Precios máximos y garantías para el propietario: el modelo público-privado de alquiler de viviendas
ASTURIAS
Asturias se abre a explorar sistemas de colaboración. El País Vasco ofrece un programa con ventajas a los particulares a cambio de cuotas limitadas
13 abr 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Hay muchos problemas que orbitan alrededor del gran problema de la vivienda. Uno principal son los precios, que pueden llevarse un mordisco demasiado grande para un salario habitual; y también las reticencias de pequeños propietarios a la hora de poner en alquiler un piso por temor a que les dejen de pagar o a graves desperfectos en la vivienda. Para conciliar este problema -entre otras iniciativas- el Ejecutivo asturiano se mostró abierto la semana pasada a estudiar modelos de cooperación con propietarios privados de vivienda para gestionar su alquiler a través de la sociedad dependiente del Principado, de Vipasa.
«Compartimos todas las opciones que ayuden a generar alquileres asequibles», dijo en una comparecencia parlamentaria ante una batería de preguntas del PP, el consejero de de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, que mencionó también que en Asturias han comenzado los trabajos para analizar qué zonas podrían considerarse tensionadas, indicando que el Ayuntamiento de Gijón ha solicitado esta calificación para los barrios de Cimadevilla y La Arena.
El modelo vasco
Lo cierto es que ya existe en España un sistema de cooperación entre propietarios particulares y una sociedad pública de vivienda, es un sistema que lleva tiempo en práctica en el País Vasco y que garantiza a los propietarios el cobro del alquiler en todo momento y el cuidado de las viviendas a cambio de unos precios reducidos y asequibles.
¿Cómo funciona? El denominado programa de vivienda vacía Bizigune exige a los propietarios unos requisitos: «Reunir condiciones de Habitabilidad, presentar un aspecto pulcro y aseado, tener cocina y baño equipados en perfecto estado de funcionamiento». También que se cobre un precio ya establecido: 525 euros al mes como máximo, eso es lo que va a cobrar el propietario.
A cambio obtiene toda una serie de ventajas y garantías. La Sociedad Pública del Gobierno Vasco, Alokabide, -el equivalente a la asturiana Vipasa- se encarga de la gestión integral del arrendamiento, realiza un contrato de usufructo de seis años de duración, contrata un seguro multirriesgo, pero además «te garantizamos el pago mensual y puntual de la renta desde la entrada del primer inquilino» y también «se garantiza la devolución de la vivienda en el mismo estado de conservación salvo el desgaste normal generado por el uso del arrendamiento».
Este último apartado incluye las instalaciones, electrodomésticos y mobiliario. Otros de los requisitos que se incluyen para participar en el programa es que la vivienda no esté calficada como VPO o protección oficial y «no haber estado ocupada en los últimos 9 meses»; algo que debe justificarse con las facturas de agua, luz y gas.
Colaboración público-privada
En su edición del pasado mes de febrero, la revista del Instituto de Estudios Económicos, dedica toda la publicación a propuestas sobre la vivienda, e incluye un aparatado dedicado a la colaboración público privada, aunque no enfocado al alquiler sino a la construcción.
El texto afirma que «es pública y notoria la escasa dimensión de los parques públicos de vivienda en España» por lo que apuesta por favorecer la colaboración con operadores privados. En este sentido, y destacando que la nueva legislación tiene un objetivo que tila de «ambicioso» por marcarse el propósito de incrementar en los próximos 20 años los parques públicos de vivienda del 1,6 al 20% con respecto al total de hogares, señala que, a su juicio, «no podrá ser logrado únicamente a través de la iniciativa pública» y que «es mandatorio incorporar suelo privado en las fórmulas de colaboración público-privada junto con planes que pongan a disposición de la Administración vivienda ya existente de segunda mano».
En este sentido cita un sistema «basado en experiencias europeas» y que se concreta en un programa que tendría por objeto «la cesión en arrendamiento por un plazo mínimo de 25 años de las viviendasde titularidad de los grandes tenedores a que se refiere el artículo anterior que se acojan al programa, a las comunidades autónomas donde radiquen, para su subarriendo como vivienda asequible, a un precio inferior en un 20% al que resulte del índice de referencia del precio de alquiler de vivienda».