El Principado ya planteó una propuesta la Ejecutivo central la pasada legislatura
15 sep 2023 . Actualizado a las 05:00 h.A pesar de que hay varios grupos que han valorado en los últimos meses la posibilidad de que Asturias iniciara una negociación para asumir las competencias de los trenes de Cercanías, lo cierto es que el Ejecutivo de Adrián Barbón siempre se ha manifestado renuente por el elevado costo de esta gestión que lo haría inviable para la comunidad a menos que se hubiera pactado una transferencia con financiación suficiente. Algo complejo y que además crece en el tiempo. Sin embargo sí hay ámbitos en los que el Principado ha valorado ampliar su autogobierno y ademas en esta nueva legislatura.
De forma explícita en el otoño del año pasado, Barbón manifestó su intención de que el Principado asumiera la gestión gestión de las cuencas fluviales que discurren íntegramente por la región. De hecho en aquel momento, y aprovechando una visita a Asturias de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se intercambiaron los primeros documentos de propuestas en este sentido.
Que Asturias asumiera la gestión de los ríos en la comunidad es la posibilidad que se llegó a estudiar en tiempos del presidente Vicente Álvarez Areces aunque no llegó a cuajar entonces. La pasada legislatura, el parlamento autonómico había apremiado al Ejecutivo de Barbón, a que continuase los contactos con la Administración central para el traspaso de esta competencia, una de las pocas que quedan por asumir para completar lo previsto en el Estatuto de Autonomía.
La iniciativa promovida por IU -que hoy forma parte del Gobierno-, y que contó con los votos a favor de todos los grupos, salvo PP y Vox, pedía que se asumiese «en el plazo más breve posible» y que tuviese garantizada una «adecuada financiación, salvaguardando los intereses de la comunidad». El Principado asumiría así la gestión del 69 por ciento de las aguas que discurren por el Principado, todas salvo las de las cuencas del Eo y de Navia (compartidos con Galicia), Sella (compartida con Castilla y León) y Deva (compartida con Cantabria y Castilla y León), que seguirían en manos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
En el lejano 2008, el Estado se había comprometido a transferir 6,85 millones de euros anuales en inversión y otros 630.000 para apoyar los gastos corrientes de la transferencia en la gestión de los ríos que nacen y mueren en la comunidad, ya que el Estado se reserva la gestión de las cuencas intracomunitarias. En aquel entonces se desató una pequeña polémica política al defender el PP que el Nalón no discurría íntegramente por Asturias sino que su origen primordial está en León.
Antes de que se desarrollara la prestación estatal, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), en Asturias ya funcionaba el Salario Social y era una de las iniciativas autonómicas, detrás de las forales de Navarra y País Vasco, de mayor extensión, llegando a alrededor de 45.000 personas.
Al ponerse en marcha el IMV, el País Vasco reclamó gestionar la prestación en su comunidad, y así se hizo. Asturias no se lo planteó en su momento y de hecho vio en el IMV una oportunidad para dedicar los recursos, materiales pero sobre todo humanos, del Salario Social para reducir la lista de espera de la Ley de Dependencia. Este era el objetivo declarado, sin embargo, la consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, declaró a finales de agosto, tras la formación del nuevo ejecutivo asturiano, su intención de que el Principado lo asuma: «antes de que acabe la legislatura, el Principado gestionará el ingreso mínimo vital. Su tramitación y su presupuesto»; declaró.
No es que el Salario Social asturiano funcionara sin problemas pero la puesta en marcha de la prestación estatal, desde la administración central, estuvo marcada por muchos problemas de gestión, demoras y trabas burocráticas que ensombrecieron el despliegue de la medida. De hecho desde la administración asturiana se puso en marcha en su arranque un sistema para facilitar los trámites de las personas beneficiarias que pasaran del Salario Social autonómico al IMV estatal, pero tuvieron que repetirlo al rechazar la administración central el protocolo.
En el último balance de la IMV en Asturias, con datos para mediados de este 2023, se contaban en la comunidad alrededor de 40.000 beneficiarios, la mayoría, casi el 60% son mujeres. Dentro de los beneficiarios se cuentan unidades familiares, algo menos de 10.000, en las que se encuentran menores. En la amplia mayoría de los casos sin pequeños con un único progenitor, la madre generalmente, y la prestación que reciben es de poco más de 900 euros al mes.