Considera que al ser hechos producidos dentro de un matrimonio están exentos de responsabilidad criminal
14 ene 2022 . Actualizado a las 11:15 h.La Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Instrucción 2 de Oviedo el sobreseimiento libre de las diligencias previas abiertas contra el presidente de Otea, Hostelería y Turismo en Asturias, José Luis Álvarez Almeida y su padre, José Silverio Álvarez, como solicitaba su madre y exesposa, respectivamente, por un delito continuado de estafa y otro de administración desleal.
El Ministerio Fiscal considera que, dado su parentesco en el momento de la supuesta comisión de los hechos, entre los años 2010 y 2020, ambos estarían exentos de responsabilidad criminal y únicamente cabría acudir a la jurisdicción civil para dirimir posibles responsabilidades, en el caso, añade, de que existieran.
El fiscal aduce que concurre la excusa absolutoria de parentesco recogida en el artículo 268 del Código Penal que se aplica a los cónyuges que no estuvieran separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y a los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí.
Una excusa absolutoria aplicable siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona con discapacidad.
Asimismo, el informe recuerda que, según el Tribunal Supremo, resulta perfectamente viable que la excusa absolutoria produzca sus efectos en la fase de instrucción o en la fase intermedia del procedimiento, mediante la oportuna resolución de sobreseimiento y, en este caso, el vínculo matrimonial entre la querellante, María Paz Almeida, y José Silverio Álvarez se mantuvo hasta el 27 de marzo de 2019, fecha de la sentencia de divorcio.
Por tanto, según la Fiscalía, los hechos imputados en la querella, en el caso de que resulten acreditados, habrían tenido lugar entre los años 2010 a 2017, cuando aún estaban casados y serían aplicables aquellos artículos del Código Penal -248, 249 252 y 253- que hacen referencia a los delitos imputados por la querellante en los que no concurre violencia o intimidación, ni tampoco abuso de vulnerabilidad por edad o por discapacidad.
María Paz Almeida imputaba a su hijo José Luis, presidente de Otea, y a su exmarido la realización de maniobras irregulares durante diez años para causar una pérdida patrimonial a ella y a sus otros dos hijos que cifraban en alrededor de un millón de euros.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo admitió a trámite, el pasado mes de diciembre, la querella presentada por María Paz Almeida, quien ratificó en el juzgado que entre los años 2010 y 2020 Silverio Álvarez, conocido como El Porretu, y su hijo José Luis, se apropiaron presuntamente mediante contratos y maniobras orquestadas de la práctica totalidad de su patrimonio.
La querellante aseguraba que los dos hosteleros idearon «este despojo patrimonial» para enriquecerse ambos a costa del caudal familiar y bajo esa apariencia de negocios válidos encubrieron toda una suerte de «arteras maniobras tejidas pausadamente» para dejarla a ella y a sus otros hijos sin patrimonio y sin herencia, por medio del traspaso de la parte productiva del patrimonio a su hijo José Luis.
María Paz Almeida añadía que fue desalojada de la vivienda familiar y que ahora vive con uno de sus hijos; informó EFE.
