El ejecutivo central recurrió las deducciones en el IRPF aprobadas por el Principado
29 sep 2021 . Actualizado a las 11:28 h.El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, se ha mostrado confiado este miércoles en que el Tribunal Constitucional dé la razón a la Administración autonómica en el debate jurídico sobre la deducción fiscal de ayudas covid, recurrida por el Gobierno Central.
El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, aprobó un acuerdo por el que se solicita la impugnación ante el Tribunal Constitucional del artículo 39.8 de la ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para el año 2021. Este artículo introduce una deducción que aplicarán los contribuyentes en la base imponible del importe de subvenciones o ayudas otorgadas por la Administración del Principado de Asturias para paliar el impacto de la Covid-19 sobre los sectores especialmente afectados por la pandemia.
Para Barbón, este es un debate jurídico y no político con el Ejecutivo central, del mismo color que el asturiano, por lo que ha asegurado, en una entrevista a TPA recogida por Europa Press, que los servicios jurídicos van a defender «que la razón la tiene el Gobierno asturiano».
El Gobierno central, por su parte, defiende que la legislación estatal, en concreto el artículo 46.1.c) de la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las CCAA, establece el alcance de las competencias normativas de las comunidades autónomas en materia de deducciones en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Así, el Ejecutivo considera que las deducciones por obtener subvenciones o ayudas para paliar el impacto de la COVID-19 sobre sectores especialmente afectados, exceden las competencias normativas autonómicas, ya que se exceptúan las que afectan al desarrollo de actividades económicas.
«La autonomía financiera de las comunidades autónomas debe desenvolverse en el marco constitucional, y los impuestos cedidos son impuestos estatales, de manera que la regulación autonómica sobre estos debe limitarse a las competencias cedidas y sobre el alcance de la cesión», reivindica el Gobierno en la referencia del Consejo de Ministros.
