La orden que incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) ha abierto una guerra de competencias por la gestión del cánido entre las comunidades y el Ministerio para la Transición Ecológica. Las primeras argumentan que, tras analizar el documento, entienden que los planes de gestión de las autonomías decaían, quedando todas las competencias en el Gobierno central. Pero este asegura ahora que eso no es así, que los planes siguen vigentes y que, por lo tanto, son las comunidades, entre ellas Asturias, las que tienen que hacer frente a los daños que el lobo ocasiona a las explotaciones ganaderas.
«Los planes de gestión siguen plenamente vigentes, quedando anulados únicamente aquellos contenidos de los mismos que contradigan la normativa aprobada», argumenta el ministerio. Eso implica que, por ejemplo, no podrá realizarse la caza deportiva del cánido en aquellas comunidades al norte del Duero en las que hasta ahora estaba permitida. Sí se podrá, continúa Transición Ecológica, «seguir eliminando determinados ejemplares conflictivos, si no existe otra alternativa satisfactoria».
Por otro lado, el ministerio también entiende que al elevar la protección del lobo no está adquiriendo nuevas competencias en su protección legal. «Las comunidades autónomas siguen siendo competentes en su gestión y conservación, lo que incluye pagos indemnizatorios que sea preciso realizar». Versión que contradice, por completo, la que solo un día antes aportaban las comunidades críticas, que entienden que, al elevarse la protección del lobo y equipararse a otras especies en peligro de extinción, decaían por completo los planes de gestión de las autonomías y, con ellos, las ayudas para compensar los daños a los ganaderos y también para que estos instalaran sistemas preventivos contra los ataques.
Transición Ecológica, por el contrario, entiende que ahora las comunidades están más obligadas que nunca a subvencionar estos daños. Porque al extenderse la protección del lobo a todo el territorio nacional se incorpora en esos nuevos ámbitos territoriales la obligación de indemnizar los daños por parte de la administración, que adquiere una responsabilidad patrimonial que antes no tenía. Y es que las administraciones no son responsables de los daños que ocasiona la fauna salvaje. La guerra está servida, con el lobo en la mitad del campo de batalla.