La ley de cambio climático obliga a limitar el uso del vehículo privado en el ámbito urbano
02 dic 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Cada una de las tres grandes ciudades asturianas deberá tener diseñados el próximo año planes de movilidad urbana que incluyan importantes restricciones al tráfico de vehículos privados. Se trata de adaptarse a la ley de cambio climático, que obliga a que en el 2023 las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan zonas de bajas emisiones (ZBE). En el caso de Asturias son Gijón, Oviedo y Avilés las ciudades que tendrán que establecer planes de movilidad sostenible para reducir las emisiones contaminantes.
¿Qué son las zonas de bajas emisiones? Técnicamente, tal y como establece la normativa, una zona de baja emisión es la delimitado por una Administración pública, generalmente un ayuntamiento, en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Las limitaciones se aplican de acuerdo con la clasificación de los vehículos en función de su nivel de emisiones. Esa es la teoría. En la práctica, una ZBE supone un cambio drástico en las condiciones de movilidad en las ciudades. Se suele empezar por una pequeña parte del suelo urbano, pero el objetivo debe ser la implantación de esas áreas restringidas a la totalidad del municipio.
La implantación obligatoria de esas zonas sensibles en el 2023 lleva aparejadas otras medidas que tienen como objetivo la reducción del uso del vehículo privado y el aumento de las áreas para los usuarios más vulnerables, como peatones y ciclistas. Se estima que aproximadamente el 35 % de las emisiones de gases contaminantes se producen por los desplazamientos de vehículos en el interior de las ciudades.
El Ministerio de Transición Ecológica y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han elaborado una guía con las directrices para la creación de zonas de bajas emisiones en las ciudades. Esas directrices no determinan una extensión mínima de esas zonas, pero sí establecen que «deberán ser significativas y suficientes para cumplir los objetivos».
Una pirámide de prioridades con el peatón en lo más alto y el coche en lo más bajo
El proyecto de creación de zonas de bajas emisiones debe cumplir un contenido mínimo en el que se tengan en cuenta criterios que definan cada modelo. En primer lugar debe establecerse la localización del área en la que se pretende mejorar la calidad del aire, el tipo de zona, la estimación de la superficie en la que se va a actuar y la población expuesta a la contaminación. Después, cada ayuntamiento tendrá que evaluar el origen de la contaminación y la lista de posibles fuentes que emiten gases invernadero. Además, deberá enumerar las medidas previstas, el calendario de aplicación, el análisis del impacto social y económico que supondrá la creación de las ZBE, los procedimientos para el seguimiento de su aplicación y un plan de comunicación y sensibilización estableciendo un diálogo con la ciudadanía y con los agentes sociales y económicos.
En todo caso, las zonas de bajas emisiones pretenden ser áreas que sirvan de palanca hacia un modelo de ciudad más saludable, eficiente, sostenible y justa. Por eso, estarán basadas en la pirámide de la movilidad, que se distribuye con un orden de prioridades encabezada por los peatones. En el segundo puesto deben estar los ciclistas. En el tercero, el diseño de un transporte público eficaz y eficiente. El cuarto lugar queda para la distribución de mercancías, y para los vehículos con dos o más ocupantes y los de movilidad compartida. El último lugar de la pirámide se destina al coche privado.