Hacienda valora las fórmulas para evitar la subida extrema de los peajes

Carlos Punzón
CARLOS PUNZÓN REDACCIÓN

ASTURIAS

Peaje del Huerna
Peaje del Huerna RTPA

Transportes ya ha contactado con las autopistas para testar su disposición

14 dic 2022 . Actualizado a las 16:23 h.

El Ministerio de Hacienda analiza desde hace semanas las fórmulas que baraja el departamento de Transportes del Gobierno para evitar que los peajes de las autopistas estatales se disparen a partir del 1 de enero por encima del 8%, como podría ocurrir en el Huerna, la vía que une Asturias con la meseta. El visto bueno de la cartera encargada de cuadrar las cuentas públicas es una condición imprescindible para aplicar cualquier cambio en las tarifas que origine un recorte en los ingresos del Estado vía impuestos, o para dar cobertura con fondos públicos a la cifra de negocio que cada concesionaria deje de percibir de forma directa a través del pago de sus usuarios.

Fuentes del Ministerio de Transportes señalan que la búsqueda de fórmulas que puedan topar el encarecimiento de los peajes se inició conjuntamente con Hacienda antes incluso de que con el IPC de octubre se pudiese determinar cuánto tendrían que subir los peajes, al estimar que el incremento rondaría los nueve puntos y se comería una buena parte de las bonificaciones implantadas en la AP-66 asturleonesa (la autopista del Huerna) o en la AP-9 gallega. La fórmula de cálculo que determina la variación en las tarifas de las autopistas acabó estableciendo que de media tendrán que subir el año que viene un 8,38 %, aunque será un punto más en la Autopista del Atlántico para seguir compensando a Audasa su inversión en la ampliación del vial en el puente de Rande y Santiago.

Según señalan fuentes del sector, la intención de adoptar una fórmula que rebaje el impacto de la subida fue comunicada ya desde Transportes a la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), como desde la empresa pública Ineco también se habría comentado a representantes de Aetis, la organización que agrupa a las empresas de cobro de peajes electrónico.

Las instancias consultadas señalan que no hay aún propuesta oficial alguna, ni negociaciones abiertas, mientras que desde fuentes ligadas a concesionarias de peaje estatales aducen como regla de oro el peso de la normativa legal que ampara la variación de precios en función del IPC y los propios contratos de concesión en cada autopista, que también recogen el derecho a subir las tarifas.

Transportes guarda silencio de momento sobre de qué manera mitigará una subida de casi un euro que podría suponer que el peaje entre Campomanes y La Magdalena (León) pase a costar casi 15 euros.

Diversos especialistas consultados por La Voz estiman que para evitar la subida extrema que determina el IPC, el Gobierno tendría que optar por asumir desde las arcas públicas parte del incremento de tarifas, o bien actuar desde el campo impositivo reduciendo de manera coyuntural la carga fiscal de las concesionarias o rebajando, también de manera puntual, el IVA en los peajes, que es del 21 %.

Repercusión para el futuro

La vía que se adopte tendrá en todo caso repercusión futura en la recaudación de las concesionarias de peaje, pues cada variación anual en sus tarifas marca el punto de partida para actualizarlas en el ejercicio siguiente. Si el Estado asumiese la subida, la medida debería repetirse cada año hasta el fin del contrato.

Desde el sector de las autopistas no se baraja de entrada un perdón a la subida a la que le da derecho la fórmula con la que se varían los peajes desde el año 2000. Al contrario de lo que subrayó el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, de que las concesionarias no han visto incrementados sus gastos en la misma medida que el coste de la vida, pues no depende directamente del encarecimiento de los combustibles en sus consumos, el sector de las autopistas aduce que la subida de tipos de interés hace más costoso el pago de sus deudas, como también han subido los materiales de obra para reposiciones, gasoil para sus flotas o los salarios de sus trabajadores. 

La Justicia rechazó anteriores congelaciones de tarifas

Cualquier cambio que se obligue hacer a la concesionaria de una autopista que no esté contemplado en el contrato de explotación, tiene que ser compensado si le acarrea una pérdida de ingresos o un gasto. Eso es lo que señalan las sucesivas sentencias emitidas o ratificadas por el Tribunal Supremo en respuesta a las demandas interpuestas por las concesionarias de autopistas.

El caso más sonado ocurrió el año 2000, cuando el entonces ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado (PP), decretó que se prorrogasen las tarifas del año anterior por «interés público» y porque desde 1990, año en el que se había fijado el anterior sistema de actualización de peajes, las concesionarias habían multiplicado sus ingresos al aumentar el tráfico de vehículos en España. Las concesionarias reclamaron una indemnización, tal y como establece la Ley de Autopistas de 1972, y adujeron que incluso a finales del año 2000 otra ley que reguló el sector admitía la compensación ante cualquier cambio que alterase el equilibrio económico-financiero de los planes de negocio de las concesionarias.

El Supremo no entró en el fondo de la demanda, ya que estimó que el decreto de congelación de peajes de Arias-Salgado era ilegal al no haber sido sometido al dictamen del Consejo de Estado. Pero aunque no valoró la demanda, el tribunal advirtió que en sendas actuaciones similares de 1999 y el mismo 2000, se había acuñado una doctrina que declara como «incumplimiento contractual que altera ilegalmente el equilibrio económico de la concesión, la prórroga de las tarifas y peajes sin compensación». En definitiva, estimó que mantener inalterables los peajes por decreto gubernamental modificó las reglas de la concesión de cada autopista.

Por ello será necesario ahora que las empresas que se vean afectadas por no subir los peajes el año que viene en el 8,38 % de media definido para el sector, den su aprobación a la contención de tarifas que ha prometido el Gobierno.