Asturias, paraíso industrial: ¿Ha llegado la hora de las nacionalizaciones?

Mientras Francia y Alemania se disponen a rescatar empresas y aumentar la presencia del Estado en sectores estratégicos, los grupos de la Junta debaten la posibilidad de una política similar

Todo cambió en los últimos días de marzo del año 2020. La extensión de la pandemia de coronavirus por Europa occidental dejó en sus alambres a la política mantenida durante década que promovía las deslocalizaciones de la producción industrial a países asiáticos. Algunas de las naciones más desarrolladas del mundo sufrían desabastecimiento de productos básicos para enfrentarse a la enfermedad, desde mascarillas a equipos de protección por los que había que pujar, a veces en el mismo aeropuerto, para poder lograr un cargamento. A este primer impacto se sumó una segunda ola en forma de crisis económica que dejó, por los efectos de la cuarentena, a enormes compañías al borde la quiebra de manera que, los hasta ahora heréticos rescates públicos, se convirtieron en aceptables para todo aquel, eso sí, que pudiera permitírselos.

Porque no todo el mundo en el seno de la Unión Europea está afrontando igual los estragos de la crisis especialmente en sus sectores estratégicos: Alemania ha salido al rescate de Lufthansa con un despliegue sin parangón de podería y un rescate de 9.000 millones de euros; Francia protege a PSA y Renault con 8.000 millones. Países con más capacidad en sus cuentas podrán apuntalar mejor a sus empresas de cara al futuro, al horizonte de la recuperación. Pero mientras tanto en España se han sucedido noticias como el anuncio del cierre de la factoría de Nissan, la puntilla a Alcoa en San Cibrao, mientras la antigua factoría de Avilés sufre ahora bajo el nombre de Alu Ibérica la incertidumbre de su venta en pleno confinamiento a un Grupo Riesgo que despierta escasa confianza a trabajadores e incluso al Principado. Sólo unos meses atrás se cerró Vesuvius, con beneficios y premios de la multinacional a la factoría, para llevarse la producción a Europa del Este. La reforma laboral vigente permite los ERES con beneficios. Asturias se preparaba para sufrir, incluso antes de la pandemia, con lo que pudiera suponer una transición energética que pone punto y final al carbón y que tendrá un enorme impacto no sólo en sus térmica sino en la garantía de suministro eléctrico a buena parte de su industria.

«Es la hora de la soberanía industrial de Francia», ha dicho el presidente francés Emmanuel Macron. ¿Podría serlo también en España o en Asturias? Lo cierto es que el debate sobre el aumento del peso del Estado y en sector público en las empresas estratégicas, no es nuevo, se ha esgrimido de forma intermitente a lo largo de los últimos años, con más intensidad en las últimas semanas.

El propio presidente asturiano, Adrián Barbón, señaló en la anterior sesión en el turno de preguntas de los grupos que «no descartamos ninguna de las vías que permita en este sentido el derecho comunitario y por tanto se tienen que explorar todas». Se lo había preguntado Podemos por las circunstancias de la antigua Alcoa. Meses atrás lo morados urgieron a comprar parte del accionariado de Arcelor y el presidente asturiano indicó que la comunidad no podría hacer tal cosa pero que tal vez el Estado sí. En términos similares se pronunció de manera más reciente: «lo que debería hacer Podemos en mi opinión es descolgar el teléfono y llamar a la ministra de Trabajo que es de su propio partido para transmitirle la preocupación por el tema y que abra el debate en el seno del Consejo de Ministros», señaló.

Quizá donde menos dudas tengan al respecto sea en Izquierda Unida, su portavoz Ángela Vallina indicó que «creemos que hay sectores en los que es imprescindible la presencia pública del Estado, con capacidad de decisión. Energía, acero, o aluminio por citar Alcoa, que es una de las que está en estos momentos en una situación de incertidumbre, requieren la presencia del Estado y su capacidad de intervención. El Estado no puede ser un agente ajeno a los sectores productivos».

El objetivo de la UE es que la industria represente un 20% del PIB de los estados miembros, a nivel autonómico, Asturias es una de las pocas comunidades que ya llega a ese porcentaje y de hecho, en la quincena más restrictiva del confinamiento, con la actividad reducida a sólo unos determinados trabajos esenciales, fue el Principado uno de los territorios en los que más se mantuvo mayor ocupación sin paralizar, por el peso de la industria y también del sector agroalimentario.

Pero en ese peso es clave el precio de la energía porque muchas de las industrias asturianas son electrointensivas (es decir, aquellas en las que la tarifa elñectrica es su principal coste de producción), y es un asunto aún sin resolver y con un estatuto prometido por el Gobierno pero que no acaba de llegar. En este sentido, la portavoz del PP, Teresa Mallada indicó que «el peso de la industria en Asturias recae principalmente en las industrias electrointensivas. Lo que se debe hacer desde los distintos gobiernos es facilitar su competitividad. En este caso, eso pasa por abaratar el coste de la energía para lo que es imprescindible contar con un Estatuto que realmente sea un instrumento útil para reducir la factura eléctrica de estas empresas. Eso es lo que reclaman las industrias y por lo que llevan esperando más de un año. Además de este estatuto existen otras herramientas y mecanismos que pueden ayudar a rentabilizar este tipo de producción y mantener así los empleos que dependen de estas industrias».

Desde Podemos, su portavoz Lorena Gil remarcó que la pandemia «ha puesto de manifiesto las debilidades de un modelo cuya consecuencia evidente ha sido un deterioro de nuestros servicios públicos y un proceso de desindustrialización y deslocalización productiva que ha dañado la base industrial de nuestro país. Asimismo, ha revelado la importancia de tener una relativa soberanía productiva para poder asegurar la provisión de todo aquello que resulte estratégico y esencial a la población tras evidenciarse durante esta emergencia sanitaria nuestra dependencia externa de productos esenciales que son fabricados a miles de kilómetros y sobre cuya producción no tenemos ninguna capacidad de incidir en caso de necesidad». En este sentido, la diputada morada recalcó que su grupo considera «fundamental contar con instrumentos públicos de intervención económica para llevar a cabo una política industrial proactiva».

¿En qué consisten? Para Podemos se trata de fijar prioridades a largo plazo, aumentar la participación pública en sectores considerados estratégicos para apostar por una vía de relocalización. Gil también hizo notar que países como Francia o Alemania han optado por nacionalizaciones sin tapujos llegado el momento. «España debería abandonar la pasividad que ha caracterizado su política industrial en estos últimos años y tomar medidas en este sentido para liderar la transformación del modelo productivo que asegure el mantenimiento del empleo y nos prepare para los retos futuros».

De forma tajante rechazó este paradigma el portavoz de Foro en la Junta, Adrián Pumares, quien señaló que «no estoy de acuerdo con que el Estado tenga que tener un peso mayor en la economía. De hecho, veo con mucha preocupación que la crisis del coronavirus precisamente esté alentando determinadas posiciones que buscan eso, incrementar el papel del Estado en la economía, porque para mí eso es un retroceso en las libertades, la libertad no se puede trocear y la libertad económica y de empresa es algo fundamental. Además, tampoco es garantía de nada el hecho de que Estado tenga un mayor papel en lo que algunos denominan los sectores estratégicos y el problema que estamos viviendo con Alcoa es un ejemplo porque los controles que debería haber puesto en marcha el Gobierno fracasaron a la hora de evaluar al comprador que parecía tener todos los parabienes». En todo caso, Pumares apostilló que su grupo siempre respaldará medidas como los aranceles medioambientales de ámbito europeo ya que sirven de ayuda «a nuestra industria para competir frente a las de otros países que no respetan ni las mismas normas medioambientales ni las laborales incluso».

Por parte de Ciudadanos, su portavoz autonómico, Ignacio Cuesta, destacó que «necesitamos un Pacto por la Industria, ayudas y bonificaciones para empresas en el marco del Covid-19, que a más largo plazo sirvan para mantener los puestos de trabajo y evitar la deslocalización, de acuerdo a las normas aprobadas recientemente por la Comisión Europea por las que se permite a los gobiernos de la UE ayudar a empresas afectadas por la crisis desatada por la pandemia». A su juicio ese pacto, debe impulsar «la diversificación y el desarrollo de actividades alternativas de zonas industriales en declive como es el caso de Asturias, y la modernización de sectores industriales maduros que nos permitan reforzar la competividad e impulsar nuevos sectores intensivos de alta tecnología, como la ciberseguridad, el Big Data o la Inteligencia Artificial» a lo que añadió la urgencia de aporbar el Estatuto de la industria electrointensiva.

Por último, desde Vox, su portavoz Ignacio Blanco indicó que «siempre me ha llamado la atención la coincidencia de comunistas y fascistas en el deseo de nacionalizar empresas, desde Mao, Lenin, Castro a Chávez, pasando por Mussolini, Hitler o Franco. VOX no considera que el problema de la industria española se solucione con nacionalizaciones. Primero debe reducirse el coste de la luz y los costes de los derechos de emisión de CO2, algo causado por los políticos y que son los factores que originan las pérdidas en Alcoa y Arcelor, junto con la caída de demanda».

Blanco calificó de «ruina empresarial pública» los recursos destinados a la SEPI y afirmó que, en su opinión, las dificultades para la competencia de industrias europeas se deben a regulaciones medioambientales, como en el caso de alumunio, o según dijo en el caso concreto de Nissan cuando «los políticos europeos quieren prohibir el diésel».

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