Autosa acerca la Justicia a los empresarios con sus jornadas sobre entorno jurídico y empresas

c.d.n. REDACCIÓN

ASTURIAS

Enrique López López, José Ramón Navarro Miranda, Antonio del Moral y Mario Macías son los ponentes que han tratado de hacer entender los cambios de la actividad empresarial ligada al procedimiento judicial

28 feb 2020 . Actualizado a las 21:33 h.

Autosa, concesionario oficial de BMW en Oviedo, ha acercado a los hombres de la Justicia con los hombres de las empresas en las IV Jornadas de la Empresa y el entorno Jurídico, llevadas a cabo el el Hotel de la Reconquista. En ellas, han participado Enrique López López, actual consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de la Comunidad de Madrid; José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional; Antonio del Moran, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; y Mario Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Estaba previsto que también participara Pablo Llarena, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien no ha podido acudir al acto por motivos personales. Cada uno de ellos ha realizado una ponencia que rondaba la media hora exponiendo diferentes aspectos necesarios para entender cómo empresas y Justicia deben ir de la mano. 

Enrique López López ha sido el primero en abrir las jornadas. Ha querido referirse al secreto empresarial, en sus diferencias con la habilidad y el conocimiento de los trabajadores (skills and knowlegde, en inglés), para intentar hacer entender dónde está la delgada línea que separa ambos conceptos. Para ello, ha recalcado qué información o actividad puede ser objeto de secreto empresarial y cuáles no. En estas últimas entran precisamente las habilidades y/o conocimientos de los trabajadores y colaboradores de una empresa; además de las patentes, una vez son registradas. El consejero ha considerado «bueno y saludable» para las empresas con secretos empresariales suscribir algún tipo de convenio, pacto de confidencialidad, con sus trabajadores. Son estos pactos entre ambas partes los que son necesarios para preservar los secretos empresariales, ha concluido López López.

Tras la primera intervención de la tarde, le ha llegado el turno a José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional, quien ha centrado su mensaje en la corrupción en los negocios. En esos mecanismos del empresario para evitar que en el seno de su empresa se cometan delitos fraudulentos entre particulares. El artículo 268 (bis) del Código Penal castiga «al directivo, al administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, u ofrecimiento o promesa de obtenerlo, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales».

Así, la ley busca proteger la competencia desleal y el patrimonio del empresario, ha explicado Navarro. Un socio, el propio empresario o el consumidor, no son sujetos activos de este delito. Por ello, la Comisión Europea propone una directiva para favorecer a la persona que alerta de estos delitos, ya sea desde dentro o fuera de la empresa. Los principios de dicha directiva está destinada a cualquier empresa de más de 50 empleados. Esta ha de facilitar unos canales de denuncia y evitar que haya represalias contra este «alertador». 

Tras un pequeño descanso, le ha tocado al magistrado de la Sala Segunda del TS, Antonio del Moral, quien ha centrado su ponencia en las pruebas ilícitas. Pruebas que no surtirán efecto si han sido obtenidas violándose los derechos y libertades fundamentales. ¿Por qué no deben surtir efecto? Hay dos teorías: el fundamento disuasorio, que busca proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos mediante dicha disuasión, es decir, «no están salvando a determinado criminal, sino salvaguardando en un futuro el derecho de cualquiera a que se aprovechen de ello»; y en ontológico, que considera que «si el Estado coge esas pruebas, se está contaminando», según ha explicado del Moral, asegurando que él es partidario de la primera de las teorías y no termina de entender la segunda.

Ha cerrado las ponencias Mario Macías, quien ha aprovechado para tratar tres conceptos claves para propiciar un círculo virtuoso en el que la Justicia sea un elemento más de generar riqueza. Estos son el clima de negocio, donde entraría la seguridad jurídica entre los factores necesarios para propiciar un buen clima; el clima legal, donde entrarían la calidad de los profesionales o de las facultades de Derecho del territorio, entre otros; y la cultura legal, que vendría a ser «el apego que los ciudadanos tienen a su ordenamiento jurídico». En España, ha alegado Macías, «existe un buen clima legal pero muy poca cultura legal». Reuniendo estos tres elementos, más empresas buscarán invertir en el territorio, ya que van de la mano, alimentándose unas a otras, ha explicado. Para que estas concurran, el vocal del CGPJ, ha enumerado un decálogo de motivos, entre ellos, un sistema judicial con una tasa de congestión adecuada, un aumento de los recursos humanos disponibles, un grado de especialización judicial adecuado, o una duración media de los procedimientos adecuadas. Tras esta última se ha abierto un debate entre los especialistas de la Justicia.