La organización, que está personada en la causa, carga también contra el «cierre en falso» de la comisión de investigación en la Junta General
04 dic 2019 . Actualizado a las 13:04 h.El Observatorio Ciudadano Anticorrupción (OCAN) ha denunciado la actitud de UGT por «esconder la cabeza» y no realizar una investigación interna para depurar posibles responsabilidades en la imputación por el presunto desvío de fondos públicos, entre los años 2010 y 2014, para cursos de formación por importe de más de 1,4 millones de euros.
El presidente de Ocan, Manuel Benayas, y el abogado Alberto Suárez han censurado este miércoles, en una rueda de prensa, que un sindicato que «está llamado a defender los derechos de los trabajadores» no abriera una investigación interna y se limite a «cerrar filas» con su exsecretario general, Justo Rodríguez Braga, y los cinco trabajadores que están siendo investigados por su presunta autoría en un delito de fraude en subvenciones.
Ocan está personada en la causa que instruye un juzgado de Oviedo como acusación popular y sus responsables han asegurado que «este triste suceso» ha venido a constatar la falta de control administrativo que ha propiciado que no se detectaran los sobrecostes y facilitara que esta practica estuviera «mantenida en el tiempo».
Benayas y Suárez han reclamado controles administrativos «más exhaustivos» que eviten que se produzcan casos como el de UGT y el de Marea, que mantiene en prisión a exaltos cargos de la administración regional por la irregular adjudicación de contratos.
Además, han criticado el «tristísimo y deleznable» papel de la Junta General del Principado con el «cierre en falso» de comisión de investigación de la causa y han rechazado el trato «denigratorio» que, a su juicio, dispensaron algunos parlamentarios a los testigos que comparecieron, «a pesar de que tenían más que perder, que ganar», han señalado.
No obstante, Benayas y Suárez han afirmado que actualmente se está yendo «por la buena dirección» después de que la Fiscalía remitiera al juzgado un escrito donde solicita que continúen las actuaciones, «de cara a la celebración del juicio».
La Fiscalía considera que UGT Asturias y su fundación IFES realizaron operaciones dirigidas al «sistemático» desvío de parte de los fondos públicos recibidos para cursos de formación, al menos entre los años 2010 y 2014, por más de 1,4 millones de euros.
El Ministerio Fiscal estima que los beneficios fueron destinados a la financiación de gastos estructurales del sindicato, fundamentalmente costes de su personal laboral, y a capitalizar una sociedad vinculada para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades.
El abogado de UGT, Francisco Alonso, ha asegurado a Efe que los gastos son indirectos y asociados y, por tanto, «no hay delito y está respaldado por la legislación».