La Fampa Miguel Virgós muestra su aprobación a las primeras medidas del Ejecutivo. La presencialidad, la prioridad de gran parte de los padres
20 jul 2020 . Actualizado a las 19:43 h.Las primeras indicaciones de cara al próximo curso llegaron hace apenas unas semanas de la mano del vicepresidente del Gobierno regional, Juan Manuel Cofiño, y la consejera de Educación, Carmen Suárez. La primera noticia, que tanto esperaban gran parte de los padres de los alumnos, fue la de la presencialidad. Los niños y niñas irán a los colegios, como siempre, y esto trae de la mano la inversión de 30 millones de euros y la contratación de 400 nuevos docentes. La Federación de Asociaciones de Madres y Padres Miguel Virgós (FAMPA) se muestra favorable a las primeras medidas que se conocen.
Sobre todo aprueban la presencialidad, ya que era uno de los requisitos que consideraban más importante de cara al próximo curso 2020-2021. «Nuestra prioridad era que el curso fuese presencial, porque ha quedado demostrado que online no es posible», asegura Clara Díaz, presidenta de la asociación. Además, explica que, sumándole a esta decisión, la reducción de las ratios a 20 alumnos, hasta 4º de Primaria, y el aumento de docentes refleja la búsqueda de la mayor cantidad de medidas de seguridad y prevención.
«Es muy complicado porque la seguridad total no es posible, pero sí estamos muy contentos con las primeras medidas que conocemos», cuenta Díaz. A pesar de ello, sigue habiendo familias que tienen miedo al inicio del curso, pero la presidenta asegura que son pocos esos casos. De cara al nuevo curso, el Ejecutivo asturiano invertirá 30 millones de euros, de los que ha excluido a la educación concertada.
Esto acarrea críticas desde este lado de la educación porque «tal y como están planteadas las cosas, a nivel de medidas, nosotros sin acceso a esa financiación adicional, los centros concertados lo tenemos muy complicado», asegura Simón Cortina, director de Codema y presidente de las Escuelas Católicas de Asturias. Consideran que están siendo discriminados por el Gobierno autonómico: «Es injusto y discriminatorio». Y es que son 32.000 alumnos asturianos los que pertenecen a la educación concertada, esto se refleja en un tercio de los estudiantes, según explica el propio Cortina.
«No podríamos empezar el curso con esas medidas. No podríamos cumplirlas. Entre profesorado, medidas de higiene, seguridad, limpieza, prevención, todo lo que tiene que ver con la conectividad, con la compra de equipos informáticos… Es imposible», asegura. Y es que, según explica, la Ley Orgánica de Educación que está vigente desde 2006, prestamos un servicio educativo público. Es decir, este lo prestan, según la ley, los centros públicos y los centros privados-concertados. Al igual que Cortina, la preocupación está latente en los padres y madres de los pequeños que viven con incertidumbre a dos meses de comenzar el nuevo curso escolar.
