La presunta estafa en un negocio de turismo rural en Tazones que ha acabado en los tribunales
ASTURIAS
El acusado afronta cuatro años de cárcel por una estafa en unos apartamentos rurales en Villaviciosa
04 nov 2020 . Actualizado a las 17:46 h.La Fiscalía solicita cuatro años de cárcel para un acusado de estafar a una persona a la que alquiló un negocio de turismo rural y vivienda en Tazones, en Villaviciosa, pese a conocer que carecía de licencia para desarrollar la actividad.
El acusado ofertó el alquiler, para negocio, de un alojamiento rural con vivienda, a través de un anuncio que publicó en 2014 en internet por el que se interesó la víctima.
El 22 de enero de 2015, la víctima firmó un contrato de arrendamiento de tres apartamentos vacaciones rurales y una vivienda, con opción a compra, en Tazones y entregó una fianza de 5.100 euros y concertó una renta mensual de 1.700 euros con el acusado que actuó en calidad de propietario-arrendador.
Sin embargo, según el relato fiscal, el negocio carecía de la preceptiva licencia municipal para la actividad y el acusado conocía que no era factible que se le otorgara por no existir licencias o informes favorables a la transformación de la vivienda original en las existentes, así como por ser la calificación del suelo no urbanizable de protección de paisaje.
En el mismo contrato ambos habían pactado la compraventa por parte de la víctima del equipamiento y ajuar interior y exterior existente en el conjunto de apartamentos, necesario para realizar la actividad de alojamientos de turismo rural, por un importe de 40.000 euros, que abonó al acusado.
La Fiscalía relata en su escrito de calificación que el acusado aún siendo conocedor de la imposibilidad de cumplir el contrato suscrito, solicitó el 4 de junio de 2015 la licencia municipal ante el Ayuntamiento de Villaviciosa a nombre de la víctima.
El informe técnico reflejó la situación real de que no constaban licencias o documentos que avalasen la transformación de la vivienda original en las actuales y que la calificación del suelo es no urbanizable y de protección del paisaje lo que dio lugar a la incoación del expediente municipal de disciplina urbanística y de reposición de la legalidad frente al acusado.
La víctima reclama un total de 73.755 euros por las rentas mensuales abonadas, el dinero que pagó conforme al contrato y el invertido en adaptar la vivienda particular; cantidad que la Fiscalía solicita que le reintegre el acusado.