Educación y oposiciones: las claves de la «oficialidad amable»

ASTURIAS

Frente al respaldo de Podemos e IU y el veto explícito de PP y Ciudadanos, Foro ha reclamado explicaciones y un modelo basado en la voluntariedad

20 sep 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

La primera ronda de contactos para la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias se cerró con un asunto estrella, la oficialidad del asturiano y los planteamientos esperados al respecto de los grupos participantes (el gobierno no invitó a Vox por su oposición al estado de las autonomías). PP y Ciudadanos rechazaron de plano la oficialidad llegando a considerarlo una línea roja en las negociaciones; Podemos e IU sumaron su respaldo a aumentar la protección de la lengua asturiana y el diputado de Foro, Adrián Pumares -que puede ser clave al sumar el voto 27 que da la mayoría suficiente- se mostró «decepcionado» por a propuesta inicial y reclamó que se clarifique cómo sería ese modelo de oficialidad.

En declaraciones a la RPA el pasado viernes, Pumares indicó que «si en el estatuto se reconoce la oficialidad luego tiene que haber una reglamentación, una ley posterior y lo que le he dicho al presidente es que hay que traducir la 'oficialidad amable' en unos términos que podamos entender todos». El secretario general de Foro recordó además que su grupo apuesta por una oficialidad «con voluntariedad, sin obligatoriedad ni imposición».

Pero no resulta fácil responder a la pregunta, de momento. Desde el Gobierno asturiano y por boca del propio presidente, Adrián Barbón, se recalcó que a partir de ahora la negociación queda en manos de los grupos parlamentarios y que esperan que entre ellos se fragüé un consenso suficiente, un acuerdo para llevar a cabo un modelo propio de oficialidad en Asturias. Eso sí, ya en la primera jornada se apuntó que el modelo de redacción (no el de implantación de la lengua en terrenos como la educación) será el de la comunidad vecina de Galicia que en el punto 5 de su Estatuto recoge que la lengua propia de Galicia es el gallego y que tanto el gallego como el castellano son oficiales y «todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos». Galicia también establece que los poderes públicos de la comunidad garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas y potenciaran la utilización del gallego en todos los órdenes de la vida pública, cultural e informativa, y, dispondrán los medios necesarios para facilitar su conocimiento, a la vez que recoge que nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua.