Una sentencia pionera abre la puerta a cazadores asturianos para reclamar daños de lobos a sus perros

Esther Rodríguez
Esther Rodríguez REDACCIÓN

ASTURIAS

Cazadores en una imagen de archivo
Cazadores en una imagen de archivo Sandra Alonso

Un juzgado de León obliga a la Administración Pública a compensar al propietario de un sabueso español fallecido tras un ataque de lobo

28 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Nuevo punto de inflexión en el ámbito de la cinegética. El sector experimentará cambios tras una sentencia pionera en el país. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León ha reconocido, por primera vez, la responsabilidad de la administración pública en la muerte de un perro de caza causada por el ataque de un lobo. La resolución, firme y sin posibilidad de recurso, obliga a la Junta de Castilla y León a indemnizar con 7.000 euros, más los intereses legales, al propietario del animal. Además, deberá abonar 600 euros en concepto de costas.

Este fallo, considerado histórico, abre la puerta a nuevas reclamaciones contra la administración por daños provocados por la fauna salvaje. «Los ataques de lobos a perros de caza, tanto en León como en Asturias, se han incrementado de manera alarmante, configurando un escenario en el que la Administración es responsable de los daños ocasionados. En consecuencia, debe resarcir a los propietarios de los animales afectados conforme a la normativa vigente en materia de responsabilidad patrimonial», explica el abogado Jorge Carro, responsable del procedimiento.

Los hechos juzgados se remontan a febrero del año pasado. La mañana del sábado 3, un sabueso español participaba en una cacería en la zona de Salce, pedanía del municipio leonés de Riello, cuando desapareció junto a otros perros tras iniciar la persecución de una pieza de caza. En un momento dado, el can fue sorprendido por un lobo. El ataque tuvo lugar en un área «montañosa y con escasa cobertura», lo que dificultó la localización del animal debido, además, a la «pérdida de la señal del GPS». Una vez hallado el cadáver, el propietario dio aviso a los agentes medioambientales, aunque, según sostiene el letrado, «no se adoptó ningún tipo de medida».

Tras presentar una denuncia por silencio administrativo a raíz de la reclamación de responsabilidad patrimonial dirigida a la Consejería de Medio Ambiente, el caso terminó en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León. Después de examinar la documentación y los recursos aportados por el letrado Jorge Carro, perteneciente al despacho Carro Hurtado Abogados, la magistrada ha determinado que la muerte del perro de caza fue causada por los ataques de un lobo.

«Aunque no existe ningún informe sobre la especie que causó el daño al perro del recurrente, pero la persona que encontró el animal cuenta por un lado que observan un lobo, sin que conste que por la zona hay animales de apariencia y características similares y hace una descripción de cómo se causan los daños por un lobo y un jabalí, que demuestras una experiencia en relación con esos ataques», señala la jueza en la resolución.

Con estos argumentos, da por acreditado que el daño fue causado por fauna silvestre y determina que la administración está obligada a indemnizar. «En cuanto al importe, queda plenamente demostrado por el informe pericial incorporado a las actuaciones, sin que exista prueba alguna que permita considerar que la cantidad reclamada es indebida o excesiva», precisa. En consecuencia, la Junta de Castilla y León deberá compensar al propietario del animal fallecido con 7.000 euros, más los intereses legales, además de pagar 600 euros en concepto de costas.

Un fallo pionero

Esta sentencia, en palabras del abogado Jorge Carro, que ejerce también en Asturias, constituye «un pronunciamiento pionero en materia de responsabilidad administrativa, al condenar por primera vez a una Administración Pública a indemnizar al propietario de un perro de caza por la muerte del animal tras un ataque de lobo». «Este fallo representa un hito significativo, al reafirmar la obligación de la Administración de garantizar la protección de los bienes de los particulares frente a los riesgos derivados de la presencia de especies protegidas, como es el caso del lobo», asegura el letrado.

La sentencia marcará seguro un antes y un después en el mundo de la cinegética, al establecer un precedente para otros propietarios de perros de caza que hayan sufrido ataques similares. Hasta la fecha, apenas hay constancia de que cazadores hayan presentado reclamaciones por los daños ocasionados por lobos a sus animales, debido a la complejidad de este tipo de expedientes y a la especial protección que ha tenido la especie en los últimos años. No obstante, eso no impide que los afectados puedan exigir sus derechos y ser compensados por los perjuicios causados por la fauna salvaje. «Si existe un daño imputable, la Administración debe indemnizar», insiste el letrado.