El dirigente sindical indica que todos los cursos investigados se impartieron y que todos los gastos están justificados de acuerdo a las bases
21 ene 2020 . Actualizado a las 12:23 h.El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, ha negado que en el sindicato se haya producido un desvió de los fondos públicos destinados a cursos de formación y ha dicho que la investigación judicial se debe a un asunto administrativo relacionado con las dudas surgidas en torno a la justificación de algunos gastos. Fernández Lanero ha respondido así en declaraciones a los periodistas después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo haya acordado el procesamiento de seis exdirigentes y técnicos de UGT Asturias y del propio sindicato como persona jurídica por cinco delitos de fraude de subvenciones por un importe de 1,46 millones de euros entre 2010 y 2014. Entre los procesados se encuentra su predecesor el exsecretario general Justo Rodríguez Braga, que dejó el cargo en 2016 tras dieciséis años al frente de la organización.
Fernández Lanero ha defendido que todos los cursos se impartieron y que «eso no está en cuestión», y que todos los gastos están justificados de acuerdo a las bases de las convocatorias, algo que, según ha remarcado, está avalado por los propios técnicos del Principado. El líder sindical ha dicho que si finalmente se abre juicio oral la organización tendrá la oportunidad de defenderse y justificar ante la justicia lo que ha hecho con la administración. A su juicio, después de varios años de investigaciones y registros el caso sigue en el mismo punto, con nóminas y facturas que los investigadores «no saben si valen o no valen».
«Se ha registrado el sindicato y nadie ha concluido que haya habido desvíos, fondos ni dinero, ni nada», ha subrayado Fernández Lanero, quien ha considerado que la investigación se debe a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no termina de tener claro si ciertas justificaciones son válidas. Sin embargo, ha insistido, las justificaciones de gastos están validadas por los técnicos del Principado, «que son los que saben y los que se encargan de las convocatorias y las bases».
