Bruselas declara ilegal la prórroga de la concesión de la AP-9 en Galicia. Tanto en la vía que une Asturias con León como en el caso gallego, el proceso se realizó sin iniciar previamente procedimientos de licitación
23 sep 2021 . Actualizado a las 18:48 h.El peaje del Huerna es una fuente inagotable de noticias. Desde que el año 2000 Francisco Álvarez-Cascos, Ministro de Fomento del Gobierno de José María Aznar, decidiese prorrogar la concesión hasta el año 2050 -en un principio debería finalizar en octubre de 2021-, el gravamen a los vehículos que utilizan la vía que une Asturias con la meseta ha sido objeto continuo de crítica y debate. En las últimas semanas, las negociaciones entre el Principado y el Ejecutivo de Pedro Sánchez se están centrando en la aplicación de algún tipo de rebaja que previsiblemente podría tener respaldo económico en los presupuestos de 2022. Y mientras que se resuelve este punto, una nueva variable ha entrado en juego. La Unión Europea acaba de declarar ilegal la ampliación de la concesión en la AP-9, en Galicia. Bruselas explica que esa prórroga se produjo sin iniciar previamente procedimientos de licitación, exactamente igual que ocurrió con el Huerna.
La Comisión Europea ha enviado una carta de emplazamiento a Italia y España para garantizar la correcta aplicación de las normas de la UE en materia de contratación pública y contratos de concesión. Italia y España han ampliado la duración de las concesiones de autopistas «sin iniciar previamente procedimientos de licitación». Según el Derecho de la UE, «la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante licitación», recuerda Bruselas. La Comisión se refiere de forma específica únicamente a la AP-9, pero el caso gallego presenta muchas similitudes al del peaje del Huerna.
Similitudes entre el caso gallego y el asturiano
El peaje del Huerna debería finzaliar en octubre de 2021. Sin embargo, en el 2000, con Francisco Álvarez-Cascos como Ministro de Fomento, el Gobierno del PP decidió prorrogar la concesión hasta 2050. El motivo, en palabras de Cascos «que se rebajaría el precio del peaje». La prórroga se concedió a la misma empresa (Aucalsa) sin abrir ningún proceso de licitación pública, el motivo por el que ahora Europa declara ilegal la concesión en Galicia.
El caso gallego fue parecido. Allí hubo tres ampliaciones de la concesión, con gobiernos de UCD, PSOE y PP. La última, con Aznar de presidente. Ninguna de ellas fue licitada en concurso abierto para que concurriesen más empresas, lo que imposibilitó conseguir mejores condiciones para el interés público, administración y usuarios. La última de esas prórrogas fue la más extensa de las concedidas a Audasa (la empresa concesionaria) y que llevó la explotación mediante el sistema de peajes al año 2048, dándole 25 años más de lo previsto. El motivo que alegó el Ejecutivo popular fue compensar a la compañía por la construcción de una salida directa a Ferrol hacia la AP-9 tras el accidente que bloqueó el puente de As Pías y la capital departamental.
Otra de las similitudes entre los dos casos es que tanto Aucalsa (concesionaria del peaje del Huerna) como Audasa (AP-9) son compañías que pertenecen al grupo Itínere.
La principal diferencia entre los dos procesos es que la prórroga del peaje de la AP-9 fue llevado a los tribunales por la plataforma En Colectivo. En el año 2018, Podemos Asturies impulsó una campaña encaminada a acabar con el gravamen en el Huerna y anunció su intención de presentar una denuncia, pero finalmente el caso no tuvo recorrido.
Consecuencias para España e Italia
El caso italiano ya fue objeto de una sentencia dictada en septiembre de 2019 (asunto C-526/17), en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que, al ampliar la duración de la concesión de la autopista a la «Società Autostrada Tirrenica p.A.» sin iniciar previamente un procedimiento de licitación, Italia había infringido la Directiva 2004/18/CE sobre contratación pública. Dos años después de la conclusión del Tribunal de Justicia, parece que Italia aún no ha tomado medidas para garantizar la ejecución oportuna de la sentencia.
Del mismo modo, España ha ampliado la duración de la concesión de la autopista AP-9 «sin iniciar previamente un procedimiento de licitación pública», detalla Bruselas. Por consiguiente, la Comisión ?que no hace referencia específica al peaje del Huerna a pesar de las similitudes con el caso gallego- considera que «España también ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las normas de contratación pública de la UE, en particular en virtud de la Directiva 93/37/CEE». Por este motivo, Italia y España disponen ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión. De no hacerlo, la Comisión podría optar por enviar un dictamen motivado a España y por llevar a Italia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
