El tribunal investiga la cesión de los terrenos para la construcción del geriátrico del Montepío por parte del ayuntamiento de Aller
05 jun 2020 . Actualizado a las 12:55 h.La portavoz del grupo parlamentario del PP en la Junta General, Teresa Mallada declará como investigada ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el próximo 29 de junio en relación al denominado caso Hulla y en concreto por el respaldo que dio el pleno de Aller, en el año 2008, para la cesión de unos terrenos para la construcción del geriátrico de Felechosa. Mallada era entonces concejal en el consistorio y lo cierto es que todos los ediles de esa legislatura están igualmente investigados, los de todos los partidos ya que la cesión se aprobó por unanimidad, pero al ser en el presente diputada autonómica el tribunal superior ha asumido su caso por su condición de aforada.
Mallada había recibido como una noticia positiva que su investigación pasara al TSJA, algo que se anunció a el pasado mes de febrero y cuando además se señaló como instructor al magistrado Ignacio Vidau Argüelles. En aquel momento la portavoz popular calificó de «positivo» que fuera el tribunal superior que se hiciera cargo de la investigación y atribuyó a un «acto administrativo» el presunto delito de prevaricación que se indaga.
Los antecedentes
Mallada formaba parte de la corporación allerana que en 2008 aprobó la cesión de los terrenos al Montepío de la Minería para el geriátrico de Felechosa, cuya construcción está en el foco de la investigación abierta para determinar el origen de los 1,2 millones de euros y los 436.000 que regularizaron, respectivamente, el histórico líder sindical José Ángel Fernández Villa y el entonces presidente de la mutualidad, José Antonio Postigo.
La compra y cesión gratuita de los terrenos al Montepío fue aprobada en el pleno por unanimidad pese a los reparos de la intervención municipal, así como el inicio de las obras sin la licencia necesaria, según la Fiscalía, con el conocimiento de la corporación.
Esta parte de la investigación, para la que la magistrada pide la formación de una pieza separada, afecta al propio Postigo -como inductor- y a toda la corporación de Aller, que estaba integrada por siete ediles del PSOE -que gobernaba el ayuntamiento-, otros siete del PP y tres de IU, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias.
Según la Fiscalía Anticorrupción, Villa se habría prevalido del poder que le concedían sus cargos como miembro de la Comisión Ejecutiva Regional en la Federación Socialista Asturiana (FSA) y secretario general del SOMA-FITAG-UGT para situar al frente del Montepío a Postigo. Este poder, según la Fiscalía, le habría permitido a Villa influir en la decisión de que se concediera a la Mutualidad una subvención de casi 31 millones a cargo de los fondos mineros para construir un geriátrico «sin especificar la ubicación concreta del complejo», pese a que la normativa de la adjudicación de los fondos no lo contemplara.
El Montepío eligió el concejo de Aller «con la anuencia» de los responsables municipales, según la Fiscalía, que sostiene que en el Montepío tenían «la plena seguridad» de que desde el ayuntamiento no se pondría obstáculo alguno al desarrollo del proyecto, pese a que los terrenos elegidos para construir la residencia, por la normativa urbanística, no los hacía aptos al calificarlos como suelo no urbanizable y de interés agropecuario.
