¿Puede la economía de Asturias ser competitiva apoyándose mayoritariamente en rentas públicas?

Los asturianos que dependen del sector público superan en algo más de 74.100 a los asalariados privados


El envejecimiento de la población y la pérdida de dinamismo industrial están pasando factura a Asturias en muchos sentido económicamente hablando. Una prueba de ello es la comparación de lo que suponen las rentas públicas y las rentas privadas en la región, cuántas personas perciben un sueldo o una transferencia pública frente a los asalariados de las empresas y autónomos. Las cifras indican que los asturianos que dependen del sector público superan en algo más de 74.100 a los asalariados privados.

La mayor parte de quienes reciben en la región rentas públicas son pensionistas (281.500 asturianos), seguidos de funcionarios (77.200, según la media del último trimestre de 2019 del INE) y ciudadanos que perciben prestaciones por desempleo (34.247). Todos ellos están muy por encima del número de trabajadores del sector privado (318.812), de los que 245.100 son asalariados y 73.712 son autónomos. De tener solo en cuenta a quienes trabajan por cuenta ajena para alguna empresa, se podría decir que en Asturias hay 147.847 personas más que viven del Estado que del sector privado.

Teniendo en cuenta esta lluvia de datos y la conclusión de que las rentas públicas en relación a las rentas privadas se sitúan en torno al 1,2 (hay 1,2 rentas públicas por cada una privada) la pregunta que surge es: ¿puede la economía asturiana seguir siendo competitiva apoyándose mayoritariamente en las rentas públicas?

Bajo nivel de competitividad

Miguel de la Fuente, decano del Colegio de Economistas de Asturias (CEA), pone el acento en tres aspectos: el porcentaje de funcionariado existente, la baja tasa de economía facturera y el creciente envejecimiento de la población son las causas del bajo nivel de competitividad de la región. El mismo destaca que uno de cada cuatro empleados asturianos pertenecen al sector público, «esto supone un porcentaje en torno al 24 por ciento y ocurre en comunidades autónomas como Asturias que tiene una tasa baja de economía facturera».  En este sentido, tiene en cuenta «que el sector privado experimentó una merma notable como consecuencia de la crisis económica» y que en la actualidad «se crean 4.400 empleos menos que hace una década». «Esto hace que las compañías nuevas crezcan a la mitad de ritmo que el resto», argumenta De la Fuente. 

Sobre el empleo privado ofrece un dato: «sólo ha crecido un 4,5 por ciento en los últimos cinco años», a lo que añade la característica principal a nivel demográfico de Asturias, «como es el creciente envejecimiento de la población, con uno de cada tres habitantes como más de 60 años». No obvia el decano del CEA el aumento de las prejubilaciones y el cierre de empresas que ha sufrido nuestra región, que «es lo que hace que haya más nóminas públicas que del sector privado». 

Envejecimiento y malas comunicaciones

A su entender, «el riesgo fundamental de esta situación es que tenemos una baja tasa de actividad y unos niveles muy bajos de competitividad», lo que achaca en buena medida a «las malas comunicaciones» de nuestra comunidad autónoma porque «dificultan la exportación de los productos de las empresas asturianas». 

«La solución pasa necesariamente por abordar el asunto del envejecimiento de la población, así como mejorar las comunicaciones para fomentar la actividad económica del sector privado que desarrolla su trabajo en Asturias así como mejorar la accesibilidad de las empresas que quieran invertir y producir aquí, y por tanto generen nuevos puestos de trabajo en el sector privado», manifiesta Miguel de la Fuente.

 No demonizar el sector público

 La secretaria de Política Sindical de UGT, Mar Celemín, coincide en la necesidad de «dinamizar la economía y atraer nuevas inversiones» para que Asturias «no se acomode» a la situación y se pueda generar empleo de modo que la ratio que ahora habla de 1,2 rentas públicas por cada una privada se invierta, para lo cual entiende que hay que abordar también la problemática del envejecimiento de la región. No obstante, la misma señala que «no hay que demonizar el peso del sector público respecto al sector privado» porque, a su entender, «la protección de los pensionistas y los desempleados significa que el sistema está actuando». Tampoco demoniza «que haya un alto porcentaje de funcionarios, porque esos trabajadores generan rentas y consumen».

Celemín pone de relieve que «las prestaciones forman parte de un sistema nacional, que se fundamenta en la solidaridad» y que Asturias, como el resto de las regiones del noroeste, «tiene ahora más pensionistas y más necesidad de prestaciones» lo cual, recuerda, no siempre fue así. «Que ahora haya más prestaciones o más pensiones tiene que ver con el tema de la industria, porque cuando este sector flojea, flojea todo», indica la representante de UGT, que matiza que eso «para nada compromete la sostenibilidad de un territorio porque son protecciones de caja única».

Gilberto García, responsable de políticas públicas y económicas de CC OO, reconoce que si se comparan las rentas públicas y las rentas privadas se genera «una foto de la economía que dice que no va bien». La explicación a la que evoca es la elevada destrucción de empleo en el sector privado de años pasado y la precarización que se generó cuando comenzó la recuperación. Sin embargo, y aunque traslada «siempre es preferible que haya más nómina privada que pública», coincide con la representante de UGT en que las pensiones y las prestaciones sociales no condicionan la economía regional en tanto que las gestiona el Estado y que el porcentaje de funcionarios y personal laboral no suponen un lastre puesto que «contribuyen a generar riqueza».

La de Asturias, desde luego, es una situación anómala si se compara con las regiones más desarrolladas de España, como Madrid o Cataluña, en las que el saldo entre quienes viven de una renta pública y una privada es positiva para los segundos.

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