El juzgado pide al TSJA que investigue a la corporación de Aller que permitió la construcción del geriátrico de Felechosa
ASTURIAS
La magistrada justifica este cambio por la presencia en la instrucción de Teresa Mallada. La diputada del PP descarta que su situación procesal tenga algo que ver con el retraso en el relevo del partido en Asturias
12 feb 2020 . Actualizado a las 18:43 h.La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo ha elevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) una exposición razonada en la que le solicita que se encargue de la instrucción de la investigación abierta en relación al caso Hulla a la antigua corporación de Aller, incluida la exconcejala y portavoz parlamentaria del PP, Teresa Mallada, en relación al caso Hulla. El Juzgado había recibido un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que estimaba que debía inhibirse a favor del TSJA al estar Mallada aforada al ser actualmente diputada en la Junta General. La propia Mallada se ha mostrado satisfecha por esta decisión. Ha considerado «positivo y adecuado» que «por fin» haya un tribunal que se encargue de instruir «el acto administrativo» que supuso por parte de los concejales de la oposición como era ella aprobar la cesión de los terrenos para construir el geriátrico de Felechosa.
Mallada formaba parte de la corporación allerana que en 2008 aprobó la cesión de los terrenos al Montepío de la Minería para el geriátrico de Felechosa, cuya construcción está en el foco de la investigación abierta para determinar el origen de los 1,2 millones de euros y los 436.000 que regularizaron, respectivamente, el histórico líder sindical José Ángel Fernández Villa y el entonces presidente de la mutualidad, José Antonio Postigo.
La decisión del juzgado
De acuerdo al criterio de la Fiscalía, el Juzgado debía dar traslado al TSJA ante la falta de competencia objetiva de la parte de la investigación relacionada con la compra y cesión gratuita de los terrenos al Montepío, aprobada en 2008 en el pleno por unanimidad pese a los reparos de la intervención municipal, así como el inicio de las obras sin la licencia necesaria, según la Fiscalía, con el conocimiento de la corporación. Esta parte de la investigación, para la que la magistrada pide la formación de una pieza separada, afecta al propio Postigo -como inductor- y a toda la corporación de Aller, que estaba integrada por siete ediles del PSOE -que gobernaba el ayuntamiento-, otros siete del PP y tres de IU, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias.
Según la Fiscalía Anticorrupción, Villa se habría prevalido del poder que le concedían sus cargos como miembro de la Comisión Ejecutiva Regional en la Federación Socialista Asturiana (FSA) y secretario general del SOMA-FITAG-UGT para situar al frente del Montepío a Postigo. Este poder, según la Fiscalía, le habría permitido a Villa influir en la decisión de que se concediera a la Mutualidad una subvención de casi 31 millones a cargo de los fondos mineros para construir un geriátrico «sin especificar la ubicación concreta del complejo», pese a que la normativa de la adjudicación de los fondos no lo contemplara.
El Montepío eligió el concejo de Aller «con la anuencia» de los responsables municipales, según la Fiscalía, que sostiene que en el Montepío tenían «la plena seguridad» de que desde el ayuntamiento no se pondría obstáculo alguno al desarrollo del proyecto, pese a que los terrenos elegidos para construir la residencia, por la normativa urbanística, no los hacía aptos al calificarlos como suelo no urbanizable y de interés agropecuario.
La extensa valoración de Mallada
La portavoz popular ha asegurado no creer que su situación procesal en esta causa tenga que ver con el retraso en la toma de decisiones por parte de la dirección nacional del partido a la hora de afrontar el relevo al frente del PP asturiano de Mercedes Fernández, que dimitió en septiembre. «Por lo que se me traslada desde Génova no creo», ha apuntado tras reiterar que los concejales de la oposición se limitaron a participar «en un acto administrativo» y que su postura «no era relevante» para sacar adelante la cesión de los terrenos en una corporación que gobernaba el PSOE con siete concejales, los mismos que el PP mientras que IU contaba con tres ediles.