El mercado negro en Asturias cae en dos décadas pero se ceba en los trabajadores vulnerables
ASTURIAS
Un informe de analiza el impacto de la economía sumergida en el conjunto de comunidades
20 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.A comienzos del siglo la economía sumergida en Asturias suponía algo más de la quinta parte, un 21%, del PIB regional. En dos década ese mercado negro se ha reducido en unos cinco puntos, pero el mercado asturiano presenta todavía serios problemas en los estratos menos protegidos del mercado laboral, con muchos trabajos en el borde de la pobreza.
Así lo indica el trabajo del Consejo Económico y Social (CES) de Murcia, elaborado por la Universidad de la comunidad y que cuantifica la economía sumergida del Principado en el presente en un 15,4% del PIB regional, apenas unas décimas por debajo de la media nacional que está 15,8%. Asturias ha mejorado sus cifras en este primer cuarto de siglo pero no tanto como otras comunidades, de media esa reducción ha sido de unos cinco puntos en gran parte de los territorios pero en lugares como Galicia de se pasó de un 23% a un 15% y en Baleares del 24% al 16%, rebajas más pronunciadas.
En marzo del año pasado, Comisiones Obreras y el Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar denunciaron que más del 20% de las cerca de 8.000 personas empleadas del hogar en Asturias están en la economía sumergida, una situación que aumenta su desprotección, no tienen derechos ni posibilidad de reclamar por ningún abuso. Según indicó CCOO esta situación de vulnerabilidad se acrecienta aún más en el caso de la población emigrante, que en Asturias representa el 50% de los empleados de este sector.
El estudio del Consejo Económico y Social de Murcia revela que Asturias ocupa un puesto bajo en la proporción de actuaciones de la Inspección de Trabajo que culminan en una infracción. En concreto son apenas un 1,96%, sólo las comunidades de Navarra, Cantabria y La Rioja son más bajas, esto en parte se explica según señalan los autores porque un enorme proporción de infracciones de dan el sector agrario, mucho más potentes en comunidades del sur y el Mediterráneo. Asturias aparece así en las tablas y gráficos nacionales y autonómicos sobre economía sumergida y sanciones laborales, destacándose por estar en el grupo de comunidades con menos infracciones laborales y menos sanciones relativas.
Con todo y aunque los promedios está en una situación mejor que la media nacional, el capítulo de Mercado de trabajo y exclusión social, revela problemas enquistado en Asturias; casi un cuarto de la población se encuentra en situación de pobreza. Con los datos más recientes, los correspondientes a la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados en febrero, el porcentaje de población asturiana en riesgo de pobreza o exclusión social, medido a través de la tasa AROPE, ha descendido en más de cuatro puntos en el último año, situándose en el 20,9% en 2024 frente al 25% registrado en 2023. La tasa AROPE mide la pobreza no sólo con los ingresos, sino que también incluye la privación material severa y la baja intensidad de empleo. La encuesta del INE también revela que la población con «carencia material y social severa» también se redujo, pasando del 6,5% al 5,7% en ese año.
En lo que atañe a 'Trabajadores que viven en hogares que padecen riesgo de pobreza y exclusión social' el estudio murciano indica para Asturias que está justo por debajo de la media nacional (12%), apenas por unas décimas (el porcentaje asturiano es del 11,7%),
Balance nacional
Según este estudio y para el conjunto del país, la economía sumergida continúa siendo un problema relevante en España incluso en épocas de crecimiento; así entre sus conclusiones se indica que seis comunidades superan el 16 % de su PIB en economía informal: Andalucía y Canarias (17,9 %), Extremadura (17,8 %), Murcia (17,4 %), Castilla-La Mancha (16,8 %) y Baleares (16,1 %).
En el extremo opuesto, las comunidades con menor peso de la economía sumergida son Madrid (13,8 %), País Vasco (13,9 %), Cataluña (14,4 %), Navarra (14,5 %) y La Rioja (15 %). En general, la tendencia ha sido descendente desde 2004, con repuntes puntuales como el de Murcia en 2010 y el aumento generalizado durante la pandemia de 2020, cuando Canarias fue la más afectada.
El fenómeno tiene efectos negativos sobre la competencia, la recaudación fiscal y la medición de la economía real. Según el Instituto de Estudios Económicos, la recaudación en España equivale al 34,7 % del PIB, pero al existir un 22 % de actividad sumergida, la presión fiscal efectiva sobre quienes pagan impuestos se eleva al 44,5 %.
A nivel europeo, un informe del CEPR, elaborado por investigadores de las universidades de Venecia y Harvard, sitúa a España entre los tres países con más economía sumergida de la UE, con un 24 % del PIB, solo por detrás de Grecia (36 %) e Italia (31 %).