Podemos insiste en que el rescate es posible. C's aboga por medidas paliativas. El PP cree que los precios son un escándalo y un agravio para la región. IU propone vetar una nueva subida en enero
12 dic 2019 . Actualizado a las 08:29 h.El peaje del Huerna, la única conexión por autopista entre Asturias y la meseta, no sólo se encuentra entra las tasas más altas del Estado a pagar por la circulación por carretera sino que además es una de las más prolongadas. La concesión a Aucalsa se prorrogó hasta el año 2050 por decisión del entonces ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos en 1999, y su duración final será de 75 años, una circunstancia que particulares, pero sobre todo profesionales del transporte, consideran un agravio para la economía de la comunidad. Pero ¿cuál es la solución? Pocos grupos defiende todavía la posibilidad de un rescate y una mayoría se inclina por pactar rebajar para los usuarios.
Aunque en varios momento se habló de la posibilidad de un rescate (lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero aunque nunca llevó a cabo su promesa), lo cierto es que los distintos gobiernos lo han descartado por considerarlo demasiado oneroso. Al pago de la concesión habría que sumar el lucro cesante para la empresa, es decir, los beneficios que dejaría de percibir y, al menos en los últimos años son altos. La AP-66, según informó la concesionaria, concluyó 2018 con unos beneficios de 39,58 millones de euros frente a los 39,25 de un año antes, sus mayores ingresos desde 2011 (39,81). Es precisamente ese elevado monto al que ha acudido el gobierno para descartar el peaje, lo hizo el vicepresidente, Juan Cofiño, el pasado mes de octubre en sede parlamentaria al considerarlo «imposible» y de forma más reciente, en una respuesta por escrito al diputado de Ciudadanos Sergio García, en la que destacaba la cuantificación de ese rescate correspondía al Gobierno Central. En todo caso, Cofiño apeló a la posibilidad de pactar con el Ejecutivo en Madrid una rebaja, para los usuarios en general y los transportistas en particular, una vez que se forme gobierno.
Para Podemos, sin embargo, el rescate es una vía que todavía puede ser explorada y que no debe descartarse en absoluto. Su secretario general en Asturias, Daniel Ripa, recuerda que el PSOE aún defendía que podría hacerse a comienzos de años y también que el parlamento asturiano aprobó por unanimidad auditar la prórroga de la concesión y cuantificar el coste del rescate. «Nosotros creemos que hay que agotar las vías legales porque la prórroga hasta el 2050 no está justificada en el interés general. De hecho en la documentación que vimos en Fomento se ve que es una contraprestación para suprimir tramos de peaje en Galicia, por eso lo primero que pedimos es que se haga un estudio jurídico de la resolución del contrato; lo segundo es una auditoria que estime el coste del rescate porque entre los más de 3.000 millones que pide Aucalsa y lo que quede por pagar hay un mundo. A mí no me salen las cuentas. Y un tercer punto sería estudiar la vía judicial por si no se están cubriendo mínimos de calidad del servicio, por los cortes que esá habiendo. Es algo que podría servir para llegar a un acuerdo».
De hecho, en noviembre, y después de que el Huerna quedara cerrado al tráfico durante varias horas de madrugada por el temporal, el gobierno asturiano aseguró que estudiaría si tal corte estaba justificado.
Otra opinión es la de la portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, quien señala que esa prórroga era una «herencia envenada» del Gobierno de Aznar y que «no hace falta hacer muchos cálculos para darse cuenta de que, a falta de treinta años, para el fin de la concesión, su rescate ascendería a una cifra millonaria que hace inviable su asunción por cualquier administración. Somos muy conscientes de ello, y no somos partidarios ni de el engaño a los asturianos ni de las posiciones demagógicas». En este sentido, la diputada naranja apunta que «no existiendo una posibilidad de solución viable actualmente, consideramos urgente la adopción de medidas de carácter paliativo, consistentes en el establecimiento de bonificaciones o reducciones que ayuden a evitar el impacto negativo en las familias asturianas y en especial, en los transportistas y autónomos».
El diputado del PP, Pablo González, señala que el hecho de que «la principal infraestructura de salida hacia la meseta desde Asturias tenga uno de los peajes más caros y que más se han encarecido en los últimos años es un absoluto escándalo. No obstante, no se puede hacer política populista con este tema, como hizo el PSOE durante los años de gobierno de Mariano Rajoy o hace hoy en día Podemos planteando unilateralmente la eliminación del peaje. El problema es complejo y debe abordarse con garantías juridicas para todas las partes, por lo que corresponderá al próximo gobierno de la nación explorar alternativas si de verdad quiere poner fin a esta discriminación hacia Asturias».
Por su parte, el diputado de IU, Ovidio Zapico, destaca que, en primer lugar, Fomento debería vetar que hubiera una nueva subida a partir de enero. «Ese debería ser el punto de partida»; en todo caso, el diputado señala que el propio ministro José Luis Ábalos «dijo en agosto que estaba dispuesto a estudiar un sistema de mantenimiento de autopistas del estado que permitiese que aquellas que son más caras, entre ellas el Huerna, no sufriesen incrementos en la tarifa ¿qué hizo Ábalos? Me temo que absolutamente nada, por lo tanto habría que recordarle eso mismo que él prometió y a partir de ahí ver cómo puede hacerse más barato para nosotros el peaje del Huerna».
Con todo Zapico insiste que ya en la pasada legislatura se llegó a un amplio acuerdo, con partidos, pero también sindicatos, patronal y colectivos civiles, para reclamar desde el consenso obras cruciales para el Principado y afea al actual gobierno asturiano que no haga uso de él. «Cualquier medida que mejore la situación de los usuarios, de los transportistas que pasan a diario estamos dispuestos a escucharla y apoyarla y el marco idóneo de ese debate tiene que ser una herramienta a la que este gobierno actual no está prestando la mínima atención y se llama Alianza Política y social por la infraestructuras que Asturias necesita» y añadió que «no se presta atención a una herramienta que costó mucho la legislatura pasada y que tiene un capital político y social tremendo al que este gobierno no está sabiendo darle la importancia que merece».
¿Qué rebajas serían víables? La pasada legislatura durante el último mandato de Rajoy, el secretario general de Infraestructuras, José Javier Izquierdo propuso estudiar una rebaja pero que fuera cofinanciada por el Principado y por Castilla y León. La comunidad asturiana se negó. Con el cambio de gobierno tras la moción de censura, Ábalos lanzó en agosto una propuesta polémica: la extensión general de los peajes a todas las vías con un precio «simbólico». En Oviedo desarrolló la propuesta señalando que se trataba de buscar un modelo homogéneo para todo el país ya que que no se puede mantener «una España desigual», con un mapa descompensado, «con una parte este pintada de peajes y otros territorios sin nada». También en la capital asturiana destacó que no habría más prórrogas de concesiones pero tampoco rescates porque exigen una «responsabilidad patrimonial brutal que el Estado no puede asumir».
«En este país se demostró que cuando se quiere algo sí se puede rescatar, a costa de lo que sea. El peaje será muy caro rescatarlo pero seguramente que si se quisiera se podría igual que se pudo rescatar otras radiales o Bankia, es una cuestión de prioridad política», valora Ovidio Zapico. Lo cierto es que sí se han rescatado autopistas, fundamentalmente las radiales de la periferia de Madrid y el gobierno manifestó su intención de hacer volver a la propiedad pública todas las concesiones que finalicen en 2021. Asturias deberá esperar 29 años más.
