Este es el coste de las derivaciones del aborto a clínicas privadas en Asturias

L.O.

ASTURIAS

F. Sotomonte

Desde el año 2015 el número de interrupciones voluntarias del embarazo ha marcado un descenso en la comunidad

13 jul 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

El derecho de las mujeres a decidir sobre su propio embarazo parecía algo plenamente consolidado al menos en buena parte de los países llamados «occidentales» hasta una decisión del Tribunal Supremo estadounidense ha abierto una vía estratégica para tratar de revertirlo entre movimientos conservadores. La más reciente ley española ha sido contestada, entre por puntos, por eliminar el requisito del permiso paterno para las adolescentes de 16 y 17 años. En Asturias, una de las comunidades en las que más se lleva a cabo esta práctica respecto al conjunto de territorios, la práctica totalidad de los abortos se realizan en clínica privadas concertadas y en el sistema público quedan los casos en que hay patologías fetales y maternas. ¿Qué coste tienen esas derivaciones para el Principado?

La respuesta fue ofrecida por la Consejería de Salud a una pregunta parlamentaria planteada por el diputado de Podemos Asturies, Daniel Ripa. En ella se detallan los casos y la cuantía pagada por la administración pública desde 2015 hasta el mes de mayo de este 2022. En total son 7.081.412 euros. El coste ronda el millón anual porque el número de intervenciones también es relativamente constante, unas 2.000 al año, aunque con una tendencia decreciente, cada vez se hacen menos abortos, y con el hito excepcional del primer año de la pandemia que trastoca, con su parón de actividad, todas las estadísticas.

Las clínicas privadas de Asturias son Belladona en Gijón y Avilés y Buenavista en Oviedo; hasta el año 2019 se contaba tres centros concertados con el Principado y desde ese año al presente sólo son dos. En 2015 se realizaron 2.088 procedimientos «facturados al Sespa»; en 2016 fueron 2.010; en 2017 subieron ligeramente a 2.063; en 2018 iniciaron el descenso con 1.960; en 2019 fueron 1.981; en 2020 se contabilizaron 1.784; en 2021 (con el registro de la pandemia) fueron 1.516 y en los cinco primeros meses de este año se cuentan 764. 

El pasado mes de mayo, en declaraciones concedidas a La Voz de Asturias, la portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Celia Herrero, explicó que hasta las 14 semanas las mujeres puede decidir abortar sin tener que alegar nada y «el gran grueso de las casos», en porcentajes que superan el 90% se hacen en centros privados, si bien las prácticas están concertadas con el sistema público y no tienen coste para las pacientes. «Las técnicas hasta la semana 14 son más sencillas, ambulatorias, a partir ahí no y se hacen en hospitales normalmente porque a partir de esa semana, por pruebas, ecografías, es cuando se ve si hay patologías, incompatibilidad vital del feto, o enfermedades graves o incurables».

Tomando como referencia los datos de 2020, a nivel nacional, del total de intervenciones, el 84,51% se realizó en centros autorizados para la interrupción del embarazo (concertados o no) y el 15,49 % restante en centros públicos. En el caso de Asturias la tasa de abortos por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años se situó en 12,03 -un punto menos que en 2019-, una cifra que supera la registrada en el conjunto de España (10,33) y que es la segunda más alta del país tras la de Cataluña (13,44). De los alrededor de 1.800 interrupciones del embarazo practicadas ese año en Asturias, la gran mayoría, unos 1.400 tuvieron lugar en las ocho primeras semanas de gestación y el mayor volumen se llevó a cabo entre mujeres de entre 20 y 20 años. De nuevo en un amplísimo porcentaje, más de 1.700 se hicieron a petición de la mujer mientras que en el resto se practicaron causa del riesgo para su salud y, en menor medida por la existencia de graves anomalías en el feto.

La portavoz de ACAI Celia Herrero, explicó entonces que el aborto sigue siendo una práctica estigmatizada dentro de la profesión médica y apenas hay facultativos que la lleven a cabo en centros públicos, «pero no tanto por una objeción ética o moral sino porque hacer abortos no suma a la trayectoria profesional, es una práctica estigmatizada, no normalizada», destacó la portavoz y en este sentido, calificó de «mito» sin base real que haya médicos que se declaran objetores en hospitales públicos pero luego practican abortos en centros privados «en las clínicas tenemos verdaderas dificultades para encontrar profesionales» y si es así lo es en buena medida porque en varias ocasiones sufren acoso y son señalados por colectivos conservadores.