Melania Álvarez da «la bienvenida» al posicionamiento de PSOE y Unidas Podemos a nivel nacional y aplaude que se aborde el problema «desde una perspectiva social»
08 oct 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El Principado considera una buena noticia el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para desarrollar una ley de vivienda nacional. Melania Álvarez, consejera de Derechos Sociales y Bienestar, destaca que esa legislación estatal permitirá al Ejecutivo autonómico desarrollar su propia normativa para dar solución a las particularidades de la comunidad autónoma. A falta de que se conozcan «los detalles», Álvarez considera que es «algo insólito» que el PP haya dicho que no tiene intención de aplicar la norma en las comunidades en las que gobierna porque «todavía no está en fase parlamentaria y no se conoce su contenido».
La consejera ha dejado claro que «en Asturias tenemos un punto de partida diferente, nada tiene que ver con el de otras comunidades». Álvarez sostiene que la política en materia de los últimos años permite al Principado estar es una situación comparativamente mejor, de ahí que haya particularidades. Con todo, destaca que «la perspectiva social es importante», de ahí que dé «la bienvenida» al acuerdo de los socios de Gobierno. «Lo valoramos como algo positivo porque nos permitirá tener un marco de legislación estatal para luego desarrollar la autonómica», añade.
En cuanto a si Asturias aplicará la ley o no -el PP ya ha adelantado que no lo hará en las comunidades y en los ayuntamientos en los que gobierna- Álvarez considera que se trata de «un debate que no toca». «Es un acontecimiento insólito porque hablamos de un planteamiento legislativo que está todavía sin tramitar. Tenemos que conocer el detalle, pero el PP lo critica antes de conocerlo», sentencia Álvarez. «La prudencia debería acompañarnos y no veo que proceda negarse a aplicar una ley que no está ni en el Congreso», puntualiza en una entrevista en el programa «Asturias Hoy» de RPA.
La consejera también pone en valor la sintonía que existe entre Gobierno central y Principado en otros aspectos relacionados con la vivienda y asegura que «nosotros les trasladaremos los puntos que más nos preocupan». Eso sí, deja claro que «no renunciamos a legislar en la parte autonómica que nos corresponde. Veremos el marco general y luego la dimensión que tiene que tener en Asturias», puntualiza.
Zonas tensionadas en Asturias
Álvarez explica que, a falta de más estudios en los barrios de las zonas más pobladas, el Ministerio tiene localizada como zona tensionada el concejo de Cabrales. Esto tiene que ver con los precios del alquiler, que están condicionados por el turismo.
Sobre este punto, la consejera señala que «daremos buena cuenta del planteamiento estatal para abordar estas cuestiones, colaboraremos y abrimos la puerta a la regulación autonómica».
Las bases de la normativa estatal
Tal y como ha afirmado Álvarez, el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos es genérico, por lo que habrá que conocer «el detalle» de la ley. Hasta ahora, son tres los puntos más destacados que han trascendido del pacto.
El primero es la regulación del precio del alquiler para bajar los precios a las viviendas en manos de grandes propietarios (aquellos que poseen más de diez inmuebles), en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado. En el caso de los pequeños propietarios no habrá una intervención directa, sino que se optará por una fórmula de «congelación de precios e incentivos fiscales», de cara a poder también reducir el precio del arrendamiento.
El acuerdo alcanzado entre las dos formaciones que sustentan al Gobierno también prevé introducir un impuesto a las viviendas vacías, que se articulará como un recargo de hasta el 150 % en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) que podrán aplicar los ayuntamientos sobre esas viviendas que no estén ocupadas.
Además, la futura normativa también apuesta por potenciar el parque público de alquiler, con una reserva del 30 % de todas las promociones para vivienda protegida (de la cual la mitad se destinará al arrendamiento social).
