La voltereta legal que acoge el veto al asturiano en el parlamento

ASTURIAS

 El diputado de Vox, Ignacio Blanco (fondo), durante su intervención en la comparecencia de la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán (2i), ante la Junta General para exponer el programa de gobierno de su departamento. Ignacio Blanco, ha amenazado con abandonar la sala durante la comparecencia de Piñán e incluso ha propuesto que, si se iba a utilizar una lengua no cooficial, podría optarse por el inglés para el mejor entendimiento de todos.
El diputado de Vox, Ignacio Blanco (fondo), durante su intervención en la comparecencia de la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán (2i), ante la Junta General para exponer el programa de gobierno de su departamento. Ignacio Blanco, ha amenazado con abandonar la sala durante la comparecencia de Piñán e incluso ha propuesto que, si se iba a utilizar una lengua no cooficial, podría optarse por el inglés para el mejor entendimiento de todos. J.L.Cereijido

La interpretación de los letrados no permite usar asturiano a miembros del gobierno pero a diputados sí y a ciudadanos también

02 oct 2019 . Actualizado a las 10:52 h.

Uno de los argumentos de los contrarios a la oficialidad del asturiano es que pueda derivar en situaciones de «imposición», que se obligue a alguien en un determinado momento a usar una lengua en contra de su voluntad. Paradójicamente eso fue precisamente lo hicieron ayer en el parlamento los grupos más adversos al asturiano, imponer que la Consejera de Cultura, Berta Piñán, no pudiera usar esa lengua y obligarla a hablar en castellano. Lo hiicieron recurriendo además a una petición expresa que fue atendida por los servicios jurídicos de la cámara. Y así los letrados llevaron a la presidenta de la comisión, la socialista Lidia Fernández, una interpretación tan ceñida a la literalidad del artículo 11 del reglamento de la cámara que terminó por hacer apelar a la «buena voluntad» de la consejera para que se expresa en castellano. No sin que se dieran situaciones surrealistas.

El artículo 11 del reglamento del parlamento asturiano dice textualmente «en el marco de lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía y, en su caso, por la legislación que lo desarrolle, los Diputados podrán utilizar el bable en el ejercicio de sus funciones parlamentarias». De forma habitual, a lo largo de varias legislaturas, los diputados de distintos grupos han utilizado el asturiano en los plenos de la cámara y también a la hora de presentar por escrito iniciativas parlamentarias. Los letrados interpretaron ayer, sin embargo, que esta capacidad está limitada a los diputados elegidos en los comicios, a los cargos electos, y la Consejera de Cultura Berta Piñán no lo es, es una persona designada por el presidente, en el ejercicio de sus competencias, para la configuración del Gobierno.

Sin embargo este salto jurídico deja una laguna de dimensiones colosales cuando se tiene en consideración leyes como el Estatuto de Autonomía, que en su artículo 4 dice «el bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje» y remite a una ley de uso concreta, en la que se establece que «todos los ciudadanos tienen derecho a emplear el bable/asturiano y a expresarse en él, de palabra y por escrito» en el uso administrativo.