El exalcalde de Valdés asegura que se sentía acosado por el conflicto con un educador
ASTURIAS
Las trabajadoras sociales han relatado ante la jueza que en algunos casos llegaron a tener episodios de ansiedad y depresión por la situación creada por el denunciante
16 ene 2024 . Actualizado a las 16:15 h.El exalcalde de Valdés Simón Guardado, denunciado por un educador social por las supuestas trabas que le pusieron para realizar sus funciones, ha aseverado ante la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés haberse sentido acosado por la situación generada en torno a este trabajador.
Guardado, acusado junto a una exconcejala y tres trabajadoras de un delito contra la integridad moral, ha asegurado que trató de arreglar la situación «por las buenas» desde el principio, pero que no lo pudo conseguir porque el denunciante se negaba a cumplir las órdenes de la concejala y «lo quería todo por escrito».
La vista oral, que se celebra esta semana en cuatro sesiones, iba a celebrarse inicialmente en febrero del pasado año, pero fue suspendida ante la aportación de más pruebas por parte de la acusación particular. La Fiscalía solicita una pena individual de un año y medio de cárcel para los acusados, a quienes imputa un delito contra la integridad moral del denunciante.
El Ministerio Fiscal sostiene que el Centro Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valdés, contaba en 2012 con dos Unidades de Trabajo Social (UTS), en Trevías y Luarca, de las que eran responsables dos acusadas, mientras que una tercera se encargaba de los programas de Servicios Sociales municipales y de la ayuda a domicilio. El educador social trabajaba en este centro en el Programa de Atención a las Familias, Infancia y Adolescencia, que debía ser desempeñado junto a las trabajadoras sociales de las UTS, así como en el Programa de Incorporación Social, estando bajo su responsabilidad la gestión, tramitación y elaboración de informes relacionados con inmigrantes.
La Fiscalía relata que las trabajadoras sociales se negaban a facilitarle la información necesaria para desempeñar su Programa de Incorporación Social o la relativa a posibles situaciones de desprotección de menores, impidiendo el desempeño de sus funciones en el Programa de Familia, Infancia y Adolescencia. Ante esta situación, el educador presentó varios escritos de queja en el ayuntamiento dirigidos al alcalde y a la concejala de Servicios Sociales que nunca obtuvieron respuesta, por lo que la situación continuó agravándose.
El denunciante ha relatado ante la jueza que sus compañeras empezaron por «hacerle el vacío» y dejaron sus funciones sin contenido y con dificultades para acceder al Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), desde donde poder tramitar expedientes. Todo esto fue derivando en bajas laborales y, finalmente, en un trastorno depresivo que con el tiempo le invalidó laboralmente.
En una de esas bajas, el Gobierno Local dio orden de entrar con la Policía Local en su despacho para acceder a sus expedientes, hasta un total de 69 documentos que luego les fueron devueltos, pero sin tramitar y en algunos casos con la fecha de caducidad superada. En octubre de 2013, la entonces concejala delegada en la materia, M.C.R., estableció un nuevo organigrama de Servicios Sociales y empezó a reunirse con las acusadas, sin trasladar la información al educador social para que pudiera desempeñar sus funciones.
El educador presentó nuevos escritos de queja donde afirmaba que esta situación ocasionaba irregularidades tales como la paralización en la tramitación de expedientes, la existencia de solicitudes incompletas, así como su exclusión de las reuniones técnicas, solicitando la adopción de medidas para poner fin a su aislamiento laboral.
La exconcejala y las tres trabajadoras denunciadas han ofrecido una versión completamente distinta. Las trabajadoras sociales han relatado ante la jueza que en algunos casos llegaron a tener episodios de ansiedad y depresión por la situación creada por el denunciante, al que, desde el principio, habían querido reconducir para mejorar la convivencia.
Una de las acusadas ha llegado a decir que acudía a su puesto de trabajo con miedo a encontrarse con el educador social y que incluso recibió un mejor trato por parte de todo el mundo en un intento por revertir el conflicto que, según ha subrayado supuso «momentos tremendamente duros».
La vista oral seguirá este miércoles con más testimonios de testigos y donde el Ministerio Fiscal mantendrá su petición de que, además de la pena de prisión, los acusados indemnicen solidariamente al educador con 3.000 euros por los menoscabos psíquicos ocasionados, informa Efe.