Gustavo Suárez Pertierra: «Uno de cada siete adolescentes tiene un trastorno mental diagnosticado»

«Una Ley de Infancia y Adolescencia autonómica pondría de manifiesto las prioridades», dice el asturiano Gustavo Suárez Pertierra (Cudillero, 1949), presidente de Unicef España, que hace un llamamiento a poner el foco en el problema de la pobreza infantil, que se ha recrudecido tras la pandemia. 

—Reclamaba hace unos días acabar con el estigma del trastorno mental, y lo hacía en un contexto de pospandemia, que parece haber golpeado especialmente a los más jóvenes.

—El problema con la salud mental, y con infantil especialmente, es que está funcionando una  especie de barrera social que impide que salga al exterior. Consideramos que las personas que tienen una afección de salud mental tienen un estigma y las las ocultamos. Eso no es bueno, porque evita que la sociedad se haga cargo de un problema que tiene que resolver. Si funciona el tabú no seremos capaces de valorar en todos sus términos el trastorno. Según datos de Unicef un 13% de los adolescentes del mundo, es decir, uno de cada siete, tiene un trastorno mental diagnosticado y hay del orden de un 15 % de jóvenes españoles que muestran síntomas de ansiedad. No es un trastorno mental, pero es un caldo de cultivo para que luego puedan producirse enfermedades más graves. 

Tenemos que valorar en la pospandemia las consecuencias de todo este tiempo, pero ya sabemos algunas cosas. Por ejemplo, se han detectado en España un 10% más de urgencias pediátricas psiquiátricas. En la pandemia, hemos privado a los chicos y a las chicas a los niños y a los adolescentes de tener compañía, les hemos privado de ir al colegio, por tanto, de socializar y eso provoca tensiones en unas mentes que están en formación el caso de los niños y las niñas y en unas mentes que están en un momento muy serio de la vida, que están llegando a la madurez como son los adolescentes. Por no hablar de los niños y adolescentes que están en lugares de crisis, atormentados por el clima, por la sequía, por la pobreza o por la guerra.

—La más mediática es la guerra en Ucrania, con múltiples consecuencias, entre ellas una nueva ola de desplazamientos. ¿Cómo hay que abordarla?

—La agresión injustificada y terrible en Ucrania ha provocado muchas consecuencias negativas. Dos de cada tres niños ucranianos se han desplazado, o dentro de Ucrania o al exterior. Ha habido del orden de 13 millones de refugiados,fundamentalmente niños y mujeres. Hay 100 millones de refugiados en el mundo, no solo los de Ucrania. La mitad son niños y niñas y jóvenes.  En Yemen desde el año 2015, han muerto o están mutilados del orden de 10.000 niños. Esa es la envergadura del problema.

La Unión Europea ha tenido una respuesta inmediata con sus decretos de acogida y han sabido responder de una manera como no estábamos acostumbrados a este fenómeno migratorio. La administración española ha ido creando esos cuatro centros de referencia que han acogido primeramente a los inmigrantes desplazados que van llegando y que contando con el concurso de las comunidades autónomas, también de Galicia. Hay que ser muy cuidadosos con todo el sistema de acogida, porque la explosión de los desplazamientos, sobre todo durante los primeros meses, era tan grande que no sabíamos a dónde llegaban las personas, si estaban en manos de personas que podían responder, solo hay que recordar a las personas voluntaristas que iban personalmente a buscarlos. Tenemos que responder a todas las derivadas de la guerra, porque nos interpela al resto de las sociedades.

—Ahora que habla de la respuesta a la que no estábamos acostumbrados de la UE, recordaba a otros migrantes para los que no ha sido tan sencillo, como la crisis siria.

—O África.

—Efectivamente, como la tragedia de la valla de Melilla. Pensaba en eso y el discurso de odio que se han visto contra estos migrantes. Y pensaba en concreto en la criminalización de los menores no acompañados, los menas. 

—Esa reacción es un fenómeno muy peligroso, que amenaza a las sociedades modernas y con el que hay que enfrentarse. Las sociedades modernas son por naturaleza sociedades muy abiertas, que se desenvuelven en unas circunstancias nuevas, en las que no hay distancias ni hay fronteras y en las que la diversidad tiene que ser un valor. Tenemos que ser capaces de conseguir no solo que el diverso se integre en nuestras sociedades, sino que lo haga con sus valores y que enriquezca los valores propios de nuestra sociedad. Que por cierto, nuestra sociedad en términos generales es una sociedad muy tolerante y muy solidaria.

Es un fenómeno que hay que tener muy presente porque porque si no las sociedades corren el peligro de reaccionar con rechazo al que viene al que viene de lejos. En el caso de los menores no acompañados el tema es verdaderamente terrible, porque están en la peor situación que puede estar una persona: son niños, por tanto pertenecen al grupo social más desvalido, son migrantes y además están solos. Están sometidos a todo tipo de explotaciones y tensiones posibles. A la llegada hay que acogerles y hay que determinar cuál es  el interés superior del menor. Esto lo manda muy claramente la Convención de Derechos del Niño que es el tratado internacional más ratificado de la historia. El interés del menor es la norma que debe guiar nuestras conductas.

La siguiente trinchera es el sistema de acogida, en el que hay algunas claves que tienen que funcionar: se les tienen que ofrecer todas las capacidades que tiene la sociedad del bienestar, como acceso a la salud y la educación. Hay que montar un sistema de acogida que alcance a todo el territorio nacional, es decir, que las comunidades autónomas tienen que aceptar la llegada de esas personas y que se encuentran en situaciones de una debilidad extraordinaria. Cuando todo eso funcione podremos hablar de que el sistema está funcionando.

—Que efectivamente está acogiendo.

—Que está acogiendo, que está atendiendo los derechos de las personas, que les está protegiendo y que les está dando todas las oportunidades. Sabemos que no es fácil, pero pero hemos de saber hacerlo. Los últimos datos que tengo en la cabeza es que hay algo más de 8.600 menores migrantes no acompañados. No puede ser que no seamos capaces de enfrentarnos con ese problema. Son 8.600 personas que han llamado a nuestras puertas para pedirnos ayuda. Tenemos un sistema de acogida en España que está muy bien diseñado, pero que necesita de planes de contingencia y esquemas de derivación hacia las diferentes administraciones.

—Volviendo a la guerra. Luego están las consecuencias aquí del conflicto armado, con una crisis energética, otra financiera... 

—Estamos en un momento crítico para los grupos más vulnerables, especialmente para la infancia, porque tenemos un conjunto de crisis que han ido impactando sucesivamente sobre las sociedades de tal manera que han supuesto romper la línea de avance que habíamos tenido en relación con el bienestar de las personas más desvalidas.

Empezamos por la crisis financiera del 2008, seguimos por la pandemia. La guerra ha traído una crisis energética extraordinaria y que no esperábamos y una crisis alimentaria extraordinaria, (el 92% el grano de Somalia, que está sometida a unas sequías brutales, viene de Rusia y Ucrania) y está también la emergencia de riesgo climático. Todo esto impacta de tal manera en la sociedad que rompe el avance de la disminución de la pobreza. En los últimos 20 años, hemos sido capaces de bajar la pobreza en el mundo a la mitad. Solo la pandemia ha generado 100 millones más de niños pobres. Luego tenemos las consecuencias sobre la educación.

—O el acceso a la salud.

—Hemos hemos llevado tanto recursos a las vacunas contra la covid que los sistemas sanitarios frágiles de los países pobres se resienten y han dejado vacunar para el sarampión. Hay 25 millones de niños esperando en este momento la vacuna del sarampión. 

—Sobre la mesa está la protección y los derechos de la infancia en el entorno digital. Promueven es la del coordinador de protección para prevenir violencias contra la infancia.

—Hemos hecho un estudio con la USC y el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática, que ofrece datos que son preocupantes. Los avances tecnológicos ofrecen extraordinarias oportunidades de formación y desarrollo para los niños y los jóvenes pero también suponen  riesgos muy importantes. Más del 95% de los adolescentes españoles tienen dispositivo con Internet. El 90% se conecta todos los días y el 30% de ese 90% cada día está conectado 5 horas, un porcentaje que crece hasta el 50 % los fines de semana. Esto ofrece muchas oportunidades, pero plantea muchos peligros. Si de ahí vamos a determinar las oportunidades de acoso a través de la red, del establecimiento de relaciones con desconocidos... es un peligro real importantísimo. 

Son muy frecuentes las discusiones domésticas a causa del uso de estos dispositivos, pero por cierto, para que no todo sea culpa de lo niños, un 36% de los jóvenes nos dice que sus padres utilizan los móviles a la hora de comer. En esto las familias tienen un papel preponderante, pero también lo tienen los responsables institucionales y los centros educativos. La ley de protección contra la violencia infantil prevé la figura de un coordinador de protección en cada centro educativo. Es muy necesario el que se establezcan los centros educativos, aunque supone un coste, una figura que puede tener tener muchísimo recorrido, por ejemplo para la prevención de los problemas de salud mental. Las administraciones educativas lo están valorando y algunas deciden fusionar la nueva con otras que también están en los centros, como la del orientador. Creemos que habría que tender a a implantar la figura del coordinador en todos sus términos y con toda la fuerza que prevé la ley.

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