Denuncian el acoso inmobiliario de «hombres corpulentos y vestidos de negro» a familias inquilinas en Asturias

La Plataforma por el Derecho a la Vivienda en Asturias denuncia que en Asturias se está practicando el acoso inmobiliario a familias inquilinas que, por encontrarse en situación de vulnerabilidad económica sobrevenida, no pueden hacer frente al pago de sus alquileres. Según explican desde esta plataforma, estas prácticas abusivas, de las que han tenido conocimiento directamente y por boca de las propias víctimas, son llevadas a cabo por «grupos de individuos siempre corpulentos, uniformados en negro, sin identificarse y sin acreditar la representación que dicen ostentar de los propietarios».

Según añaden, «se presentan a cualquier hora del día o de la noche en los domicilios de estas personas, intimidándolas para que abandonen sus hogares, y amenazándolas con expulsarlas por la fuerza si no lo hacen». Asimismo, señalan que «incluso han llegado a producirse cortes en los cables de siminustro de energía eléctrica —con el peligro de incendio que ello conlleva—, roturas de contadores, de cerraduras u otros daños a las viviendas». También dicen que es frecuente el acoso telefónico o a través de mensajería instantánea.

«Ni las denuncias ante la Policía han servido para detener a estos delincuentes», lamentan desde la plataforma, denunciando los actos como «claramente delictivos» y «violentos» por lesionar gravemente los derechos constitucionales de todas las personas: «Estas prácticas mafiosas se enmarcan en la actual campaña nacional de criminalización de las personas vulnerables, orquestada por diversos medios de comunicación y dererminados partidos políticos, cuyo objetivo último es crear alarma social, menoscabar la confianza de la sociedad en las instituciones y el estado de derecho, y promover el lucrativo negocio de las empresas de seguridad y de las denominadas desokupas».

Desde la plataforma explican que las familias afectadas no están ocupando ilegalmente sus viviendas, «no las han asaltado en ausencia de sus propietarios mientras estaban de vacaciones o de compras», y tienen un contrato legal de alquiler «para cuya firma han tenido que acreditar su solvencia pero por diversas causas —desempleo, enfermedad u otras circunstancias imprevistas— se ven imposibilitadas de pagar sus alquileres».

Tras recordar que existen medidas legales para abordar estas situaciones, también instan al Gobierno de Asturias a adoptar todas las medidas necesarias para impedir que estas prácticas se normalicen y extiendan «como una epidemia» por la comunidad, además de solicitar a la Delegación del Gobierno que, «en cumplimiento de su obligación», de instrucciones a los Cuerpos y las Fuerzas de Seguridad del Estado para que protejan los derechos de quienes están siendo acosados.

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