El Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo reglamento de asistencia jurídica que mejorará la financiación de este servicio público y adaptará el modelo actual al despliegue de las tecnologías
10 may 2020 . Actualizado a las 13:31 h.El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana un nuevo reglamento de asistencia jurídica gratuita que mejorará la financiación de este servicio público y adaptará el modelo actual al despliegue de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema judicial. Esta normativa reemplaza a la vigente desde 2007 para acomodarla a la legislación aprobada en los últimos años y relacionada con el reconocimiento y extensión del derecho a la asistencia gratuita, el procedimiento administrativo común y el régimen jurídico del sector público, ha informado el Gobierno autonómico.
Entre otras novedades, regula un turno específico para la orientación jurídica, defensa y asistencia letrada a personas víctimas de trata y terrorismo, así como a menores de edad y personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental que sufran abusos. Al mismo tiempo, mantiene el turno destinado a mujeres víctimas de violencia de género. El texto recoge también nuevos baremos económicos para determinar los conceptos que se abonarán por abogado o procurador y actualiza las cuantías a percibir por los colegios profesionales.
En concreto, en los baremos que se contemplan para la abogacía se aumenta la cuantía por asesoramiento y asistencia inmediata a víctimas de violencia de género en las guardias de disponibilidad, hasta superar la que se paga por el servicio de guardia por asistencia a la persona detenida o presa. En la jurisdicción penal, la cuantía por actuaciones en procedimientos con tribunal del jurado y en otros de especial complejidad pasa de 477,85 a euros. También se incluye un nuevo baremo para procedimientos abreviados ante la Audiencia Provincial, que asciende a 301 euros, y otro por asistencia a la comparecencia de prisión o solicitud de medidas cautelares penales, que se retribuirá con 95 euros.
Además, se actualizan los miembros que forman parte de la comisión de asistencia jurídica gratuita y se introduce la posibilidad de crear una o varias delegaciones de esta comisión, si el volumen de asuntos en tramitación así lo justifica. Por otro lado, incluye medios de averiguación y comunicación telemáticos, con el fin de adaptar el procedimiento a las novedades tecnológicas para el reconocimiento del derecho a la prestación del servicio. También se establece un procedimiento general relacionado con el orden jurisdiccional social. Las cantidades establecidas en los baremos se actualizarán cada año en el mismo porcentaje de incremento de las retribuciones del personal funcionario de la Administración autonómica, según informa Efe.
