Los centros califican de «mito» que haya médicos que los practiquen tras declararse objetores en hospitales públicos
29 may 2022 . Actualizado a las 09:10 h.A mediados de este mes de mayo, el gobierno aprobó una reforma del aborto, con varias modificaciones, entre ellas la de eliminar el permiso paterno para adolescentes de 16 años. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, la filtración del borrador de una resolución del Tribunal Supremo abrió la caja de los truenos por la posibilidad de que el derecho se pierda en muchos estados de mayoría conservadora. En Asturias, una comunidad de mayoría progresista consolidada durante décadas, sin embargo, el aborto sigue siendo una cuestión peliaguda y que sólo llega a los hospitales públicos en los casos en que hay patologías fetales y maternas.
Hay una línea de semanas que separa el que las asturianas que quieren interrumpir su embarazo lo hagan en las clínicas privadas de Asturias (Belladona en Gijón y Avilés y Buenavista en Oviedo), pertenecientes a la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), y es la que marca el número 14. Hasta las 14 semanas las mujeres puede decidir abortar sin tener que alegar nada y «el gran grueso de las casos», en porcentajes que superan el 90% se hacen en centros privados, si bien las prácticas están concertadas con el sistema público y no tienen coste para las pacientes. «Las técnicas hasta la semana 14 son más sencillas, ambulatorias, a partir ahí no y se hacen en hospitales normalmente porque a partir de esa semana, por pruebas, ecografías, es cuando se ve si hay patologías, incompatibilidad vital del feto, o enfermedades graves o incurables», explicó la portavoz de ACAI Celia Herrero.
El aborto sigue siendo una práctica estigmatizada dentro de la profesión médica y apenas hay facultativos que la lleven a cabo en centros públicos, «pero no tanto por una objeción ética o moral sino porque hacer abortos no suma a la trayectoria profesional, es una práctica estigmatizada, no normalizada», destacó la portavoz y en este sentido, calificó de «mito» sin base real que haya médicos que se declaran objetores en hospitales públicos pero luego practican abortos en centros privados «en las clínicas tenemos verdaderas dificultades para encontrar profesionales» y si es así lo es en buena medida porque en varias ocasiones sufren acoso y son señalados por colectivos conservadores.
Hay grupos que se ponen a rezar a las puertas de los centros para tratar de amedrentar a las pacientes; en Oviedo ha habido concentraciones de este tipo y las clínicas de Asturias en general han sufrido numerosos ataques por la vía judicial con la asociación Abogados Cristianos inundando los juzgados con denuncias y querellas que, si bien en muchos no tienen recorrido, llegan a agotar a quienes las padecen.
Los números de Asturias
Desde hace años, Asturias se encuentra entre las comunidades en las hay una mayor número de abortos en relación a su población. Las cifras correspondientes a 2020 revelan que ese año descendieron (fue el año de la pandemia) en un 10,8% al registrarse 1.860 abortos, 227 menos que en el ejercicio anterior, de los que 1.781 se llevaron a cabo en equipamientos extrahospitalarios privados y 79 en hospitales (66 en centros públicos y 13 en privados).
A nivel nacional, del total de intervenciones, el 84,51% se realizó en centros autorizados para la interrupción del embarazo (concertados o no) y el 15,49 % restante en centros públicos. En el caso de Asturias la tasa de abortos por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años se situó en 12,03 -un punto menos que en 2019-, una cifra que supera la registrada en el conjunto de España (10,33) y que es la segunda más alta del país tras la de Cataluña (13,44).
De los 1.860 abortos practicados en el Principado 1.420 tuvieron lugar en las ocho primeras semanas de gestación y el mayor volumen se llevó a cabo entre mujeres de entre 20 y 20 años, con 385, y en 1.777 casos se hizo a petición de la mujer mientras que en otros 129 fue a causa del riesgo para su salud y en 82 por la existencia de graves anomalías en el feto.
Además, 864 de las mujeres que se sometieron a esta intervención tenía estudios de Bachillerato o ciclos de FP mientras que 935 no tenía hijos y en 1.206 casos no había tenido ningún aborto anterior y en 453 había tenido uno mientras que 942 de ellas convivían en pareja y 966 son trabajadoras por cuenta ajena. Por nacionalidades, 1.459 de las mujeres que abortaron voluntariamente eran españolas, 86 del resto de países de la UE, 5 de otras naciones europeas, 30 de África, 270 de América y 9 de Asia.
La nueva ley
En la presentación de la nueva norma, que no entrará en vigor hasta el año próximo y después de pasar el Consejo Consultivo, el Congreso y el Senado, la de Igualdad, Irene Montero, desgranó los seis puntos fundamentales de un proyecto que, asegura, es un referente a nivel europeo.
- Educación sexual obligatoria. «La educación sexual y la salud sexual formarán parte de la vida de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres a lo largo de toda su vida». La ministra relató la importancia de incluir esta formación desde «la primera infancia». «Tiene que servir para conocer mejor nuestros cuerpos, para tener relaciones basadas en los buenos tratos y libres de violencias; y para poner el consentimiento en el centro de nuestras relaciones afectivas», afirmó. «Estamos decidiendo -añadió- si queremos que los primeros aprendizajes sobre la sexualidad de nuestros hijos e hijas sean a través del acceso temprano a la pornografía violenta (que está sobre los ocho años de edad), o si queremos que desde las instituciones acompañemos estos aprendizajes para garantizar que nuestros niños y niñas aprenden a tener relaciones basadas en los buenos tratos».
- Anticoncepción gratuita. Se distribuirá en institutos, centros penitenciarios y centros de menores para garantizar el acceso a un porcentaje cuanto más amplio mejor de la población. Se distribuirán métodos anticonceptivos en institutos, centros penitenciarios y centros de menores para garantizar el acceso de toda la población de esas edades. Se promoverá el desarrollo de investigación relacionada con anticoncepción masculina «con la lógica de la corresponsabilidad, para que la anticoncepción no sea una responsabilidad exclusiva de las mujeres y sea también asumida por los hombres».
- Ampliación del derecho al aborto. Se elimina el permiso paterno para las adolescentes de 16 y 17 años, y también para las jóvenes de estas edades que tengan discapacidad. En este sentido, sin embargo, Montero se mostró convencida de que «la gran mayoría de los jóvenes y mujeres con discapacidad confiarán en sus padres y madres, familiares o amigas cuando den este paso», pero ha insistido en que la decisión será suya. Tampoco serán necesarios ya los tres días de reflexión y la interrupción del embarazo deberá realizarse «en el centro público más cercano a su domicilio», para evitar grandes desplazamientos. También se regulará la objeción de conciencia de los sanitarios para garantizar a las mujeres este servicio en todo momento. En este punto se incluye también el derecho a baja laboral para quienes pasan por un proceso de interrupción voluntaria de embarazo, así como la distribución gratuita de la píldora del día después en centros de salud. También será obligatorio que esté disponible en todas las farmacias.
- Acompañamiento en el embarazo y parto. «Se amplían derechos para las mujeres que elijan ser madres, para acompañar ese proceso de elección y de vivencia de la maternidad». La ministra anunció un permiso preparto desde la semana 39 que no restará tiempo del posterior permiso por maternidad. Montero destacó que habrá «una apuesta decidida por la promoción de las buenas prácticas gineco-obstétricas» y se pondrá en marcha un protocolo «para que las directrices estatales e internacionales para garantizar un parto respetado lleguen a todos los hospitales».
- Bajas por reglas incapacitantes. «La regla va a dejar de ser un tabú». Es la frase con la que Montero resume la aprobación de la baja para mujeres que tengan reglas dolorosas incapacitantes, de las que serán beneficiarias todas aquellas féminas que sufran mucho dolor durante la menstruación, tanto si es por causas de patologías asociadas (como ovarios poliquísticos o endometriosis) o si es por otras causas. Además, este punto incluye también la distribución de productos de higiene femenina gratis en centros educativos y similares para combatir la «pobreza menstrual».
- La gestación subrogada, sin persecución legal. El último apartado de la ley habla de combatir todo tipo de explotación reproductiva para las mujeres con la garantía del aborto «libre y seguro». La explotación reproductiva pasará a ser considerada como una forma de violencia contra las mujeres, pero sin castigo para las parejas que recurran a la gestación subrogada. El aborto forzado o el embarazo forzado, la esterilización forzosa o la anticoncepción forzosa» también serán violencia contra la mujer.