Asturias pone en el punto de mira a los objetores de las clases presenciales

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Aula vacía
Aula vacía PEPA LOSADA

La comisión conjunta de Salud y Educación estudiará de forma individualizada cada caso y buscará informar a las familiar antes de recurrir a una sanción

01 oct 2020 . Actualizado a las 08:42 h.

Con el inicio de las vuelta al cole, que en Asturias se aplazó casi un mes, hasta las últimas semanas de septiembre, ha habido padres que han manifestado su resistencia a llevar a sus hijos de nuevo al colegio. En unos casos por un temor relacionado con padecer alguna enfermedas previa y en otros por puro miedo al contagio con el regreso a la escuela en la segunda ola de la pandemia. En Asturias se han organizado en una plataforma denominada «Por una Educación Presencial Voluntaria durante la pandemia» en los primeros días del nuevo curso optaron por no acudir a las aulas. Ahora, el Principado prepara su respuesta, que se formulará a través de la comisión conjunta de las consejerías de Salud y Educación, con la intención de hacer una valoración individualizada y con el ánimo de «formar e informar» a las familias antes de llegar al último recurso de una sanción. Fue la Fiscalía la recordó a comienzos de septiembre que la asistencia a las clases es una obligación y que el abstentismo escolar podría llegar a ser perseguido en última instancia.

Pero, de momento, la administración prefiere apostar por el camino de la «orientación» a los padres que hayan manifestado su temor a vover al colegio y en Asturias se articulará una respuesta «caso a caso», toda vez que desde la Abogacía del Estado ya se ha elaborado un informe igual para todas las comunidades ya que en él se señala que es un problema que atañe al conjunto de los territorios. Fuentes de la Consejería de Educacion señalaron que el pasado miércoles se formalizó el trámite que se desarrollará a partir de las próximas semanas. Por un lado, se recordó que no hay ningún cambio respecto a las situación de los escolares que padecen patologías graves, seguirán contando con los recursos establecidos, como las aulas hospitalarias y únicamente tendrán añadir las medidas de protección sanitarias específicas para el coronavirus.

A las familias que no se encuentran en esta situación y no han llevado a sus hijos al colegio (el ciclo de Primaria e Infantil comenzó el pasado 22 de septiembre y los de Secundaria, Bachillerato y FP arrancaron el pasado lunes 28) se les requerirá que presenten un informe explicando su situación y será analizado, de forma individual por la comisión conjunta de Salud y Educación. Desde el departamento educativo se resaltó que se quiere una respuesta homogéa, con criterios comunes, aunque la valoración de cada familia será singular.

En función de las circunstancias, las respuestas variarán desde se paute la vuelta a clase con condiciones específicas dependiendo de la situación familiar, a otros casos en los que se les podría reconocer el derecho a otras alternativas. La mayoría de las familias que no han acudido al nuevo curso en Asturias han reclamado que se les permita mantener el sistema de docencia telemáticia. En todo caso, desde Educación se señaló que habrá niños que tengan que volver a clase. 

Con todo, desde la consejería se insistió en que el espíritu del procedimiento pasa por buscar informar a los padres antes de llegar a una sanción, ya que consideran que en los casos en que se ha manifestado como argumento el miedo podría darse una falta de conocimiento de cómo se ha organizado el curso o de la propia situación de la enfermedad. Educación espera conocer el número concreto de padres que se han resistido a llevar a sus hijos a la escuela en las próximas semanas. Desde la Administración central, al comienzo del curso el Ministerio señaló que el porcentaje que no había acudido a la vuelta al cole era muy minoritario. 

Pero ¿qué pasa en el caso de que, incluso tras la valoración individual la familia se resistiera a que los pequeños volvieran al colegio?

A comienzos de septiembre, el Fiscal de Sala de Menores publicó una nota para unificar «los criterios de las secciones de menores de las fiscalías provinciales en materia de absentismo escolar derivados de la crisis de la COVID-19»; en ella se destaca que la actuación deberá llegar «con carácter posterior a la realización de aquellas conductas que se realicen en abierta oposición al cumplimiento del deber legal de escolarización de los menores» y no de forma preventiva. Con todo, se explicita que entre los 6 y los 16 años «persiste la obligación legal de escolarización imperativa» de acuerdo a la normativa y que «su desatención voluntaria, injustificada y persistente acarreará las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, como ha venido ocurriendo de forma habitual hasta el momento en los supuestos de absentismo».

¿En qué podría llegar a concretarse? En último extremo, ante una resistencia pertinaz e injustificada, las sanciones pueden llegar de la multa a la cárcel. El pasado 5 de septiembre, la fiscal superior del Principado, María Esther Fernández, duante la presentación de la memoria de las fiscalías en Asturias durante 2019, advirtió de que podría llegara a aplicarse el artículo 226 del Código Penal. En él se recoge que junto a una multa se podría perder la patria potestad. «El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses»; recoge en su primer punto.