Asturias abrevia el trámite de los ERTE

Será causa de fuerza mayor la suspensión de actividades, el cierre temporal de locales, restricciones en el transporte o la falta de suministros

Una sidrería permanece cerrada en la calle Gascona este sábado en una ciudad paraliza por la epidemia de coronavirus.
Una sidrería permanece cerrada en la calle Gascona este sábado en una ciudad paraliza por la epidemia de coronavirus.

La Dirección General de Empleo y Formación del Gobierno asturiano ha habilitado un procedimiento abreviado para la tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que permite reducir los datos que las empresas deben comunicar al Servicio de Relaciones Laborales para facilitar una respuesta «ágil y ordenada», según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Aunque el impreso de tramitación no se ha modificado, las compañías afectadas solo comunicarán desde ahora a la Dirección General de Empleo y Formación la identificación y datos de la empresa, el número total de personas trabajadoras afectadas y la relación nominal, número de DNI y número de la Seguridad Social de las personas reguladas.

Según el Principado, este procedimiento ya se puso en marcha hace una semana, en previsión de un aumento de los expedientes de regulación de empleo como consecuencia de la crisis del coronavirus, y va en línea con las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros

El Real Decreto publicado hoy por el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla la flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de las actividades empresariales para facilitar la suspensión de contratos y la reducción de la jornada laboral y evitar la pérdida de puestos de trabajo (despidos).

Así, se establecen medidas excepcionales para los expedientes por causas de fuerza mayor y para los derivados de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.

Además, se consideran expedientes por causa de fuerza mayor aquellos que impliquen la suspensión o cancelación de actividades, el cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y en la movilidad de las personas o las mercancías, y la falta de suministros que impidan continuar la actividad.

También aquellos en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria y, en este tipo de expedientes, la resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de 5 días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En el caso de los expedientes que supongan reducción de la jornada o suspensión del contrato laboral por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción se establecen las siguientes consideraciones: la comisión negociadora deberá estar constituida en un plazo máximo de 5 días y el periodo máximo del periodo de consultas no debe exceder de una semana.

Además, el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de siete días; informó EFE.

Los requisitos para poder pedir la moratoria de la hipoteca y el resto de la letra pequeña del decreto

G. Lemos / A. Balseiro / F. Fernández

En las empresas con más de 50 trabajadores que apliquen un ERTE, la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social no será completa, sino del 75 %.

El Boletín Oficial del Estado de este miércoles recoge ya el decreto de medidas aprobado este martes por el Consejo de Ministros para intentar contener el shock que la crisis del coronavirus provocará en la economía española. En su letra pequeña, el texto legal define y matiza los grandes anuncios realizados la víspera por el presidente del Gobierno. Estas son las claves:

Una moratoria de hipotecas muy condicionada

La posibilidad de aplazar temporalmente el pago del préstamo hipotecario no estará al alcance de todos los trabajadores afectados por esta crisis. El Gobierno lo limita a aquellos deudores en situación de «vulnerabilidad económica», una definición para la que impone requisitos muy tasados. A saber, solo podrán acogerse quienes caigan en desempleo o, en caso de empresarios y autónomos, «sufran una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas». Además, se establecen límites de renta, de forma que solo podrán pedir el aplazamiento aquellas familias en las que los ingresos durante este período de alerta sanitaria no superen en tres veces el Iprem, lo que equivale a 1.613,4 euros al mes. Una cuantía que se incrementaría ligeramente por cada hijo o mayor a cargo y de forma más sensible si en el hogar viven discapacitados.

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