Las constructoras reclaman que se levanten con concesionarias hospitales, carreteras e infraestructuras clave

Dicen que no le costaría «ni un euro» a la Administración compensar a las autopistas con una ampliación del tiempo de cobro peajes por la pérdida de recaudación a causa del estado de alarma


Vigo

El presidente de la asociación de empresas constructores españolas, Julián Núñez, pidió hoy a la clase política un «cambio de actitud, el abandono del clima de desunión y enfrentamiento partidista que desmoraliza a la ciudadanía». A juicio del titular de Seopan este es el momento de incentivar el gasto público con unos presupuestos expansivos y que se eche mano de la colaboración público-privada para llevar a cabo las infraestructuras que necesita el país y liberar fondos públicos para sanidad y gasto social y no echar mano de una mayor carga impositiva sobre el 34 % que supone el contingente de empleados sobre el total de la población.

El representante de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras señaló en un encuentro telemático organizado por Nueva Economía Forum, que firmas españolas del sector que preside son líderes en países de los cinco continentes y que por ello su experiencia debe ser aprovechada para reconstruir económicamente el país tras la pandemia del coronavirus. «El sector de las infraestructuras sigue inmerso en una profundo freno de actividad desde la crisis del 2010, hemos dejado de realizar inversiones por valor de 226.000 millones de euros respecto al nivel de inversión del 2008, estamos en un PIB similar al de 1979 y este año seremos el último país europeo en cuanto a inversión pública por habitante», indicó cifrando en un -43 % la caída en licitación respecto al 2019 y un -68 % en contratación pública, lo que tendrá un efecto directo en la cartera de trabajo del sector en el 2021.

Núñez asegura que las infraestructuras son la principal palanca de activación de la economía de la que dispone el Gobierno a corto y medio plazo. «No es momento de ajustes y hay que anticipar la inversión pública», indicó el presidente de Seopan haciendo suyas las recomendaciones de la Comisión Europea. «Generamos más empleo, más economía y con el menor volumen de importación de todos los sectores y con un gran retorno fiscal», defendió.

Seopan insta por ello al Gobierno a que recupere el régimen público-privado para llevar a cabo las infraestructuras que necesita el país, plan que evalúa en 157.000 millones de euros el coste de las obras de hospitales, saneamiento y comunicaciones que deberían llevarse a cabo las diferentes administraciones, abogando en el caso de las carreteras por el principio de quien las usa sea quien las pague, en lugar de repartirse el coste entre toda la población vía impuestos.

Recuperar el modelo público-privado para ejecutar y gestionar infraestructuras de titularidad pública es la apuesta que hace Seopan. «Nuestro modelo concesional se encuentra desaparecido de la contratación pública desde el año 2012, cuando más hacía falta», continuó Julián Núñez, que dijo que ya no se puede permanecer más tiempo pasivos ante la falta de presupuestos para llevar a cabo obras bajo el régimen de concesión en ámbitos como el hospitalario, carreteras, cercanías, metro, tranvía, depuradoras, aparcamientos, potabilizadoras, instalaciones deportivas, etc. 

Indemnización a las autopistas

La posibilidad de que las concesionarias de autopistas de peaje planteen colectivamente una petición de indemnización a las Administraciones para paliar su caída en ingresos a causa de las restricciones a la movilidad por el estado de alarma será una decisión que la patronal decida cuando sepa cuánto han dejado de recaudar. Sus datos de tráficos apuntan a una caída del 64 %. «Cuando el tráfico recupere la normalidad veremos que hacer», dijo Núñez, que aludió al cambio continuo de criterio del Gobierno al respecto. «Cuando se impide la circulación en una vía que está concesionada es evidente que no puedes desarrollar tu actividad», adelantó posiciones, afirmando incluso que no le supondría a las arcas públicas «ni un solo euro» en caso de que haya compensaciones si se hace una ampliación de plazos de la concesión. 

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