evasiva) y que se refiere a «la indisoluble unidad» de España reconociendo «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». Fue Sofía Castañón, de Unidas Podemos, la que recalcó que «Asturias es una nacionalidad histórica, y esto lo dicen los libros. Y además tiene una lengua propia que debe de tener un reconocimiento oficial».
No era del todo baladí la referencia de Carcedo a la Constitución, ya que tras varias intervenciones de José María Figaredo (tras poner en cuestión tanto el estado de las autonomías, como la ley de violencia de género, atribuyendo la mayoría de delitos sexuales a los inmigrantes, o reclamando la cadena perpetúa y la Carta Magna destaca específicamente el propósito de reinserción de la cárcel), echó en cara tanto a Ciudadanos como al PP que se sirvieran de sus apoyos para llegar al Gobierno, primero en ayuntamientos y comunidades y luego en el Estado. Era el reverso de un espejo en que naranjas y populares exigían a la socialista que abjurara de la posibilidad de contar con el apoyo de partidos independentistas en una investidura futura y que se hubiera valido de ellos en la moción de censura. Carcedo devolvió el dardo a Prendes recordando que esos mismo votos le habían valido para ser vicepresidente del Congreso. De nuevo aquí, Gázquez tendió la mano a Vox y afirmó que prefería «estar con las víctimas, con el partido de Ortega Lara, que con los verdugos, con el partido de Otegi». En el momento más bronco del debate, a cuenta de Cataluña, Carcedo acusaba a los otros dos de echar «gasolina» a la situación mientras reclamaba para el Ejecutivo de Sánchez el mismo apoyo que le dio a Rajoy cuando aplicó el artículo 155.
«Dudo que en la televisión catalana hablen de Asturies», señaló Castañón. Aunque fue el momento más bronco del debate, lo cierto es que en rigor los temas asturianos predominaron en la discusión, con reclamaciones generales sobre la búsqueda de una política energética que favorezca a la industria o la conjuración general a que, ya este 2020, se culmine definitivamente la Variante de Pajares. La novedad es que con Figaredo todo se vuelve hiperbólico, quien le reproche su postura negacionista sobre la violencia de género es un «totalitario» que pretende «decirnos sobre qué se puede discrepar». Si Castañón exponía su plan para adquirir con fondos públicos un 2% del accionariado de Arcelor que el Estado tuviera voz frente a cualquier cambio en la empresa, el candidato de Vox lo caricaturizaba como «colectivización» y «quieren tomar al asalto las fábricas».
A grandes rasgos, aunque con matices y grados, los tres partidos a la derecha defendieron drásticas rebajas fiscales como panacea para el empleo, la despoblación, el desarrollo de las áreas rurales y casi cualquier asunto social. A pesar de que apenas afecta a 200 personas en Asturias, según los últimos datos de Hacienda, el impuesto de sucesiones fue su principal caballo de batalla. Hubo un momento en que Prendes inquiró a Gázquez sobre el apoyo de su grupo al arancel ambiental, que reclaman todos los partidos incluido el PP en Bruselas (y que en Asturias cuenta con el respaldo tanto de patronal como sindicatos) pero del que Pablo Casado renegó hace dos días. No hubo respuesta.
Se dieron también discrepancias sobre la eutanasia, que tanto PSOE como Podemos defendieron sin matices frente a las críticas de Vox que aludió a la «cultura de la muerte» y Gázquez que deslizó el temor a que pudiera darse sin la voluntad del interesado, algo que negó de forma tajante Carcedo. La ministra de Sanidad en funciones, también reiteró su propuesta de introducir en el sistema sanitario público la atención bucodental.