Considera que el argumento de la defensa de Mallada carece de validez porque con su voto a favor de la cesión de los terrenos «se hizo absolutamente responsable de lo que se derivase de ese acuerdo».
21 jul 2020 . Actualizado a las 13:04 h.El Observatorio ciudadano anticorrupción de Asturias (Ocan) se ha sumado a las tesis del Ministerio Público para que se continúe con el procedimiento judicial abierto contra la corporación municipal de Aller entre 2008 y 2010, de la que formaba parte la portavoz del PP en el parlamento asturiano, Teresa Mallada, por la cesión gratuita de los terrenos para construir una residencia geriátrica.
La fiscalía atribuye los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y prevaricación urbanística a los 17 concejales de la corporación y, como inductor, a José Antonio Postigo, entonces presidente del Montepío de la Minería que ejecutó las obras de construcción del geriátrico de Felechosa con fondos públicos.
La construcción de ese equipamiento con cargo a los fondos mineros está en el foco de la investigación abierta en el denominado caso Hulla para determinar el origen de los 1,2 millones de euros y los 436.000 que regularizaron, respectivamente, el ex secretario general del sindicato SOMA-UGT y ex dirigente del PSOE José Ángel Fernández Villa, y José Antonio Postigo.
Según la Fiscalía, los miembros de la corporación -gobernada por el PSOE con siete concejales, los mismos que el PP y en la que IU tenía tres ediles- llevaron a cabo la compra al Ayuntamiento de Mieres de los terrenos situados en Felechosa y su posterior cesión al Montepío, así como la remoción de los obstáculos urbanísticos que impedían la ejecución del proyecto.
Además, los considera responsables de las irregularidades administrativas que ampararon la construcción del inmueble sin licencia urbanística y del otorgamiento de las licencias municipales de obra y actividad y de bonificaciones fiscales en el momento de su concesión.
Ocan, que ejerce como acusación popular en este caso, está «muy de acuerdo» con las tesis la Fiscalía, por lo que ha suscrito su escrito, según ha señalado en rueda de prensa su presidente, Manuel Benayas, que considera que el argumento de la defensa de Mallada carece de validez porque con su voto a favor de la cesión de los terrenos «se hizo absolutamente responsable de lo que se derivase de ese acuerdo».
«Mallada, que ha sido presidenta de Hunosa, está muy formada y tenía que saber lo que podía generar esa situación. Otra cosa es que quizás no contasen con que, con el clima de impunidad en el que se movían acabase en los juzgados», ha afirmado en rueda de prensa.
La actual portavoz del PP en el parlamento asturiano declaró como investigada el pasado 29 de junio ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, donde aseguró que votó a favor de la cesión gratuita del terreno «con responsabilidad y asesorada jurídicamente» y que igual que entonces, «volvería a hacerlo».
Su abogado defensor, Ignacio Álvarez-Buylla, considera que hay una falta de responsabilidad y de ilegalidad en su actuación, según el dictamen de un catedrático de Derecho Administrativo que lo refrenda y a tenor de una sentencia del Tribunal Supremo en un caso similar de 2002 que, a su juicio, «es demoledora con la tesis del fiscal».
Álvarez-Buylla, que ejerce la defensa también del resto de ediles del PP e IU, afirmó que «jurídicamente» le parece «una locura» que se impute a toda una corporación y explicó que, a preguntas suyas, la propia Mallada admitió que «volvería a votar favorablemente».