Patronal y sindicatos mantienen un encuentro con el Gobierno del Principado y se citan para diciembre
07 nov 2023 . Actualizado a las 19:19 h.La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha afirmado este martes que la concertación social desarrollada durante la pasada legislatura, que ha sido «excepcional» al haber sido «más corta», se está concretando con «un amplio grado de cumplimiento».
«En estas últimas semanas se acabará de perfilar esta concertación para poder ya iniciar la otra a partir del mes de diciembre, pero el análisis que hemos hecho es positivo», ha subrayado Llamedo en declaraciones a los periodistas tras reunirse con los agentes sociales y económicos para analizar la actual concertación.
En este encuentro presidido por el jefe del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón, se ha señalado el 16 de diciembre como la fecha de inicio de las negociaciones para la próxima concertación social, que, según ha remarcado Llamedo, es «una seña de identidad de este de este Gobierno».
A partir de esa fecha, ha puntualizado la vicepresidenta, se definirá junto a los sindicatos y la patronal cuáles han de ser «los pilares fundamentales» y «los puntos más interesantes a intensificar» en las políticas que se desarrollen en el Principado durante los próximos cuatro años.
En este sentido, Llamedo ha señalado a la industria, el empleo, la juventud y la igualdad como las «cuestiones fundamentales que han de ser marco de ese diálogo para definir la próxima concertación social cuando finalmente se concreten las mesas que forman parte de la misma».
Los empresarios piden más agilidad administrativa
La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha apostado por poner en el foco el sector industrial, algo que, según ha dicho, responde a un «consenso social y económico en la comunidad, en un momento en el que está atravesando una situación complicada en un entorno complejo».
Calvo también ha subrayado la necesidad de avanzar en la simplificación administrativa relacionada con la formación para el empleo y en la digitalización del tejido empresarial.
En definitiva, ha resumido, la patronal apuesta por »poner en el centro a la empresa y a la actividad económica, que es la clave para «sustentar las políticas sociales y el resto de políticas».
UGT y CCOO piden ejecutar los acuerdos pendientes
Desde el ámbito sindical, el secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, ha señalado que la nueva concertación social debe recoger medidas no solo con «impacto económico» sino también con «impacto social» y tiene que incluir la creación de una mesa de contratación y otra específica para fondos europeos.
El dirigente sindical también ha reclamado que se cree otra mesa que analice las ofertas laborales para acabar con la «demagogia de que faltan perfiles» profesionales mientras hay un número de parados «importante» y ha apostado porque en el nuevo texto se ejecute una estrategia turística para atajar la desestacionalización del sector.
Fernández Lanero ha señalado que es un «momento difícil» para cerrar el actual acuerdo de concertación, del que varios asuntos deben ejecutarse antes de acabar su vigencia y otros tendrán que trasladarse al nuevo documento.
En la misma línea se ha pronunciado su homólogo de CCOO, José Manuel Zapico, quien ha exigido que se cumplan los compromisos que aún están pendientes en el actual proceso de concertación, como el de mejorar el servicio de intermediación laboral para acrecentar la incorporación de los trabajadores al mundo laboral y para «buscar fórmulas más ágiles de solución de conflictos».
«El diálogo social le sienta bien a Asturias pero le sentará mejor cuando se cumpla todo lo acordado, ya que hay cuestiones pendientes todavía por hablar con el presidente del Principado, Adrián Barbón», ha recalcado.
El líder sindical ha subrayado que Asturias necesita una Formación Profesional dual que incorpore a la gente joven a los centros de trabajo y también ha pedido que se planteen medidas eficaces para que las adjudicaciones de una obra o un servicio de la administración se realice «sin merma de derechos para los trabajadores»; informó EFE.