El Principado revisará con la Fiscalía y los centros de acogimiento los protocolos

La Voz OVIEDO

ASTURIAS

La directora general de Infancia y Familias, Belén Barrero, y la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco,
La directora general de Infancia y Familias, Belén Barrero, y la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, J.L.Cereijido | EFE

Derechos Sociales reclama respeto a las víctimas. El PP sostiene que la consejera está «inhabilitada para seguir ejerciendo su responsabilidad» tras decir que «no hay fallos en el sistema». El juzgado mantiene 10 investigados por la trama de prostitución de menores tuteladas

08 may 2024 . Actualizado a las 18:46 h.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, se reunirá con la Fiscalía de Menores y las direcciones de los centros de acogimiento para analizar los protocolos y medidas de coordinación vigentes. También comparecerá a petición propia en la Junta General para informar sobre la operación policial que permitió detener a doce personas por la supuesta agresión sexual a cinco menores tuteladas por el Principado. Del Arco ha solicitado intervenir en el parlamento para dar cuenta de la investigación que se desencadenó tras una denuncia presentada por la propia administración y en cuyas pesquisas ha colaborado activamente el Gobierno de Asturias bajo la más estricta confidencialidad. 

El Ejecutivo autonómico asegura que, «fiel al principio de tolerancia cero ante cualquier tipo de maltrato a la infancia», redoblará esfuerzos para asegurar que todas las medidas de protección funcionen con la mayor agilidad posible y con la máxima eficacia. También estrechará en los próximos días los contactos con los centros de acogimiento residencial y con otras instancias como la Fiscalía de Menores.  

En este sentido, Derechos Sociales convocará a una reunión al personal de dirección de todos los centros de protección de menores, tanto propios como concertados, para evaluar el impacto de la formación orientada a facilitar la detección de situaciones de riesgo de violencia sexual que se ha impartido en los dos últimos años. Tal y como ya explicó la consejera, este tipo de sesiones se convocan a iniciativa de la consejería siempre que se produce algún caso de violencia. 

Ese encuentro permitirá también, asegura el Principado, analizar la repercusión que ha tenido entre los menores que viven en los centros la detención de doce personas sobre la que ayer informó la Policía Nacional.  

Además, Marta del Arco se citará próximamente con la Fiscalía de Menores, en el marco de la colaboración entre ambas instituciones, con el objetivo de coordinar actuaciones vinculadas con la función inspectora del Ministerio Público sobre el sistema de protección de menores, en general, y con los centros de acogida, en particular. 

La consejera ha reiterado su compromiso de «visibilizar, dar a conocer y denunciar cualquier situación de maltrato o violencia contra la infancia», especialmente aquellos casos que afectan a niñas o niños en situación vulnerable y que precisan especial protección.  

El Gobierno de Asturias reclama el máximo respeto para las menores víctimas de abusos y lamenta que algunos partidos -en concreto, PP y VOX- estén dispuestos a utilizar sucesos de estas características como arma política.

El PP exige el cese de la consejera

El Partido Popular y Vox preguntarán en la Junta General a la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, sobre la trama de agresión sexual de la que han sido víctimas cinco menores tuteladas por la administración asturiana.

Una pregunta y una interpelación para el pleno de la próxima semana, respectivamente, que tanto desde Convocatoria por Asturias-IU como los diputados del Grupo Mixto, Adrián Pumares (Foro) y Covadonga Tomé, han criticado como uso político de una situación grave que afecta a niñas vulnerables.

Desde el PP, Luis Venta, ha apuntado que la consejera debe dar «explicaciones» por haber sido «incapaces de proteger a menores en situación de vulnerabilidad» y ha afeado a Del Arco que «frivolizase» con el asunto. Así, sostiene que está «inhabilitada para seguir ejerciendo su responsabilidad» tras decir que «no hay fallos en el sistema».

Para Venta, «claro que falla el sistema y las políticas socialistas», a la vez que espera que «caiga todo el peso de la ley» sobre detenidos e implicados.

En la misma línea, el diputado de Vox Javier Jové ha avanzado que interpelarán al Consejo de Gobierno al entender que «las políticas de tutelaje de la Consejería no están cumpliendo con su misión». El parlamentario ha calificado la investigación hecha pública por la Policía este martes como «escándalo sumamente preocupante», cree que «no es casual» que este tipo de «problemas» se dieran también en Valencia o Baleares y los vincula, igualmente, con la «inmigración ilegal».

Por su parte, la portavoz socialista Dolores Carcedo ha remarcado que la consejera ha dado explicaciones en rueda de prensa sobre este grave caso, que fue denunciado desde la administración y en el que el Principado va a utilizar todos los instrumentos a su alcance y se va a personar como acusación particular.

Al respecto, el diputado de Foro Adrián Pumares ha valorado la iniciativa de la consejera de comparecer en la Junta, pidiendo «transparencia». Además, ha instado a «no revictimizar» a las menores y no usar el caso como «arma política», reclamando «poner el foco» sobre las personas que han cometido presuntos delitos.

También Covadonga Tomé pide «empatía y responsabilidad» para evitar que se «revictimice» a niñas que han sido prostituidas y abusadas. De este modo, califica de «absolutamente indigno» por parte de algunos grupos «tratar de sacar rédito político».

Del mismo modo, el portavoz de Convocatoria por Asturias-IU, Xabel Vegas, ha querido «romper una lanza» en favor del trabajo del personal de los centros tutelados y pide sacar a las menores del «foco público», lamentando la decisión «oportunista» de PP y Vox de preguntar en el pleno por un caso «tremendamente delicado» que afecta a niñas con historias de vida «muy duras» y que no están «privadas de libertad», informa Efe.