Hay una batalla abierta en el seno del feminismo, a veces de forma soterrada y otras cruelmente hostil en múltiples temas, desde la forma de abordar la prostitución a la consideración de las mujeres transexuales. En este contexto no son pocas las tensiones que se dan incluso dentro de propio Ejecutivo de coalición; y así la Confluencia Movimiento Feminista, compuesta por más de 55 asociaciones feministas de todo el territorio español, incluido uno asturiano ha pedido formalmente a Pedro Sánchez que cese a la ministra de Igualdad Irene Montero.
Dentro del mapa que recoge la web de la asociación de colectivos se incluye a Rapiegas, desde Asturias, con presencia en redes y en protestas contra la prostitución, pero buena parte de los pilares que reúnen a esta alianza de grupos es una feroz virulencia contra la Ley Trans.
En su crítica a Montero manifiestan su rechazo a una normativa que, desde su punto de vista, «establecería una definición de mujer contraria a la igualdad y pondría en jaque toda la normativa» en vigor en este ámbito. A la vista de ello, la Confluencia Movimiento Feminista demanda «la reconducción inmediata» de las políticas de Igualdad y pide que se reactiven las comunicaciones para abordar «varias cuestiones ineludibles» relativas a la agenda feminista.
No es el primer encontronazo que Irene Montero tiene con el movimiento feminista. El pasado mes de noviembre ocho históricas del movimiento redactaron una carta contra la ley trans. Eran Laura Freixas, Ángeles Álvarez, Marina Gilabert, Alicia Miyares, Rosa María Rodríguez Magda, Victoria Sendón de León, Juana Serna y Amelia Valcárcel. Decían que la ley que pretende sacar adelante el Gobierno minimiza la «opresión para las mujeres, hace el juego a la visión patriarcal y misógina, y perpetúa la opresión». En su momento lamentaban que, aunque lo habían pedido en varias ocasiones, la ministra no las había querido recibir nunca.
Desde colectivos de defensa de los derechos de las personas transexuales se ha señalado a Valcárcel, por su prestigio intelectual, como un vector de oposición en Asturias al avance de su protección legal.
