El Principado examinará todas las residencias de la región hasta el final de año
06 jul 2020 . Actualizado a las 16:42 h.El Gobierno de Asturias inspeccionará desde ahora y hasta final de año las 259 residencias de personas mayores y con discapacidad, tanto públicas como privadas, existentes en la región, según contempla el plan de inspección de servicios sociales 2020. El documento establece la necesidad de realizar una labor de control extra debido a la crisis sanitaria y su impacto en los centros de personas mayores y discapacitadas, por lo que se realizará una revisión urgente de estos recursos.
El objetivo es detectar, en caso de que las hubiera, situaciones de deficiente atención a las personas usuarias y una vez detectadas, aplicar las medidas necesarias para su corrección. El plan especifica que será el servicio de Inspección y Calidad, en coordinación con el servicio de Planificación e Innovación Social, el encargado del seguimiento de alerta temprana, tanto si se descubre algún caso de la COVID-19 en alguno de los centros, como ante cualquier otra situación de riesgo para las personas usuarias de estas residencias, tanto mayores como con algún tipo de discapacidad.
En caso de detectarse algún tipo de irregularidades éstas deberán de ser subsanadas ajustándose a los plazos que establece la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en cada caso. Para llevar a cabo estos controles y verificar que se está cumpliendo la normativa vigente en materia de servicios sociales se llevará a cabo un registro de cada actuación inspectora, que se recogerá posteriormente en la memoria anual. Dicho registro reflejará datos como el tipo de actuación desarrollada en cada centro, el objeto de la inspección y el resultado de cada una de ellas y esa memoria anual será, asimismo, objeto de publicación.
El plan de inspección de servicios sociales establece diferentes categorías de controles en los centros que van desde la autorización de nuevos centros o de modificación sustanciales de los ya existentes a la comprobación del cumplimiento de las condiciones materiales y organizativas en los centros de titularidad pública. También contemplan la comprobación de cumplimiento de las condiciones resolutorias establecidas en requerimientos o resoluciones de autorización, la acreditación de centro de titularidad privada y la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos, .
Según la Consejería, el documento sigue la senda de los anteriores planes de profundizar en un mayor nivel de detalle en la determinación de los objetivos y las acciones concretas a desarrollar después del impacto que la crisis sanitaria motivada por la COVID-19 ha tenido en los centros residenciales para personas dependientes y en el resto de centros y servicios sociales. Esta circunstancia exige «una labor extra de control y seguimiento »por parte del Servicio de Inspección y Acreditación de Centros, que conlleva la necesidad de fijar «un plan de choque urgente para la inspección de la totalidad de los centros residenciales.
