Las organizaciones han considerado que el tercer grado penitenciario, que permite a las condenadas sólo tener que pernoctar en el centro penitenciario y disfrutar los fines de semana fuera, es «insuficiente» y «no es una solución admisible por su condición de trabajadoras»
28 sep 2025 . Actualizado a las 12:37 h.Nueve sindicatos asturianos y las asociaciones del grupo de apoyo a las «Seis de la Suiza» han anunciado este miércoles que intensificarán las movilizaciones para conseguir la «libertad plena» de las sindicalistas que cumplen en tercer grado penas individuales de tres años y medio de prisión por coacciones al dueño de una pastelería de Gijón.
En una rueda de prensa celebrada esta tarde ante una concentración de decenas de personas, representantes de CC OO, CGT, CNT, Colectivo de Trabajadores, CSI; Intersindical Asturiana, Sindicato Asturianu, UGT y USO han informado de que incrementarán las acciones de apoyo a las seis sindicalistas, cinco mujeres y un hombre, que cumplen sus condenas en régimen de semilibertad en el Centro de Integración Social de la cárcel de Asturias.
Los sindicatos y el grupo de apoyo han convocado piquetes informativos, que comenzarán el próximo 1 de agosto a las puertas del Recinto ferial Luis Adaro, de Gijón, donde se celebrará la inauguración de la Feria de Muestras, y comenzarán una campaña internacional de recogida de firmas.
Las organizaciones han considerado que el tercer grado penitenciario, que permite a las condenadas sólo tener que pernoctar en el centro penitenciario y disfrutar los fines de semana fuera, es «insuficiente» y «no es una solución admisible por su condición de trabajadoras».
«El tercer grado es tan solo una de las formas de estar sometido al régimen penitenciario y es otra manera de estar presas, porque siguen impedidas para poder desarrollar proyectos vitales como cualquier persona libre», expresa un comunicado que fue leído en la rueda de prensa.
Han recordado que le pasado 15 de julio, los sindicatos y el grupo de apoyo pidieron una entrevista con la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, para «exponerle la situación por este grave conflicto», sin haber obtenido respuesta.
Tras su ingreso en prisión el pasado 10 de julio, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que ya trabajaba «dentro del Gobierno para que el indulto llegue cuanto antes» e insistió en que «el sindicalismo es un derecho, no un delito», de modo que «en una democracia nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales».
Además, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG registraron juntos una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno el indulto, una medida que también apoya el Gobierno del Principado, además más de una veintena de organizaciones sindicales de todo el país.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, que el pasado mes de junio desestimó la solicitud de las defensas y de la Fiscalía para que se suspendiera la condena, dictó el pasado 9 de julio una orden de detención e ingreso en prisión para las «Seis de la Suiza», que al día siguiente se presentaron de forma voluntaria en el centro penitenciario asturiano.
El Tribunal Supremo ratificó hace poco más de un año las penas individuales de dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, y al pago de cerca de 150.000 euros como indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, que cerró el local como consecuencia de las protestas continuadas a las puertas del establecimiento por un conflicto con una trabajadora.
Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando la pareja sentimental de una trabajadora de la pastelería se presentó en el lugar de trabajo y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.
Según detalla la sentencia, la empleada, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una «campaña de presión sobre el empleador y su familia».
Entre otros actos, la sentencia detalla la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.
Las concentraciones delante del local terminaron cuando el empresario decidió cerrar su negocio, lo que, según el Supremo, fue «la consecuencia directa de la presión, constante, reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones económicas de los acusados».