El Principado cuenta con un pacto histórico secundado por más de un centenar de entidades para afrontar el reto del bienestar emocional, que podría contar con una ley propia en 2026
19 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La salud mental se ha convertido en uno de los grandes desafíos sociales y sanitarios de nuestro tiempo. En Asturias, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) dibujan un panorama que preocupa a profesionales y administraciones: casi una de cada cinco personas adultas sufre algún tipo de cuadro depresivo. Es por ello que desde el Principado han querido dar un paso al frente con la firma de un Pacto por la Salud Mental, un acuerdo inédito en la región que cuenta con el respaldo de más de un centenar de entidades públicas y privadas y que aspira a servir de base para la futura Ley de Salud Mental de Asturias.
En Asturias, el 18,84% de la población adulta padece algún tipo de cuadro depresivo
Los datos de la última encuesta de salud de España a cargo del INE reflejan un descenso en el bienestar emocional de la comunidad. El índice de bienestar general se sitúa en 61,97 puntos sobre 100, por debajo del umbral considerado óptimo. La diferencia de género es clara: los hombres asturianos alcanzan 64,83 puntos, frente a los 59,4 de las mujeres. Esa brecha, de más de cinco puntos, coincide con los diagnósticos clínicos: la depresión afecta de manera más acusada a las mujeres. En total, 59.800 personas en Asturias padecen un cuadro depresivo mayor, de las que 41.700 son mujeres. A ellas se suman 57.500 con otro tipo de trastornos depresivos, lo que eleva la cifra global al 18,84% de la población adulta.
El índice de bienestar emocional en el Principado se sitúa por debajo del nivel considerado óptimo
La depresión se mantiene así como una de las principales causas de malestar psíquico en la comunidad, con especial incidencia entre la población femenina y los grupos de edad intermedia. La sintomatología grave también tiene un peso significativo: 6.200 hombres y 11.300 mujeres presentan cuadros de depresión severa, caracterizados por tristeza persistente, fatiga crónica, pérdida de interés, alteraciones del sueño o pensamientos recurrentes de muerte. La dimensión del problema explica por tanto la prioridad política que el Principado ha querido otorgar a la salud mental en los últimos años.
Estrés laboral y desigualdad emocional
El estrés relacionado con el entorno de trabajo es otro de los factores que incide en el estado mental de los asturianos. Según el INE, el nivel medio de estrés laboral se sitúa en 4,72 sobre 7, una cifra que refleja un nivel moderado-alto de tensión en el ámbito profesional. De nuevo, las diferencias por sexo son significativas: 4,6 puntos en hombres frente a 4,85 en mujeres. Esta mayor carga emocional entre las mujeres podría estar vinculada a la doble jornada laboral y familiar que siguen asumiendo en muchos hogares. Aun así, las mujeres asturianas expresan ligeramente una mayor satisfacción laboral que los hombres: 4,99 sobre 7 frente a 4,86.
Ante esta realidad, el Gobierno del Principado firmó el pasado verano un histórico Pacto por la Salud Mental, un documento de consenso que pretende «situar el bienestar emocional de la ciudadanía en el centro de las políticas públicas». Se trata del mayor acuerdo alcanzado en Asturias en materia de salud mental, suscrito por más de cien organizaciones entre las que figuran asociaciones de personas con experiencia propia, familiares, partidos políticos, sindicatos, entidades locales, empresas, medios de comunicación y cámaras de comercio. El texto parte de una premisa: la salud mental no puede abordarse solo desde la sanidad, sino desde todos los ámbitos sociales. Su objetivo es que la atención integral a las personas con sufrimiento psicosocial sea un compromiso transversal de la administración y la sociedad civil.
Los valores del pacto
El documento recoge diez principios que orientarán las futuras políticas en este ámbito. Entre ellos, el reconocimiento pleno de derechos de las personas con discapacidad psicosocial, la lucha contra los prejuicios y estigmas, y la importancia del abordaje integral de la salud mental, teniendo en cuenta los contextos personales, sociales y laborales. También subraya la necesidad de prudencia, humildad y honradez en la toma de decisiones, el compromiso de evaluar las acciones públicas respetando siempre la privacidad, y la idea de que «todas las personas, colectivos e instituciones somos parte del problema y de la solución». Uno de los puntos más relevantes del decálogo es el que recuerda que «la diversidad no es una patología», un mensaje que refuerza el enfoque inclusivo del documento.
Un pacto por la salud mental secundado por un centenar de entidades
El pacto llega en un contexto en el que la demanda de atención psicológica y psiquiátrica se ha disparado en los últimos años. Los servicios de salud mental del Servicio de Salud del Principado (Sespa) atienden cada vez a más pacientes, con un incremento notable entre adolescentes y jóvenes. Los profesionales reclaman reforzar los equipos de psicología clínica, aumentar los recursos en Atención Primaria y consolidar los programas de prevención y detección precoz. Por todo ello, la salud mental se ha convertido en una de las principales prioridades del gobierno autonómico, dentro de su estrategia sanitaria y social. Los próximos pasos pasan por desarrollar una red de apoyo comunitario, potenciar los programas de intervención temprana, y promover la educación emocional desde edades tempranas. El nuevo pacto, según el Gobierno autonómico, «no se limita a un documento institucional, sino que aspira a ser una hoja de ruta compartida por toda la sociedad asturiana».
La alta prevalencia de trastornos depresivos, el aumento del estrés laboral y las desigualdades de género en salud mental ponen de relieve la urgencia de reforzar los recursos y la coordinación entre administraciones, profesionales y entidades sociales. El Principado de Asturias ha decidido abordar este desafío desde el consenso, el diálogo y el acuerdo, con un enfoque integral que combina tanto la atención sanitaria como las políticas sociales y sensibilización con un problema social de gran calado. El Pacto por la Salud Mental —que será la base para la ley que podría estar lista en 2026— nace, en definitiva, como una declaración de intenciones colectivas: la de una sociedad que reconoce que cuidar la mente es también cuidar la vida.