
La plataforma que impulsa el procedimiento exige el pago de las subvenciones al Principado, que en algunos casos se elevan hasta los 3.000 euros
17 abr 2023 . Actualizado a las 17:24 h.Una demanda presentada en Avilés será la primera que alcance el próximo 2 de mayo la fase de juicio oral dentro del proceso impulsado por la Plataforma por las Ayudas al Alquiler de Vivienda para exigir el pago de esas subvenciones por parte del Principado que se eleva en algunos casos hasta una deuda de 3.000 euros.
Este colectivo se creó para reclamar de la administración autonómica que agilizase unas ayudas cuya convocatoria se publicó en abril de 2021 para las subvenciones correspondientes a ese ejercicio, que debían llegar a unas 3.600 personas de las que entre el 70% y el 80% no las han percibido aún, según la Plataforma.
Sin que el Principado haya publicado todavía la convocatoria de ayudas correspondiente a 2022, los afectados comenzaron el pasado mes de diciembre a acudir al Colegio de Abogados de Oviedo para solicitar la justicia gratuita y la asignación de un letrado de oficio para tramitar la demanda. Desde entonces, según la portavoz del colectivo, Yolanda Gutiérrez, únicamente se ha fijado fecha para el juicio correspondiente a una demanda registrada en Avilés, pero no así del resto de las presentadas de las que ha asegurado que no saben «nada».
Gutiérrez ha recordado además que el pasado 23 de marzo se reunieron con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, que se comprometió con la Plataforma a que a primeros de abril se publicaría la convocatoria de ayudas de 2022 sin que haya sido así. Los representantes de la plataforma han hecho estas afirmaciones en una rueda de prensa junto al coordinador de IU, Ovidio Zapico, que ha lamentado que en la «guerra contra la burocracia» que dice haber abierto el Gobierno regional «sólo hay víctimas sociales».
Zapico ha subrayado que se trata de ayudas que constituyen «un derecho» de esos ciudadanos «y no una limosna» y ha exigido que se les aplique el mismo criterio que el que se usa con las empresas en leyes como la Calidad Ambiental para permitirles iniciar su actividad con una mera declaración responsable. «La declaración responsable es sólo para los empresarios, no para la gente común con la que también se podrían comprobar después de los datos porque no hay razones para desconfiar de esas personas», ha añadido.
Por su parte, el candidato en Oviedo de IU-Convocoatoria por Asturias, Gaspar Llamazares, ha considerado que el anuncio de la movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para alquiler asequible tendrá escasa incidencia en Asturias. Según sus datos, la Sareb dispone de 756 solares en Asturias y de 395 viviendas, de las que 30 se ubican en Oviedo, en concreto en la zona de La Manjoya, informa Efe.