El acero ya no es tan duro

ArcelorMittal acusa el coste de las materias primas y la electricidad, así como el recorte de las emisiones de CO2, y reestructura su producción europea

El interior de una de las plantas de ArcelorMittal
El interior de una de las plantas de ArcelorMittal

Redacción

Nubarrones sobre el acero. La dirección de ArcelorMittal puso sobre la mesa este año los argumentos que le llevaron a reducir temporalmente su producción en Europa en tres millones de toneladas anuales. Ello incluía un descenso de 700.000 toneladas en sus plantas de Asturias, que según la empresa tenían que ver con el precio de las materias primas, los costes por emisiones de CO2, la tarifa eléctrica y la inoperancia de las medidas arancelarias.

Un acuerdo con los sindicatos establecía, en este sentido, la afección de un total de 8.500 trabajadores en toda España, incluidos los 5.500 de las plantillas de las fábricas de Avilés y Gijón. ArcelorMittal programó, por ejemplo, la paralización del tren de bandas en caliente de Avilés durante siete días como una de las primeras medidas enmarcadas en la reducción temporal de producción.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguraba al respecto que, además de los costes de la electricidad que alega la empresa, hay otras causas estructurales. Ribera dijo que la energía es un elemento fundamental para el desarrollo y la actividad económica, pero cuando se ve la comparativa de los precios de la electricidad en España frente al resto de la UE, «hay una horquilla más o menos similar para la industria electrointensiva», aunque el coste para las pymes y el consumidor es «mucho más elevado».

La ministra explicaba que el Gobierno está intentando ver qué se puede hacer para acompañar a la industria electrointensiva, aunque señalaba que conviene «ser prudentes, porque hay otras causas estructurales». En este sentido, indicaba que Arcelor está reestructurando su producción en el mundo y apuntó que, por ejemplo, esta compañía siderúrgica ha anunciado el cierre de su planta en Cracovia, pese a que el Gobierno polaco compensaba hasta el doble del precio del CO2 con respecto al realmente emitido en esa planta.

Teresa Ribera explicó que «hay que ver de qué manera los procesos industriales que son intensivos en energía y en CO2 pueden ir evolucionando hacia un modelo diferente, sin que se ponga en riesgo una competitividad industrial que se necesita». Además, señaló que las demandas de materiales van evolucionando y «la madurez de la economía hace que se produzcan demandas de proximidad» en zonas o países cuya economía está en proceso de crecimiento expansivo y hay más construcción de infraestructuras que en países más asentados.

Por su parte, el Gobierno asturiano se mostraba en desacuerdo con la postura de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre las causas que del recorte. «No estamos de acuerdo con la posición de la ministra Ribera», señalaba el ejecutivo socialista, que mantuvo su exigencia de que se agilice la aprobación del estatuto de la industria electrointensiva -al que el Principado presentó alegaciones- ante la preocupación por el porvenir del sector. A juicio del gobierno autonómico, la necesaria transición energética que debe acometer España se tiene que llevar a cabo «de forma progresiva» de manera que «no deje atrás a nadie, ni a la industria, ni a determinados territorios, ni a los trabajadores».

No obstante, el Gobierno confiaba en que la medida anunciada por ArcelorMittal fuera circunstancial y que tenga la menor repercusión posible sobre sus plantas de Avilés y Gijón dado que la empresa anunció inversiones en ambas por importe de 300 millones de euros -100 de ellos este mismo año- que revelan «una apuesta clara» el futuro de su presencia en la región.

Para la consejería de Industria, la decisión de la empresa obedecía a un conjunto de factores entre los que el precio de la electricidad era «un argumento significativo y relevante» dado que precio para la industria en España se sitúa en un nivel superior al de otros países de la UE y supone «un defecto competitivo para los productos fabricados en ese entorno».

Al margen del coste de la electricidad, el Principado indicaba otros factores que han provocado esta reducción como el progresivo encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 que paga la empresa y cuyo importe ha pasado de 7,8 euros por tonelada a 25,8 en los últimos 16 meses por maniobras especulativas.

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