El parlamento se prepara para la eventualidad de que haya diputados que aseguren que no entienden el asturiano
01 jul 2020 . Actualizado a las 05:00 h.En su artículo cuarto, del capítulo II, de la Ley de Uso vigente de la lengua asturiana se señala que, respecto al uso administrativo, «todos los ciudadanos tienen derecho a emplear el bable/asturiano y a expresarse en él, de palabra y por escrito» y serán válidas a todos los efectos «las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado de Asturias» en las que se utilice la llingua. Parece tan claro como el agua y, sin embargo, en esta legislatura la consejera de Cultura, Berta Piñán, no pudo dirigirse a la cámara más que en castellano tras las protestas de los diputados de PP y Vox. Y los letrados les dieron la razón aduciendo que el reglamento de la Junta General amparaba a los miembros electos de la cámara pero no a los designados por el Ejecutivo.
Pero probablemente esto vaya a cambiar este miércoles cuando se tome en consideración la propuesta de Izquierda Unida para reformar la normativa del parlamento con un único punto, la inclusión de un nuevo artículo 3 bis que detalle que «en el marco de lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía y, en su caso, por la legislación que lo desarrolle, tanto los Diputados en el ejercicio de sus funciones parlamentarias como los miembros del Consejo de Gobierno, los cargos y empleados públicos y cualquier persona que comparezca ante la Cámara podrán utilizar el bable/asturiano».
La propuesta cuenta con todas la papeletas para salir adelante ya que sólo necesita mayoría simple y en principio tendrá el respaldo de PSOE y Podemos, que junto a la coalición suma 26 escaños. Lo cierto es que, en las últimas legislaturas, el uso del asturiano en el hemiciclo autonómico era habitual y nunca había presentado ningún problema; fue la protesta explícita en octubre del año pasado de la diputada del PP Gloria García y del portavoz de Vox, Ignacio Blanco, la que llevó a los letrados a emitir su estricto veredicto. Pero otra cuestión es la espita que se abre y que ya avanzó la diputada del PP el día de su veto al asturiano en la comparecencia de Piñán, la de que haya que articular el uso de un traductor simultáneo en el caso de que un diputado reacio al asturiano y que asegure que no lo comprende, reclame su derecho a gozar la mediación de un intérprete.
Que se habilite un servicio de traductores es algo que ya entró en las especulaciones de los letrados de la cámara en su resolución de octubre. Fuentes de la Junta General explicaron a La Voz de Asturias que, si se diera el caso, tal decisión tendría que ser acordada por la Junta de Portavoces, que cuenta con un representante de cada grupo parlamentario (siete en esta legislatura) y también por la Mesa de la Cámara, presidida por el PSOE y en la que también hay un diputado del PP, otro de IU y uno de Ciudadanos.
A falta de que se desarrolle el debate y en la víspera de su celebración, PP y Vox no manifestaron a preguntas de este diario si reclamarían de forma expresa que se llamara a una traductor cuando un diputado o un miembro del gobierno, o cualquier otro compareciente, usara el asturiano para dirigirse al pleno. Gloria García (que en la anterior legislatura había declamado un poema de la propia Berta Piñán en el Día de les Lletres Asturianes) pidió expresamente el año pasado un traductor simultáneo al sentirse incapaz de entender adecuadamente la exposición según sus palabras. En aquella ocasión el portavoz de Vox se burló pidiendo que se permitieran intervenciones en inglés; en otro momento aseguró que no era capaz de comprender el asturiano en general, por considerarlo «bable normalizado que no se habla» y en particular señalando que «hay palabras que yo no entiendo, por ejemplo sofitu, y el reglamento obliga a que haya que entender todas y cada una de las palabras».
Porque, aunque la implementación de traductores simultáneos de asturiano en la Junta General sería de hecho una herramienta de beligerencia política, como ejemplo de gasto supérfluo por parte de los detractores de la llingua, lo cierto es que el argumento último de Blanco se atiene exactamente a la interpretación que hicieron los letrados para no amparar el uso del asturiano por parte de la consejera. Todo se basó en el artículo 23.2 de la Constitución que se refiere al derecho a participar en asuntos públicos y además a hacerlo en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Es decir, y según explicó entonces el profesor de Derecho José Manuel Pérez «también se interpreta como el precepto que consagra el derecho fundamental a ejercer la función pública y sobre la base de que no entienden el asturiano no podían ejercer su derecho a ser cargo público».